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Lawfare

Operativo nocturno: desalojaron el acampe frente al domicilio de Cristina en Constitución

La Policía de la Ciudad removió carpas y estructuras instaladas frente al edificio donde vive la ex presidenta, a pocas horas de conocerse su pedido de prisión domiciliaria en la causa Vialidad. El procedimiento fue sorpresivo y no se registraron detenciones, aunque los manifestantes denunciaron represión.

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El Argentino diario-Manifestación-Acampe-casa de Cristina en Constitución.

Despliegue nocturno y sin previo aviso

En la madrugada del domingo, pasadas las 2, la Policía de la Ciudad desplegó un operativo para desalojar el acampe instalado frente al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Constitución. La ex mandataria reside allí junto a su hija Florencia, en la calle San José al 1100.

El procedimiento fue calificado como “sorpresivo” por fuentes del Ministerio de Seguridad porteño. Participaron efectivos de distintas divisiones, que removieron carpas, gazebos, banderas, pancartas, afiches y estructuras ubicadas sobre la vereda y parte de la calzada.

La versión oficial y la denuncia de manifestantes

“No se reprimió a nadie. Se limpió la zona y se fueron”, informaron voceros de la fuerza, quienes además aseguraron que el accionar fue “pacífico” y que se evitó cualquier tipo de enfrentamiento. A las 3 de la mañana, ya no quedaban efectivos en el lugar y la circulación vehicular había sido restablecida. Sin embargo, manifestantes denunciaron que el desalojo fue violento, en medio de la noche, sin previo aviso, con prepotencia, puñetazos y a los empujones.

El pedido de prisión domiciliaria, en el trasfondo

El desalojo se produjo luego de que la defensa de Cristina Kirchner solicitara al Tribunal Oral Federal 2 que la pena de seis años de prisión dictada en su contra en la causa Vialidad sea cumplida bajo la modalidad de arresto domiciliario.

La presentación fue realizada por su abogado, Carlos Beraldi, quien argumentó razones de seguridad personal y el rol institucional de la expresidenta como fundamentos para evitar su ingreso en una unidad penitenciaria común.

En el escrito, la defensa recordó el intento de magnicidio que sufrió Fernández de Kirchner el 1° de septiembre de 2022, cuando un hombre gatilló un arma a pocos centímetros de su rostro en plena vía pública. Ese antecedente, subrayó Beraldi, justifica la necesidad de un entorno controlado y con custodia oficial.

También se explicitó que, en caso de concederse el pedido, no se utilice tobillera electrónica, debido a que la expresidenta cuenta con custodia policial las 24 horas. La vivienda propuesta para cumplir la detención es justamente el departamento en San José al 1100, inspeccionado por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

Inspección judicial y condiciones del domicilio

El informe elevado por los peritos del Poder Judicial concluyó que el inmueble “reúne las condiciones necesarias para el cumplimiento del arresto domiciliario”.

La evaluación incluyó la estructura del edificio, los accesos, la circulación vehicular en la cuadra y la cercanía de otras viviendas. También se valoró la existencia de un cerco de seguridad proporcionado por la Policía Federal.

Aunque el TOF 2 aún no se expidió sobre el pedido de la defensa, el desalojo del acampe podría interpretarse como parte de un movimiento más amplio de “normalización” del entorno del domicilio, de cara a una posible resolución favorable.

Contexto político y reacciones

Si bien desde el entorno de la ex presidenta no hubo declaraciones públicas tras el operativo, el movimiento fue interpretado como un intento de “mostrar control del espacio público” y restar visibilidad a las manifestaciones de apoyo.

En redes sociales, algunos dirigentes del peronismo alertaron sobre la coincidencia temporal entre la acción policial y el pedido de prisión domiciliaria. El hecho ocurre en un momento de fuerte tensión política, en medio del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, y con causas judiciales aún en curso contra varios ex funcionarios del kirchnerismo.

Un operativo que deja señales

El desalojo del acampe frente al domicilio de Cristina marca un nuevo capítulo en la tensión entre fuerzas de seguridad y militancia peronista, en un contexto donde la figura de la ex presidenta sigue siendo central tanto para sus seguidores como para sus adversarios políticos.

La inmediatez del operativo y su coordinación con el proceso judicial en curso abren interrogantes sobre el trasfondo político de estas acciones y la estrategia de visibilidad o aislamiento que se proyecta sobre la figura de CFK.

Puntos clave:

  • La Policía de la Ciudad desalojó el acampe frente al domicilio de CFK en Constitución.
  • El operativo se realizó sin previo aviso y no hubo detenidos, sin embargo, los manifestantes denunciaron prepotencia y represión.
  • La medida coincidió con el pedido de prisión domiciliaria presentado por la defensa de la expresidenta en la causa Vialidad.
  • Se inspeccionó el departamento para verificar si reúne condiciones para un arresto domiciliario.
  • El contexto político y judicial otorga al operativo un valor simbólico más allá de su carácter técnico.

DDHH

La defensa de Maduro apuesta a desmantelar la acusación antes del juicio: la inmunidad soberana, el primer frente de batalla

La tercera audiencia preliminar ante el juez federal Alvin Hellerstein duró apenas 18 minutos y concluyó con la aprobación del cronograma conjunto propuesto por la Fiscalía y la defensa. Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero, reiteraron su declaración de inocencia. La inmunidad soberana será el primer gran frente de batalla legal.

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El Argentino Diario-Nicolás Maduro en Nueva York.
La justicia de EEUU fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral contra Nicolás Maduro y su esposa.

El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró este miércoles 22 de julio la tercera audiencia preliminar del proceso penal contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La vista, que no superó los 18 minutos, tuvo un carácter estrictamente procesal: la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un cronograma que el juez Alvin Hellerstein aprobó, fijando el 1° de junio de 2027 como fecha tentativa de inicio del juicio oral. Ambos procesados, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, volvieron a declararse no culpables.

Un cronograma acordado entre partes

Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron ante el tribunal un escrito conjunto con el calendario detallado del proceso. El documento establece dos rondas de mociones previas al juicio. La primera ronda deberá completarse el 2 de septiembre de 2026, e incluirá, entre otras presentaciones, el argumento de inmunidad soberana que el equipo defensor planea invocar a favor de Maduro. Según expuso el abogado principal de la defensa, Barry Pollack, si el juez acepta ese argumento, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que la Fiscalía incorporará el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación.

En cuanto al material probatorio, la Fiscalía prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre de 2026, aunque advirtió que esos plazos podrían variar en función de la disponibilidad de otras agencias del gobierno de Estados Unidos. La segunda ronda de mociones se extendería hasta el 11 de enero de 2027, y el juicio con jurado arrancaría en junio de 2027, siempre que el tribunal no haga lugar a ninguno de los planteos de la defensa antes de esa fecha.

La apuesta de la defensa: la inmunidad como escudo

El eje central de la estrategia defensiva, revelado por Barry Pollack durante la audiencia, es la moción de inmunidad soberana: el argumento de que Maduro ejercía como jefe de Estado en funciones al momento de su detención y que, por lo tanto, la justicia estadounidense carecería de jurisdicción para juzgarlo. Pollack también anticipó que la defensa impugnará la legalidad de la captura y del traslado a territorio estadounidense, obligando al juez a examinar cuestiones sobre soberanía, actuación militar en territorio extranjero y admisibilidad de las pruebas obtenidas durante la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero.

La estrategia apunta a desmantelar la acusación antes de llegar al jurado, mediante una disputa jurídica de fondo que podría consumir gran parte del período de preparación. Si el juez desestimara las mociones de inmunidad, el caso avanzaría hacia el debate sobre los cargos sustantivos: conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, en el caso de Maduro; delitos relacionados con importación de drogas y posesión de armas, para Flores. Una condena en ambos cargos podría derivar en cadena perpetua.

El estado físico de los procesados y el contexto político

Presentes en la sala con uniforme de prisionero color caqui, tanto Maduro como Flores fueron descriptos por periodistas presentes en la audiencia como visiblemente más delgados que en comparecencias anteriores, aunque con un aspecto recuperado. Maduro llegó caminando con normalidad, sin el rastro de la cojera que había mostrado en sesiones previas, y siguió los procedimientos junto a sus abogados con auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con el cabello recogido y gafas.

Desde Venezuela, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del procesado, calificó el proceso de «injusto» y reclamó públicamente la liberación de su padre y de Cilia Flores. La audiencia estuvo enmarcada en un amplio dispositivo de seguridad del NYPD para el traslado de los detenidos desde Brooklyn hasta la sede del tribunal en Manhattan. Cabe recordar que la audiencia estaba originalmente prevista para el 30 de junio, pero fue postergada por cuestiones logísticas vinculadas, según trascendidos, a la realización del Mundial de Fútbol en suelo estadounidense.

Un caso sin precedentes en la historia judicial de Estados Unidos

El proceso contra Maduro y Flores no tiene antecedentes directos en la historia judicial estadounidense en cuanto a la condición de los procesados: ambos eran, al momento de su captura, el presidente en ejercicio y la primera dama de Venezuela, respectivamente. La Operación Resolución Absoluta, que los detuvo el 3 de enero de 2026 en Caracas mediante una intervención de fuerzas estadounidenses, abrió un debate jurídico internacional que la defensa ahora intenta trasladar al propio tribunal. El juez Hellerstein, de 91 años, presidirá un proceso que se proyecta como uno de los más complejos y políticamente sensibles que haya enfrentado la justicia federal norteamericana en décadas.

Puntos clave

  • El juez Alvin Hellerstein fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral.
  • La audiencia del 22 de julio duró apenas 18 minutos y tuvo carácter exclusivamente procesal.
  • La defensa apelará a la inmunidad soberana como primera línea de ataque jurídico, con mociones a presentar el 2 de septiembre.
  • Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína; Flores, de importación de drogas y posesión de armas.
  • Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026.
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