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Chat de jueces: allanaron estancia de Joe Lewis en Lago Escondido

El operativo para secuestrar documentación y elementos de interés para el expediente lo realizó el lunes personal de fuerzas federales de seguridad.

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La justicia federal de San Carlos de Bariloche dispuso allanar la estancia de Lago Escondido del magnate británico Joe Lewis, en el marco de la causa en la que se investiga el viaje de jueces, funcionarios del Gobierno porteño y directivos del Grupo Clarín.

La medida se produjo en el marco de la causa en la que la fiscal María Cándida Etchepare imputó a los jueces y funcionarios que participaron de la escapada sureña.

La fiscal había impulsado la investigación la semana pasada después de llevar a cabo una pesquisa preliminar en la que declaró el presidente de la empresa Hidden Lake S.A., que es la que administra Lago Escondido.

“El nombrado cumplió con el requerimiento efectuado y aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados por la suma de USD 605 cada una, que acorde a la cotización imperante al 28 de octubre del año en curso en que fueron emitidas, equivaldría a $97.707,5”, sostuvo la fiscal.

“Una vez más, los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28”, sostuvo.

“También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, afirmó en relación al ex espía Leonardo Bergroth y al empresario Tomas Reinke.

La Policía Federal allanó las oficinas y el hangar de Flyzar, en San Fernando (provincia de Buenos Aires), la empresa dueña del avión en el que el grupo se trasladó hasta Bariloche (Rio Negro) para hospedarse luego en Lago Escondido en octubre pasado.

El allanamiento se llevó a cabo durante el fin de semana y busca establecer quién pagó la escapada a Lago Escondido de la que participaron también directivos del Grupo Clarín.

Al impulsar la investigación, la fiscal federal Etchepare había requerido que se investigue la posible comisión de delitos vinculados con el pago y la aceptación de dádivas por parte de los viajeros.

Quiénes estaban en los Huemules, el chat de jueces, fiscales y empresarios de medios

  • Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10.
  • Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.
  • Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2.
  • Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
  • Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  • Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín.
  • Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis.
  • Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
  • Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

Judiciales ⚖️

La Justicia retiene el celular de Grabois y avanza con la pericia biométrica

Ramos rechazó un nuevo pedido de devolución y la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica. La investigación por la toma del Instituto Perón sigue abierta.

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Causa por la toma del Instituto Peron

El procesamiento no cerró la investigación, y el celular de Juan Grabois es la prueba que falta. El juez federal Sebastián Ramos rechazó un nuevo pedido para devolverle el aparato porque todavía debe extraerse la información que podría mostrar si el diputado dio órdenes a los militantes que ocuparon el edificio.

Grabois, diputado nacional de Unión por la Patria, referente de Patria Grande y dirigente de la UTEP, está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos, por la ocupación del ex Instituto Juan Domingo Perón, en Austria 2593, barrio porteño de Recoleta, el 7 de junio de 2025. El Ministerio de Capital Humano, de cuya órbita depende el inmueble, es querellante en la causa.

Qué dijo el juez

Ramos sostuvo que «el dictado del procesamiento no implicó la culminación de la investigación» y que sigue pendiente la extracción de los datos almacenados en el equipo. También rechazó el planteo subsidiario de la defensa, que pedía conservar el teléfono como depositario judicial mientras se resolvía un pedido de nulidad sobre el peritaje. Según el magistrado, quedan además medidas para identificar a otras personas que intervinieron en la ocupación.

El juez reconoció que la medida supone «una injerencia significativa en la esfera de privacidad e intimidad» y que, llegado el momento, deberá sopesar su alcance y su utilidad concreta.

La Cámara Federal cerró dos puertas

Según trascendió de fuentes judiciales, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, declaró inadmisible el recurso con el que la defensa buscaba llevar el procesamiento ante la Casación: entendió que esa resolución no es recurrible por esa vía y que el planteo de arbitrariedad era insuficiente. La misma Sala declaró inadmisible el recurso contra el fallo que había ratificado el rechazo de la nulidad de la pericia biométrica, presentado por el abogado Nicolás Rechanik el 14 de octubre. Consideró insuficientes los argumentos sobre la posible afectación de derechos de «las personas que pudieran ser identificadas».

Ese mismo tribunal había confirmado el 1 de octubre el procesamiento por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, y mantuvo los embargos: 5 millones de pesos para Grabois y 1 millón para Valentín Peralta, dirigente de Patria Grande. El teléfono ya había sido motivo de otra batalla: en octubre de 2025 la Casación rechazó un recurso extraordinario de Grabois contra el peritaje y, a fines de junio, seguía pendiente en la Corte Suprema un planteo de la defensa para evitar que se abra el aparato.

Dos lecturas de lo que pasó en el Instituto

La defensa sostiene que Grabois fue al lugar como abogado de la cooperativa que administraba el espacio gastronómico lindero, Un Café con Perón; Rechanik habló de venganza política y Patria Grande denunció persecución. Ramos, en cambio, consideró que Grabois habría alentado la permanencia de los manifestantes dentro del edificio y los habría instado a enfrentar a la policía durante el desalojo. Un día antes, el diputado había convocado por redes sociales a un «café con Perón», y la ocupación ocurrió días antes de la confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

En el plano político, Grabois planteó en los últimos días que «si Cristina no es candidata, es obvio que el candidato es Axel», en referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Lo que tenés que saber

  • El juez federal Sebastián Ramos rechazó devolver el celular a Juan Grabois porque falta extraer los datos del aparato.
  • Grabois está procesado sin prisión preventiva por violación de domicilio y resistencia a la autoridad, con un embargo de 5 millones de pesos.
  • La Sala I de la Cámara Federal declaró inadmisibles los recursos de la defensa contra el procesamiento y contra la pericia biométrica.
  • El procesamiento había sido confirmado por esa Sala el 1 de octubre.
  • Capital Humano es querellante; la defensa denuncia persecución política.
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