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Denuncia

Causa Vialidad: llega el alegato de la defensa de De Vido

De Vido tiene un pedido de condena de diez años de prisión por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como presunto autor del delito de «asociación ilícita agravada».

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El juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz se reanudará mañana con el inicio del alegato de la defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, para quien la fiscalía pidió una condena de diez años de prisión.

Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, que representan al exfuncionario, expondrán ante el Tribunal Oral Federal 2 desde las 9.30 de manera virtual a través de la plataforma Zoom, y se prevé que el alegato se extienda al menos por las jornadas del lunes y martes, explicaron fuentes judiciales.

De Vido tiene un pedido de condena de diez años de prisión por parte de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como presunto autor del delito de «asociación ilícita agravada», por su calidad de organizador y por administración fraudulenta agravada haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

La misma pena se pidió para los también acusados exsecretario de Obras Públicas José López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.

Para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sexta en el listado programado de alegatos de las defensas, la fiscalía solicitó 12 años de cárcel, al igual que para el empresario Lázaro Báez.

La defensa de De Vido tiene como máximo tres días para exponer su alegato en el debate que se realiza lunes, martes y viernes.

Los alegatos de las defensas comenzaron la semana pasada, luego del intento de homicidio contra la vicepresidenta en inmediaciones de su casa cometido el jueves 1 de septiembre y por el cual hay hasta el momento dos detenidos.

El ataque ocurrió en medio de una de las manifestaciones de apoyo a la expresidenta que se sucedieron hasta ese día en adyacencias de su casa del barrio de Recoleta desde que fue acusada en este juicio por los fiscales como supuesta organizadora de asociación ilícita agravada y defraudación fraudulenta.

Los tres defensores que expusieron hasta ahora ante los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso reclamaron la absolución de sus clientes, todos exfuncionarios que actuaron en Santa Cruz durante el período investigado, que va de 2003 a 2015.

Hasta el momento los únicos que hicieron uso del derecho a ir de manera presencial a Comodoro Py 2002 para hablar de cara a los jueces en la sala de audiencias fueron el expresidente de la Administración General de Vialidad de esa provincia Héctor Garro y su abogado Mariano Fragueiro Frías.

Quienes lo siguieron en los alegatos, los abogados defensores de Mauricio Collareda y Mario Daruich, ambos ex funcionarios de Vialidad, expusieron de manera virtual.

En el juicio se debaten las supuestas maniobras para beneficiar al empresario y también acusado Lázaro Báez con adjudicaciones de obra pública nacional y otras irregularidades a través de la firma «Austral Construcciones», entre otras que adquirió en ese período.

Al igual que los restantes acusados, tanto la vicepresidenta como sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy podrían hacer uso del derecho de pedir ir en persona a la sala de audiencias de Comodoro Py.

En esta etapa de los alegatos, la expresidenta también tiene la posibilidad de dirigirse de manera directa al Tribunal en caso de desearlo.

El Tribunal rechazó en agosto un pedido de la defensa para que la vicepresidenta ampliara su declaración indagatoria.

El martes 6 será el turno del alegato del también exfuncionario de Vialidad de Santa Cruz y responsable del llamado «distrito 23» en esa provincia, Mauricio Collareda, a quien la fiscalía pidió 6 años de cárcel.

A la hora de pedir penas, Luciani y Mola reclamaron condenar también a 12 años de prisión a Báez y diez años para De Vido, José López y el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros.

Celebridades

Denuncian a Icardi por lesiones a su hija de 11 años: qué dice el acta policial

La UFI Género de Tigre abrió una causa por lesiones tras el llamado al 911 que movilizó a la Policía y a una médica de emergencias en Nordelta. El acta registra una orden judicial sobre la permanencia con el padre hasta el 16 de noviembre y el pedido de la niña de irse con su madre.

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El Argentino Diario-Wanda Nara y Mauro Icardi.
Una orden judicial, una niña que pidió irse y un acta policial: las claves de la denuncia contra Icardi.

Una niña de 11 años salió llorando de la casa de su padre en Nordelta y le pidió a su madre que se la llevara, según consta en el acta policial del viernes 6 de noviembre. La menor se habría presentado sin calzado y con medias, y dijo ante los efectivos que su padre le había pegado y la había amenazado.

La causa, caratulada como lesiones, tramita en la UFI Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci, e involucra al futbolista Mauro Icardi, padre de la niña. El fiscal ordenó recibir declaración testimonial a la conductora Wanda Nara, su madre. La intervención del Comando de Patrullas Tigre se produjo por un llamado al 911, alrededor de las 17, al lote 17 del barrio privado La Isla, en Nordelta.

Qué consta en el acta policial

Según el parte, Nara contó a los agentes que su hija le había pedido ayuda por mensajes porque estaba sola, tenía miedo y su padre le había pegado. El documento agrega que la niña permanecía en su habitación desde hacía varias horas y que no había almorzado. Al llegar, los efectivos fueron atendidos desde la puerta por un hombre que no los autorizó a ingresar; minutos después, la niña salió de la vivienda y se acercó a su madre. También salió de la casa la otra hija de la expareja, de 10 años, que se quedó con Nara.

Una médica del sistema de emergencias de Tigre atendió a la niña en el domicilio. La menor refirió dolor de cabeza y en la rodilla izquierda; la profesional no detectó lesiones de gravedad que justificaran un traslado y recomendó una radiografía por un traumatismo leve.

Icardi invocó ante los agentes una orden judicial que establecería que la niña debe permanecer con él hasta el 16 de noviembre. Según el acta, explicó que la menor quería irse porque él no le había permitido asistir a una reunión de adolescentes. Consultada por un policía sobre con quién quería quedarse, la niña respondió que quería irse con su madre. Los efectivos trasladaron a Nara y a su hija al Destacamento Policial Villa La Ñata para dejar constancia y recibir la declaración de la conductora.

Lo que dispuso la Fiscalía

Petrucci dispuso actuaciones por lesiones, ordenó un reconocimiento médico legal a la niña y la notificación a Icardi de la formación de la causa. El parte policial indica que el futbolista permaneció dentro de la vivienda y se negó a ser entrevistado por el personal, aunque el acta también recoge su explicación a los efectivos sobre la orden judicial. El Sistema de Emergencia Social de Tigre intervino en el lugar y el documento concluye: “Se trabaja en la contención”.

Se trata de una etapa preliminar: no trascendió una imputación formal ni el resultado del reconocimiento médico legal, y el entorno de los involucrados no hizo declaraciones.

La secuencia, según el programa LAM

El periodista Pepe Ochoa reconstruyó en el programa LAM (América TV) que Nara recibía múltiples llamadas mientras grababa MasterChef Celebrity (Telefe), pero los celulares no estaban permitidos en el piso, y que fue su pareja, Martín Migueles, quien recibió el llamado. Ambos interrumpieron la grabación y viajaron a Nordelta, donde, según Ochoa, la conductora e Icardi discutieron a los gritos en la calle del barrio mientras Migueles intentaba mediar. Antes de ir a la fiscalía, el grupo pasó por un hospital de Dique Luján.

Una niña en el centro de la escena

Más allá del peso mediático de los protagonistas, el eje del caso es una niña que, según el acta, pidió irse con su madre mientras regía una disposición judicial sobre su permanencia con el padre. La Ley 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes reconoce su derecho a ser oídos y a que su opinión sea tenida en cuenta.

Será la Justicia la que determine qué ocurrió dentro de la casa. Hasta entonces rige la presunción de inocencia para Icardi, y la prioridad es el resguardo de la menor y de su identidad.

Lo que tenés que saber

  • La UFI Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci, investiga una causa por lesiones tras la intervención policial en un barrio privado de Nordelta.
  • Según el acta policial, la niña de 11 años dijo que su padre le había pegado y amenazado, y pidió irse con su madre.
  • Una médica del sistema de emergencias de Tigre no detectó lesiones de gravedad que justificaran un traslado, aunque recomendó una radiografía.
  • Icardi invocó una orden judicial que establecería la permanencia de la niña con él hasta el 16 de noviembre.
  • No trascendió una imputación formal y el entorno de los involucrados no hizo declaraciones.
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