Lawfare
Tras la condena a Cristina, Grabois aseguró que “se consumó el golpe judicial”
El dirigente social comparó la decisión de la Corte Suprema con la persecución sufrida por Eva Perón y advirtió que «los pueblos siempre vuelven». Movilizaciones en todo el país rechazaron el fallo que inhabilitó políticamente a la ex presidenta.
Grabois comparó a Cristina con Evita: “Le tienen el mismo odio”
La Corte Suprema de Justicia ratificó hoy la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, en una decisión que desató una ola de repudios en el peronismo y generó multitudinarias movilizaciones en todo el país. Juan Grabois, referente del Frente Patria Grande, fue uno de los primeros dirigentes en pronunciarse y calificó el fallo como la consumación de un «golpe judicial».
Los tres jueces del máximo tribunal confirmaron la sentencia que la condenó a seis años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos, lo que convierte a la expresidenta en el primer exmandatario argentino condenado por corrupción con sentencia firme. Con esta decisión, la condena queda firme, aunque no se activaría una pena de prisión efectiva porque ya tiene más de 70 años.
Grabois aseguró que la corte “consumó el golpe judicial”
«Se consumó el golpe judicial», escribió Grabois en su cuenta de X inmediatamente después de conocerse la decisión del máximo tribunal. El dirigente social, que fuera precandidato presidencial de Unión por la Patria, estableció un paralelismo histórico al afirmar que «el golpe se descarga nuevamente sobre el cuerpo de una mujer con el mismo odio que ejercieron sobre Evita».
La declaración de Grabois adquiere relevancia política por su peso específico dentro del peronismo y por su capacidad de movilización territorial. El dirigente había anticipado su posición horas antes del fallo, cuando denunció lo que consideró «un estado de sitio encubierto» y advirtió que «se está pergeñando la ruptura del orden constitucional».
El contexto político y las implicancias electorales
El fallo de la Corte Suprema se produce en un momento de particular tensión política, a pocos meses del inicio del año electoral 2025. Agregaron el cepo al voto popular, había declarado Cristina Kirchner en referencia al timing de la decisión judicial, relacionando el fallo «al cronograma electoral».
La expresidenta queda legalmente impedida de presentarse a cargos públicos en futuras elecciones, salvo que una reforma judicial o política revierta el fallo. Esta situación modifica sustancialmente el mapa político nacional y obliga al peronismo a repensar sus estrategias electorales para 2025.
Movilización territorial y resistencia
Grabois anunció que se dirigía a la casa de Florencia Kirchner, donde se encuentra la expresidenta, con el objetivo de «profundizar la resistencia» porque «los pueblos siempre vuelven». Esta convocatoria se enmarca en una jornada de movilizaciones que incluyó apoyo de dirigentes y militantes en la sede del PJ y cortes de rutas y autopistas.
El peronismo activó su estructura territorial más amplia desde el retorno democrático. Intendentes, gobernadores y dirigentes sindicales coordinan acciones de protesta en todo el país, lo que evidencia la capacidad de movilización que mantiene el kirchnerismo pese a la adversidad judicial.
Los detalles del fallo y las repercusiones
La sentencia incluye el decomiso de unos 84.000 millones de pesos y se basa en el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por el favorecimiento a empresas constructoras entre 2003 y 2015 en obras públicas de Santa Cruz.
El tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó cada uno de los argumentos del recurso extraordinario presentado por la defensa de la expresidenta. La decisión cierra un proceso judicial que se extendió por más de una década y que atravesó diferentes instancias de la justicia argentina.
Las voces del oficialismo y la oposición
Desde el gobierno nacional celebraron la decisión. «Cristina Kirchner, condenada por corrupción. Tres instancias, cientos de pruebas y todas las garantías del debido proceso. Hubo justicia. El que las hace, las paga», escribió la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en sus redes sociales.
Por el contrario, desde el peronismo y sectores de la oposición denunciaron una maniobra de proscripción política. «El fallo se da justo en un año electoral y a días de que Cristina anuncie su candidatura. Estamos en contra de toda decisión judicial o política que se use para intentar cercenar a alguien en sus derechos democráticos o en una contienda electoral», manifestaron dirigentes peronistas.
Un precedente histórico con consecuencias inciertas
La confirmación de la condena contra Cristina Kirchner marca un hito en la historia política argentina y abre interrogantes sobre el futuro del kirchnerismo como fuerza electoral. La reacción de Grabois y otros dirigentes sugiere que el peronismo apostará a la resistencia y la movilización popular como estrategia de respuesta, invocando precedentes históricos y manteniendo viva la figura de la expresidenta como símbolo de resistencia.
La decisión judicial también plantea interrogantes sobre la estabilidad institucional del país y la capacidad del sistema político para procesar estas tensiones sin afectar la gobernabilidad democrática.
Puntos clave:
- La Corte Suprema ratificó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad
- Juan Grabois denunció un «golpe judicial» y comparó la situación con la persecución a Eva Perón
- La expresidenta queda inhabilitada para ejercer cargos públicos, lo que modifica el panorama electoral 2025
- Se registraron movilizaciones masivas en todo el país en repudio al fallo
- El peronismo activó su estructura territorial más amplia desde el retorno democrático
- La condena incluye el decomiso de 84.000 millones de pesos y marca un precedente histórico
DDHH
La defensa de Maduro apuesta a desmantelar la acusación antes del juicio: la inmunidad soberana, el primer frente de batalla
La tercera audiencia preliminar ante el juez federal Alvin Hellerstein duró apenas 18 minutos y concluyó con la aprobación del cronograma conjunto propuesto por la Fiscalía y la defensa. Nicolás Maduro y Cilia Flores, detenidos en Brooklyn desde el 3 de enero, reiteraron su declaración de inocencia. La inmunidad soberana será el primer gran frente de batalla legal.
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York celebró este miércoles 22 de julio la tercera audiencia preliminar del proceso penal contra el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. La vista, que no superó los 18 minutos, tuvo un carácter estrictamente procesal: la Fiscalía y la defensa presentaron conjuntamente un cronograma que el juez Alvin Hellerstein aprobó, fijando el 1° de junio de 2027 como fecha tentativa de inicio del juicio oral. Ambos procesados, que permanecen recluidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde su captura el 3 de enero, volvieron a declararse no culpables.
Un cronograma acordado entre partes
Antes de la audiencia, la Fiscalía y la defensa presentaron ante el tribunal un escrito conjunto con el calendario detallado del proceso. El documento establece dos rondas de mociones previas al juicio. La primera ronda deberá completarse el 2 de septiembre de 2026, e incluirá, entre otras presentaciones, el argumento de inmunidad soberana que el equipo defensor planea invocar a favor de Maduro. Según expuso el abogado principal de la defensa, Barry Pollack, si el juez acepta ese argumento, Maduro no tendría que someterse a la segunda ronda de mociones, en la que la Fiscalía incorporará el conjunto de las pruebas reunidas durante la investigación.
En cuanto al material probatorio, la Fiscalía prevé completar la entrega de pruebas no clasificadas el 22 de septiembre y las clasificadas el 15 de noviembre de 2026, aunque advirtió que esos plazos podrían variar en función de la disponibilidad de otras agencias del gobierno de Estados Unidos. La segunda ronda de mociones se extendería hasta el 11 de enero de 2027, y el juicio con jurado arrancaría en junio de 2027, siempre que el tribunal no haga lugar a ninguno de los planteos de la defensa antes de esa fecha.
La apuesta de la defensa: la inmunidad como escudo
El eje central de la estrategia defensiva, revelado por Barry Pollack durante la audiencia, es la moción de inmunidad soberana: el argumento de que Maduro ejercía como jefe de Estado en funciones al momento de su detención y que, por lo tanto, la justicia estadounidense carecería de jurisdicción para juzgarlo. Pollack también anticipó que la defensa impugnará la legalidad de la captura y del traslado a territorio estadounidense, obligando al juez a examinar cuestiones sobre soberanía, actuación militar en territorio extranjero y admisibilidad de las pruebas obtenidas durante la Operación Resolución Absoluta del 3 de enero.
La estrategia apunta a desmantelar la acusación antes de llegar al jurado, mediante una disputa jurídica de fondo que podría consumir gran parte del período de preparación. Si el juez desestimara las mociones de inmunidad, el caso avanzaría hacia el debate sobre los cargos sustantivos: conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína, en el caso de Maduro; delitos relacionados con importación de drogas y posesión de armas, para Flores. Una condena en ambos cargos podría derivar en cadena perpetua.
El estado físico de los procesados y el contexto político
Presentes en la sala con uniforme de prisionero color caqui, tanto Maduro como Flores fueron descriptos por periodistas presentes en la audiencia como visiblemente más delgados que en comparecencias anteriores, aunque con un aspecto recuperado. Maduro llegó caminando con normalidad, sin el rastro de la cojera que había mostrado en sesiones previas, y siguió los procedimientos junto a sus abogados con auriculares de traducción. Flores llegó detrás de él, con el cabello recogido y gafas.
Desde Venezuela, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del procesado, calificó el proceso de «injusto» y reclamó públicamente la liberación de su padre y de Cilia Flores. La audiencia estuvo enmarcada en un amplio dispositivo de seguridad del NYPD para el traslado de los detenidos desde Brooklyn hasta la sede del tribunal en Manhattan. Cabe recordar que la audiencia estaba originalmente prevista para el 30 de junio, pero fue postergada por cuestiones logísticas vinculadas, según trascendidos, a la realización del Mundial de Fútbol en suelo estadounidense.
Un caso sin precedentes en la historia judicial de Estados Unidos
El proceso contra Maduro y Flores no tiene antecedentes directos en la historia judicial estadounidense en cuanto a la condición de los procesados: ambos eran, al momento de su captura, el presidente en ejercicio y la primera dama de Venezuela, respectivamente. La Operación Resolución Absoluta, que los detuvo el 3 de enero de 2026 en Caracas mediante una intervención de fuerzas estadounidenses, abrió un debate jurídico internacional que la defensa ahora intenta trasladar al propio tribunal. El juez Hellerstein, de 91 años, presidirá un proceso que se proyecta como uno de los más complejos y políticamente sensibles que haya enfrentado la justicia federal norteamericana en décadas.
Puntos clave
- El juez Alvin Hellerstein fijó el 1° de junio de 2027 como fecha de inicio del juicio oral.
- La audiencia del 22 de julio duró apenas 18 minutos y tuvo carácter exclusivamente procesal.
- La defensa apelará a la inmunidad soberana como primera línea de ataque jurídico, con mociones a presentar el 2 de septiembre.
- Maduro enfrenta cargos de narcoterrorismo e importación de cocaína; Flores, de importación de drogas y posesión de armas.
- Ambos permanecen detenidos en el Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn desde el 3 de enero de 2026.
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