En abril de 2019, los dólares baratos del Fondo Monetario Internacional planchaban la devaluación que le pedía el mercado a Mauricio Macri. El proyecto era ganar las elecciones, gobernar hasta 2023 y luego cederle ocho años a Horacio Rodríguez Larreta o María Eugenia Vidal que serían reelectos con tranquilidad en CABA y Buenos Aires. Cambiemos era una fiesta que incluía el establishment empresario, mediático y judicial entrelazado.

Fiesta como el casamiento al que asistió nada menos que quien era presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, con varios funcionarios del Gobierno y con el principal operador judicial del presidente Mauricio Macri: Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. El ahora prófugo era el anfitrión de la fastuosa boda de su hija.

En ese entonces, Irina Hauser mostró en Página 12 en una mesa al propio Rodríguez Simón, junto a José Torello, asesor jefe de Macri; Gustavo Lopetegui (secretario de Energía), Bernardo Saravia Frías (Procurador del Tesoro), Miguel Gutiérrez (titular de YPF), Mariana Zuvic (diputada del Parlasur) y Fernando Sánchez, secretario de Fortalecimiento Institucional de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Atrás, Rosenkrantz conversaba amenamente. Estaba cerca del padre de la novia y en las bodas la ubicación es una muestra de afinidad.

Pepín fue quien armó entre gallos y medianoche, literal, la Corte Suprema por decreto que Macri conformó apenas asumió. Los abanderados de la República tuvieron que dar marcha atrás, pero luego el Parlamento avaló el disparate. Relajado en su canal de confianza, La Nación Más, el líder del Pro lo admitió y en julio de este año lo recordó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En marzo de 2021, la jueza federal María Romilda Servini le prohibió hoy la salida del país a Pepín por haber presionado a los accionistas del Grupo Indalo para forzar el desprendimiento de sus empresas y lograr que sus medios (Radio 10 y C5N) modificaran su línea editorial en favor del ex presidente Mauricio Macri. Ya se había fugado a Montevideo.

Además, Rodríguez Simón está acusado de provocar la renuncia de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó durante el gobierno de Cambiemos. La denuncia la movilizó el fiscal Franco Picardi, pero cayó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti quien es empleada del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

El fiscal Gabriel De Vedia, quien declaró bajo juramento de decir verdad que en su momento contactó a «Pepín» para preguntarle cuando terminaría la «persecución» a la entonces procuradora y que la respuesta que recibió fue que eso solo ocurriría con su renuncia.

En el testimonio recordó un diálogo que mantuvo con el prófugo: «¿Cuándo se va a terminar la persecución a Alejandra? En seguida, en tono de afirmación le dije «Se va a terminar la persecución a la Procuradora General de la Nación». A lo que el Sr. Fabián Rodríguez Simón me respondió: «Si me conseguís la renuncia, termina acá». Ante eso le contesté: «No va a renunciar la Procuradora. Ella tiene una responsabilidad institucional y humana, no va a renunciar». A continuación, él me dijo «Si Gils Carbó no renuncia vamos a meter presas a las hijas y a ella» y me reafirma «en ese orden»».

Gils Carbó es una de las supuestas víctimas de aquel accionar; mientras que en el expediente declararon también otros ex magistrados como el destituido Eduardo Freiler y jueces en actividad como Ana María Figueroa (Casación Federal), Eduardo Farah (Cámara Federal porteña) y el juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla.

La abogada y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, consideró hoy que «una vez que se presenten pruebas» contra los integrantes del máximo tribunal «va a ser muy difícil votar en contra» del juicio político a la Corte Suprema de Justicia en la Cámara de Diputados.

“La oposición no quiere que se trate el tema porque cuando se pruebe que hicieron mal su tarea de jueces va a ser muy difícil votar en contra”

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— Futurock.fm (@futurockOk) January 10, 2023

“La oposición no quiere que se trate el tema porque cuando se pruebe que hicieron mal su tarea de jueces va a ser muy difícil votar en contra”, sostuvo Peñafort en declaraciones a la emisora Futurock.

El jefe de Estado y mandatarios provinciales presentaron un pedido de remoción a los cuatro integrantes de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por «mal desempeño de sus funciones» y «manifiesta parcialidad» a la hora de dictar fallos.

“Se empieza a generalizar la desconfianza de que servimos a intereses distintos al derecho”, dijo Rosenkrantz en marzo de 2019. Un mes después se mostró sonriente a metros del operador macrista. Esa foto podría ser una de las tantas pruebas definitorias mencionadas por Peñafort que lo incrimine en su juicio político. Aquel casamiento, paradoja, podría marcar su divorcio definitivo con la Justicia.