El cosecretario general de la CGT Pablo Moyano denunció este miércoles ante la justicia penal bonaerense al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, por los supuestos delitos de «tráfico de influencias y prevaricato».

«Venimos a denunciar la existencia de una organización de tráfico de influencias creada entre los años 2016 y 2017 -cuyos vigencia y efectos aún perduran- estructurada dentro del ámbito de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires con la asistencia y colaboración de funcionarios –aún no suficientemente identificados- pertenecientes al área del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires», señala Moyano en la denuncia presentada por su abogado, Daniel Llermanos.

En su presentación, el dirigente camionero precisó que esa organización, que según la denuncia también contó con la «connivencia» de «miembros del Poder Judicial y de Ministerio Público Fiscal», tuvo la «finalidad de procesar y/o encarcelar indebidamente a opositores políticos, dirigentes sociales, gremialistas y, en algunos supuestos, los abogados que intervenían en las Defensas».

Puntualiza además que estos delitos «se encuentran plenamente acreditados, cuanto menos, en el ámbito del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en perjuicio de Hugo Moyano, Pablo Moyano, el doctor Víctor Hortel y quien suscribe (Daniel Llermanos)».

Moyano presentó está denuncia en la justicia penal bonaerense, en la ciudad de La Plata, y quedó radicada en la fiscalía número 16 a cargo de Juan Condomí Alcorta, con intervención del juzgado de garantías número 1 de Guillermo Atencio.

«Las operaciones de la organización que se denuncia consistieron en: Instar denuncias falsas, generar testimonios mendaces mediante instigación, extorsión, amenazas y/o apremios, infiltrar en la defensa de personas detenidas a abogados pertenecientes contratados para influir en los testimonios falsos y manipular con fraude procesal material probatorio como evidencias digitales mediante procedimientos ilegales», detalla la denuncia.

Y agrega que esos mecanismos fueron acompañados con la estrategia de «emplear medios periodísticos para la masiva difusión de las actuaciones tendiente al escarnio público de sus víctimas y la utilización «ilegal de fondos del erario público para financiar las actividades descriptas».

En ese marco, Moyano, a través de su abogado Llermanos, asegura que dicha organización «estructuró el plan delictivo en dos etapas desarrolladas en sendas causas penales dentro del ámbito de Departamento Judicial de Lomas de Zamora, las IPP 07-00-18870-17 y 07-00-013471/19».

Aseguran que «las responsabilidades deben ser atribuidas, en principio a los siguientes funcionarios: Al Procurador General doctor Julio Conte Grand, por la comisión de los delitos de instigación al Prevaricato y Abuso de Autoridad en las IPP 18870/17 y 07-00-013471/19; al fiscal general adjunto, Sebastián Scalera, por el delito de Prevaricato y Coacción a detenidos en la y Prevaricato en la IPP

07-00-013471/19, a los fiscales Pablo Rossi y Sebastián Bisquert por el delito de Prevaricato en la IPP 07-00-013471/19 y al fiscal Javier Martínez por los delitos de Prevaricato, Desobediencia y Abuso de Autoridad en las actuaciones citadas».

A lo largo de 40 páginas, Moyano detalla cómo se armaron en su contra dos causas al tiempo que el procurador Conte Grand «reiteradas veces hizo pública su intención de que los fiscales a su cargo detuvieran a Pablo Moyano».

Y señala que así quedó acreditado en «diversas publicaciones periodísticas y a través de sus propias expresiones en el Programa de TN A dos Voces (el 31 de octubre de 2018) cuando aseguró Julio Conte Grand: «existen evidencias suficientes para que Pablo Moyano sea detenido y que podía revertirse el principio de la libertad en el proceso por el de la prisión preventiva». En la denuncia se transcriben además varias declaraciones de Conte Grand en las que adelantaba «su postura prejuiciosa».

También se transcriben las denuncias efectuadas contra Conte Grand por el juez Luis Carzoglio y el fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari. Destaca además la «espectacularidad» que se desplegaba ante cada procedimiento judicial contra Moyano y cuestiona el rol del fiscal adjunto Sebastián Scalera y su manera «confusa de redactar, donde además no acusó: Se limitó a sostener lo que imagina que ha probado».

También se incluye el testimonio de un detenido alojado en el penal de Melchor Romero, en La Plata, quien brinda detalles de cómo Scalera «hostigaba a detenidos para que implicaran a Moyano en la causa Independiente a cambio de libertad y cómo incluso ya había una celda preparada» en ese penal para alojar al dirigente gremial.