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Alberto acelera pedido de juicio político a la Corte

Se espera que la próxima semana se eleve el pedido de sesiones extraordinarias para que la presentación de Alberto Fernández y los gobernadores pueda empezar a ser tratada en el Congreso.

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El presidente Alberto Fernández pretende darle celeridad al trámite de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia a través de una convocatoria a sesiones extraordinarias en la Cámara de Diputados para la segunda quincena de este mes.

El pedido de juicio político alcanzará a Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, y a los ministros Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, quienes son acusados por el Ejecutivo de incurrir en mal desempeño y parcialidad.

La convocatoria de sesiones extraordinarias saldrá «la semana que viene», adelantó la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti, y la solicitud de juicio político «será parte del temario», reafirmaron a Télam otros funcionarios con despacho en Casa Rosada.

La iniciativa que impulsa este proceso de remoción abordará dos cuestiones y la primera es la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.080 que rigió el funcionamiento del Consejo de la Magistratura durante 16 años y que fue reemplazada, por decisión de la Corte, por la derogada Ley 24.937.

Esa decisión de la Corte, calificada como «un hecho insólito» por Cerruti en la primera conferencia de prensa del año que ofreció el jueves pasado en Casa de Gobierno.

Otra cuestión a analizar es la medida cautelar que restituyó fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires (CABA).

Foto Presidencia
Foto: Presidencia.

En ese caso, la funcionaria evaluó que el máximo tribunal «violó la división poderes» al tratarse de un tema «que debe resolverse en el Congreso de la Nación o en el Poder Ejecutivo, porque es algo que involucra a todas las provincias».

«Debo impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional«, indició el Presidente al anunciar el primer día de este año su decisión de iniciar el juicio político.

Y sobre el fallo que benefició al distrito porteño, el jefe de Estado indició que su deber era «promover acciones cuando el sistema federal es puesto en crisis a través de una innecesaria medida cautelar y del indebido planteo de una ciudad autonómica».

El Presidente basó su planteo a través del artículo 53 de la Constitución Nacional, que prevé que la Cámara de Diputados «ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de gabinete de ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema, en las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones».

Fernández contó con el apoyo de 11 gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Además, los vicegobernadores del Norte Grande, Rubén Dusso (Catamarca), Florencia López (La Rioja), Carlos Silva Neder (Santiago del Estero), Sergio Mansilla (Tucumán), Analía Rach Quiroga (Chaco) y Eber Solís (Formosa) respaldaron también la iniciativa consensuada entre el Presidente y los mandatarios provinciales y pidieron al Parlamento que «las instituciones sean restablecidas» para que sean «garantes de la República».

Foto Camila Godoy
Foto: Camila Godoy.

Otros gobernadores, Gustavo Sáenz (Salta), Arabela Carreras (Río Negro), Omar Gutiérrez (Neuquén) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones), habían cuestionado el fallo de la Corte que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a CABA pero no se pronunciaron sobre el pedido de juicio político.

Esta semana, el jefe de Estado se reunió con Germán Martínez, presidente del Bloque de Diputados del Frente de Todos (FdT) y con la diputada nacional Carolina Gaillard, presidenta de la Comisión de Juicio Político.

Fernández les hizo entrega del pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema que impulsó junto a los citados gobernadores, y les solicitó que inicien «su pronto tratamiento legislativo».

El propio Martínez aseguró que se logrará «cada vez más consenso» a medida que se avance en el juicio político y llamó a «reivindicar la decisión política del Presidente y los gobernadores» ya que «están pensando en el interés general y en las provincias que se ven perjudicadas por el avasallamiento de la Corte en otros poderes».

Otros apoyos a la iniciativa de juicio político los dieron el bloque de senadores del FdT de la Legislatura bonaerense y los intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM).

Telam SE

Los primeros advirtieron que «el Estado de Derecho y la división de poderes que establecen la Carta Magna se encuentran bajo amenaza» y citaron el fallo por los fondos coparticipables a CABA y la filtración de presuntos chats privados entre el ministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D’Alessandro y el funcionario de la Corte Silvio Robles.

«Ambos sucesos de altísima gravedad institucional ponen en tela de juicio la ‘presunta’ independencia del Poder Judicial, la neutralidad de sus fallos», indicaron y que particularmente afectan «la independencia de los jueces que conforman el máximo tribunal de justicia de la nación».

Mientras que los intendentes de la FAM consideraron que «múltiples son los hechos que acreditan el mal desempeño de los miembros de la Corte» y objetaron por parte del máximo tribunal «la extracción de recursos a las provincias de una manera ilegítima y arbitraria y el manejo discrecional del Poder Judicial en detrimento del sistema representativo, republicano y federal previsto en la Constitución Nacional».

Desde la FAM señalaron que los magistrados se «arrogaron facultades del Poder Legislativo, al determinar mediante fallo el porcentaje de coparticipación de Ciudad» y refirieron que «tomaron por asalto el Consejo de la Magistratura para sumergirlo en una parálisis histórica, ya que solo se reunieron dos veces en seis meses».

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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