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Espionaje

Familiares de tripulantes del ARA San Juan repudiaron el espionaje ilegal del gobierno de Mauricio Macri

«Nos sentimos manoseados», dijo la madre de uno de los náufragos del submarino de la Armada Argentina luego de que el Ministerio de Defensa informó formalmente sobre la denuncia realizada por la titular de la AFI, Cristina Caamaño.

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«Nos sentimos manoseados», dijo María Victoria Morales, madre del cabo principal Luis García, uno de los náufragos del submarino, después de que el Ministerio de Defensa informó formalmente a los familiares sobre la denuncia realizada por la titular de la AFI, Cristina Caamaño.

La madre del cabo principal Luis García, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, que naufragó en el Atlántico Sur el 15 de noviembre de 2017, aseguró este miércoles que los familiares de las víctimas se sienten «manoseados y basureados», tras la denuncia de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por presuntas maniobras de espionaje realizadas sobre ellos mientras el buque estaba desaparecido.

«Nos sentimos todos manoseados, basureados. No les importó nuestro dolor. No les interesó nada en lo afectivo. Jugaron con nuestro sufrimiento y nuestros sentimientos», expresó María Victoria Morales en declaraciones a la prensa.

La madre de García aseguró que muchos tenían «fuertes sospechas» de que eran espiados, y recordó que se presentó una denuncia en la Justicia Federal, «después de notar que desaparecían mensajes en los teléfonos celulares de los familiares», desde marzo de 2018, cuando los restos del buque continuaban desaparecidos.


«Siempre nos sentimos observados, y de hecho lo hemos denunciado en la Justicia, aunque nunca se investigó. Pero tener una confirmación es muy feo. Es agregar dolor al dolor. De todos modos, eso nunca nos frenó, porque sabíamos que no estábamos haciendo nada malo, solo pedíamos y pedimos aun que se investigue qué fue lo que pasó», remarcó.

Morales señaló que cerca de las 10 de este miércoles, el Ministerio de Defensa informó formalmente a los familiares sobre la denuncia realizada por la titular de la AFI, Cristina Caamaño, ante la Justicia Federal de Mar del Plata.

En ese sentido, explicó que los familiares analizaban «los pasos a seguir», con las distintas querellas que intervienen en la causa que investiga el hundimiento, a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.


Por su parte, Isabel Polo, hermana del cabo primero Daniel Alejandro Polo, señaló que «de a poco las cosas salen a la luz», y recordó que algunos familiares denunciaron las sospechas sobre posibles maniobras de espionaje, durante la presentación realizada por el exministro de Defensa, Oscar Aguad

Según Polo, las denuncias de familiares sobre posible espionaje se dio en el marco de la Comisión Bicameral del Congreso que investigaba el hundimiento, en abril de 2018. «Muchos lo dijimos, y no nos creyeron. No se investigó nada. Es increíble que la AFI tuviera tiempo para esas cosas. Esperemos que ahora sí se investigue», remarcó.

Finalmente, Andrea Mereles, esposa del suboficial segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez, expresó: «Siempre tuvimos la sospecha. Yo siempre me sentí que había sido espiada, y le pasaba a muchas madres y esposas. Era evidente que nos controlaban».

«Además de pasar el dolor que pasamos, éramos hostigados, manoseados. Ojalá que con esta denuncia salga todo a la luz, y que sean castigados todos los que tengan que serlo», señaló.

Espionaje

Milei le dio un nuevo estatuto a la SIDE por Decreto

El Gobierno libertario lo presenta como una supuesta medida de profesionalización, pero la falta de debate legislativo y el poder discrecional que conserva el Ejecutivo sobre el organismo generan preguntas que el decreto no responde.

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El Argentino Diario-Casa Rosada-Casa de Gobierno-Presidencia.

El Gobierno Nacional «reorganizó» por decreto el régimen laboral de los agentes de inteligencia del Estado. A través del Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprobó un nuevo estatuto para el personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que reemplaza las normas anteriores y establece un esquema integral de carrera, formación, remuneraciones y condiciones de egreso para quienes integran el Sistema de Inteligencia Nacional (SIN).

La medida fue presentada por el Ejecutivo como un paso hacia la profesionalización del organismo, con el argumento de consolidar un cuerpo de trabajadores especializados capaz de mantener continuidad más allá de los cambios políticos. Sin embargo, el mecanismo elegido, un decreto presidencial sin intervención del Poder Legislativo, resulta coherente con el estilo de gestión de La Libertad Avanza: concentración de decisiones en el Ejecutivo, velocidad normativa y escaso control parlamentario sobre áreas sensibles del Estado.

Qué establece el estatuto

El nuevo régimen fija que el ingreso y la promoción dentro de la SIDE deberán contemplar criterios técnicos, éticos y profesionales. La capacitación permanente queda establecida como uno de los ejes centrales del desarrollo de los agentes, con actividades orientadas a actualizar y fortalecer conocimientos y competencias en materia de inteligencia. El estatuto dispone además la creación de un plan de carrera con formación técnica, humana y profesional, basado en principios de idoneidad, transparencia, igualdad de oportunidades, mérito y profesionalización.

La normativa también busca vincular los salarios con las responsabilidades de cada agente. Las remuneraciones deberán guardar correspondencia con las capacidades técnicas, las funciones y los grados jerárquicos, para evitar diferencias discrecionales entre trabajadores con funciones, trayectoria y antigüedad similares; una formulación que, en la práctica, quedará sujeta a la reglamentación interna del organismo.

Derechos y condiciones de egreso

Entre los principales derechos reconocidos figura la estabilidad laboral para quienes integren la planta permanente una vez confirmados en sus cargos. La desvinculación solo podrá producirse por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el propio estatuto. Los agentes tendrán derecho a percibir remuneraciones acordes a las escalas de su categoría, además de bonificaciones, compensaciones y otros conceptos, junto con acceso a capacitación, licencias, asignaciones familiares, obra social y beneficio jubilatorio.

El régimen contempla mecanismos para presentar consultas y reclamos cuando un trabajador considere que sus derechos fueron afectados, y establece distintas modalidades de promoción: por ascenso ordinario, por méritos extraordinarios o mediante ascenso post mortem. También reconoce el principio de igualdad de oportunidades dentro de la carrera y prohíbe tratos diferenciados por motivos ajenos a la aptitud y conducta profesional.

Un decreto en una zona de sombras

El estatuto llega en un contexto en el que la SIDE acumula cuestionamientos. El organismo, que funciona bajo la órbita directa de la Presidencia, está en el centro de varias investigaciones vinculadas a la gestión libertaria. El decreto regula el vínculo laboral de los agentes pero no toca la estructura de control político sobre el organismo ni los mecanismos de supervisión externa, que en Argentina han sido históricamente insuficientes.

La decisión de avanzar por decreto, sin debate parlamentario, en un área tan sensible como la inteligencia del Estado, se inscribe en una tendencia que la oposición ya denunció en otros ámbitos: la de legislar por la vía rápida para evitar el escrutinio de las cámaras. El estatuto puede leer como modernización institucional o como consolidación del poder discrecional del Ejecutivo sobre el aparato de inteligencia, según quién lo lea.

Lo que tenés que saber

  • El Decreto 1021/2026, publicado en el Boletín Oficial, aprueba un nuevo estatuto para el personal de la SIDE.
  • La norma establece criterios de ingreso por mérito, plan de carrera, capacitación permanente y remuneraciones acordes a funciones y jerarquía.
  • Reconoce estabilidad laboral para la planta permanente y fija mecanismos formales para la desvinculación y para presentar reclamos.
  • La medida fue adoptada por decreto, sin intervención del Congreso, en un área históricamente sensible como la inteligencia del Estado.
  • El estatuto no modifica la estructura de control político sobre el organismo ni refuerza los mecanismos de supervisión externa.
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