Denuncia
Estafa $LIBRA: en Nueva York apuntan a Milei por fraude y lo acusan de “promoción engañosa”
Los abogados que representan a los estafados sostienen que el tuit presidencial forma parte de una «estrategia programada» y reclaman que se congelen 57 millones de dólares cripto para garantizar restituciones.
Una presentación judicial en los tribunales de Nueva York acusa al presidente Javier Milei de haber realizado una «promoción altamente engañosa» del token $LIBRA y de formar parte de una «estrategia programada» que derivó en un fraude de 280 millones de dólares.
Los estudios jurídicos Burwick Law y Hoppin Grinsell, que representan a los demandantes en una acción colectiva, sostienen que el tuit presidencial del 14 de febrero «dio a $LIBRA una falsa apariencia de legitimidad y afiliación al Gobierno» y que «decenas de miles de consumidores razonables fueron engañados».
El escrito judicial, que tramita en el juzgado de la magistrada Jennifer Rochon, afirma categóricamente que «el proyecto de inversión» que el tuit presidencial asociaba a la criptomoneda «era falso». El posteo original del mandatario indicaba que el propósito era fondear pequeños emprendimientos, algo que según la demanda nunca existió como iniciativa real.
Los acusados y la inmunidad presidencial
El expediente civil apunta directamente a Hayden Davis, creador de $LIBRA y titular de Kelsier Ventures; Julian Peh y su firma Kip Protocol, que participaban del desarrollo del supuesto proyecto; y Benjamin Chow, exCEO de Meteora, la plataforma utilizada para las operaciones. Milei no figura entre los demandados formales debido a que, mientras sea jefe de Estado, goza de inmunidad en Estados Unidos, aunque los abogados no descartan extender el reclamo hacia él en el futuro.
La estrategia legal parece clara: según fuentes judiciales consultadas, la mención explícita del presidente en el escrito constituye un mensaje directo de que «alguien, sea Davis o Milei, u otro, nos tiene que devolver lo perdido».
Pedido de congelamiento de activos
Los demandantes solicitan específicamente una medida cautelar para mantener el congelamiento de 57.654.371 millones de USDC (dólar cripto equivalente al dólar billete) «junto con cualquier otro producto de $LIBRA retenido» en dos billeteras identificadas como «LIBRA Wallet 1 y LIBRA Wallet 2». El objetivo es inmovilizar los activos hasta el final del juicio para garantizar la eventual restitución.
«Cuando decenas de miles de inversores perdieron más de 280 millones de dólares en un fraude coordinado de criptomonedas, solicitaron las facultades de este Tribunal para preservar el producto de dicho fraude», indica el escrito judicial. Los abogados agregan que los demandados «piden a este Tribunal que mire hacia otro lado y que trate los activos digitales que se mueven con solo pulsar un botón a través de redes anónimas, como si fueran dinero en efectivo guardado a salvo en una bóveda de un banco».
Audiencia clave en agosto
A comienzos de julio se realizó una audiencia remota donde se fijó una nueva fecha para el 19 de agosto, cuando la jueza Rochon resolverá si mantiene el bloqueo de fondos y otras cuestiones sustanciales, como el reconocimiento de la demanda colectiva y la competencia jurisdiccional, cuestionada por Davis.
Mientras tanto, el empresario estadounidense realizó una presentación donde cuestionó a los demandantes, pero simultáneamente deslizó su «supuesta intención» de girar los fondos de $LIBRA a Argentina, en un aparente intento de despegarse de las acusaciones por estafa.
Conexiones argentinas bajo sospecha
El caso vuelve a poner el foco sobre el vínculo entre Davis y los denominados «criptobros» argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes oficiaron de nexo con el presidente. Ambos están imputados, junto al mandatario y su hermana, en la causa que tramita en los tribunales porteños a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano.
Novelli y Terrones se adjudicaron el proyecto «Viva la Libertad» en un escrito judicial, donde describían —igual que Davis y Milei— que había sido pensado para ayudar de manera «altruista» a emprendedores. Sin embargo, este proyecto nunca se concretó.
Operaciones sospechosas y pagos millonarios
Los demandantes denuncian que Davis «prometió ‘reinvertir el 100% de los fondos bajo su control’, pero no lo hizo». En cambio, según el escrito, reembolsó 5 millones de dólares al director ejecutivo de Barstool Sports, Dave Portnoy, «a pesar de haber descrito públicamente los reembolsos de los inversores como ‘una locura'».
Esta devolución pública permitió identificar la billetera desde la cual se movieron los fondos, lo que posibilitó rastrear operaciones dudosas. El ingeniero Fernando Molinas identificó pagos millonarios en fechas clave vinculadas al lanzamiento de $LIBRA, incluso coincidentes con la visita de Davis a la Casa Rosada el 30 de enero. Estos movimientos, que superan los 5 millones de dólares, deberán ser analizados en el expediente argentino por sospechas de pagos irregulares.
Acusaciones de lavado y conspiración
Para los abogados estadounidenses, Davis y Chow no merecen confianza. Los acusan de «blanquear el producto de la delincuencia a través de múltiples billeteras, amenazar con enviar activos a Argentina, referirse explícitamente a los fondos congelados como su ‘apalancamiento’ y ofuscar deliberadamente las relaciones de control».
Respecto a Meteora y Chow, el escrito subraya que «colaboraron secretamente con Kelsier para orquestar el fraude de LIBRA, extrayendo millones mientras se promocionaban públicamente como protectores de los inversores minoristas».
El misterioso Julian Peh
Julian Peh, el hombre de Singapur cuyo ingreso a Argentina nunca pudo ser constatado pese a que la Casa Rosada lo registra como parte de una reunión con Milei en el contexto del Tech Forum, tampoco se presentó en los tribunales estadounidenses. El fiscal Taiano pidió información a Interpol y al país de origen del empresario.
La situación en Argentina
En plena feria judicial, la causa $LIBRA a cargo de Taiano y Servini parece en aparente quietud, aunque se fueron sumando elementos que deberían activar el expediente. Entre estos figuran las transferencias millonarias desde billeteras de Davis, algunas coincidentes con su última reunión con Milei, y otras con la apertura de dos cajas de seguridad por parte de Novelli el 4 de febrero, posteriormente vaciadas por su madre y hermana el primer día hábil tras el tuit presidencial.
La querella de Martín Romeo había solicitado información a la exchange Binance sobre quienes inyectaron fondos a billeteras que habrían tenido información privilegiada para comprar $LIBRA. El informe llegó a la fiscalía, pero no fue compartido con las partes y fue enviado directamente a la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI).
Ahora aparecen otros nombres de bancos virtuales que intervinieron en las operaciones: Kraken, Gate.io y Bitget, cuya información podría ser clave para rastrear no solo una posible estafa, sino la existencia de presuntos sobornos.
Sectores jurídicos consultados sostienen que solo por el tuit, Milei ya debería ser indagado. Además, aún está pendiente conocer el contenido de las comunicaciones de Novelli y del exasesor de la Comisión de Valores Sergio Morales, también imputado en la causa.
Puntos clave:
- Demanda en Nueva York acusa a Milei de promoción «estratégicamente programada» del fraude $LIBRA
- Los abogados reclaman congelamiento de 57 millones de dólares cripto para garantizar restituciones
- Más de 40.000 inversores perdieron 280 millones de dólares en el esquema fraudulento
- Audiencia clave fijada para el 19 de agosto determinará el futuro del caso
- Investigaciones en Argentina avanzan sobre presuntos pagos irregulares y sobornos
Denuncia
“No hay delito”: el Gobierno da por cerrado el caso Bolsonaro antes de que la Justicia responda
Con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra todavía fresco, el oficialismo descuenta que la denuncia por la salida de Flávio Bolsonaro vía Puerto Iguazú no pasará de una etapa preliminar. La fiscal Paloma Ochoa, sin embargo, aún espera datos que podrían definir si hubo incumplimiento de funciones.
“No hay delito”, repiten en el oficialismo, aunque la Justicia todavía no respondió la pregunta central: si las autoridades argentinas sabían que Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil.
La frase resume el estado de ánimo de la Casa Rosada respecto de la denuncia que presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El expediente tramita en Comodoro Py, en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, y por ahora es solo una investigación preliminar, una instancia previa a una pesquisa formal. Según trascendió de operadores judiciales cercanos al Gobierno, en el oficialismo consideran que no existen posibilidades de que se abra una causa “real” sobre el ingreso y la salida de Bolsonaro.
El recorrido de Bolsonaro y las sospechas sobre el Gobierno
El senador y excandidato presidencial brasileño, que perdió el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, dejó su país el martes por la noche y cruzó a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, Misiones. Según confirmó la Cancillería argentina, ingresó por vía terrestre a las 22:50. Recorrió luego poco más de 20 kilómetros hasta el Aeropuerto Internacional Iguazú, donde abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly rumbo a Estados Unidos.
Las denuncias que llegaron a los tribunales recogen las sospechas que circularon en los medios en los últimos días: desde una supuesta cooperación política de Milei hasta menciones al asesor Santiago Caputo por una aparente colaboración operativa. También alcanzan a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), por los trámites migratorios y la presunta asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El viernes, el diputado nacional Esteban Paulón amplió una presentación que había hecho en Comodoro Py y apuntó contra el titular de esa fuerza y contra integrantes del Ente Binacional Yacyretá, que habrían tenido alguna participación en la trama.
Los dos argumentos que sostienen la confianza oficial
El Gobierno se apoya en dos elementos. El primero es que la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú desestimó una denuncia por el ingreso del excandidato al país al concluir que no hubo irregularidades en el accionar migratorio, decisión que respaldó la Fiscalía de Revisión. El segundo es que en Buenos Aires todavía no existe una causa formal. La fiscal Ochoa no impulsó la investigación apenas recibió la denuncia: le sugirió a la jueza Capuchetti una serie de medidas preliminares para definir, a partir de sus resultados, si corresponde avanzar hacia una pesquisa más amplia sobre las eventuales responsabilidades de funcionarios.
Esas medidas incluyen un exhorto al Gobierno nacional para que preserve las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Iguazú de los días 27 y 28 de octubre, y pedidos de informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles al avión de Baires Fly en el que Bolsonaro viajó con su familia y sobre los pasajeros que abordaron.
La pregunta que todavía no tiene respuesta
Una de las medidas más importantes apunta a determinar si las autoridades argentinas recibieron algún exhorto o aviso sobre la situación judicial de Bolsonaro y la prohibición de abandonar el país que dispuso el juez Alexandre de Moraes. Ese dato es central para establecer un eventual incumplimiento de funciones por parte de funcionarios argentinos, y es justamente el que el oficialismo no explicó.
Por ahora, Migraciones sostuvo que no existía “ningún impedimento legal” para el ingreso, algo que el jueves ratificó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Del lado brasileño, la Policía Federal informó que no constan registros de la salida de Bolsonaro y su familia, a pesar de que De Moraes también había dispuesto insertar una alerta migratoria en el sistema Sonar, que se usa en ese país para controlar los desplazamientos internacionales.
Las autoridades brasileñas aclararon además, en un mismo comunicado, que una restricción vinculada con los documentos de viaje no alcanza por sí sola para considerar fugitivo a alguien ni para autorizar un arresto, una vigilancia permanente u otras medidas cautelares. Ese punto explicaría por qué Migraciones no encontró alertas ni impedimentos en la madrugada del miércoles, cuando Bolsonaro y su familia ya volaban rumbo a Miami.
Lo que viene en Comodoro Py
La semana próxima podría haber una definición sobre la denuncia de Solano. Una vez que llegue la información requerida, lo esperable es que Capuchetti se la remita a la fiscal Ochoa, quien deberá dictaminar si corresponde impulsar la investigación y, en ese caso, proponer medidas de prueba. La fiscal también puede pedir la desestimación de la denuncia si no encuentra elementos. Hasta entonces, la tranquilidad oficial descansa en una expectativa y no en una resolución judicial.
Lo que tenés que saber:
- En el Gobierno aseguran que “no hay delito” y confían en que la denuncia de Gabriel Solano no prospere.
- La fiscal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares y todavía no impulsó una investigación formal.
- La Fiscalía de Puerto Iguazú desestimó otra denuncia por falta de irregularidades migratorias, y la Fiscalía de Revisión respaldó esa decisión.
- Una de las medidas clave busca saber si Argentina recibió aviso de la prohibición de salida dictada por Moraes.
- La semana próxima podría haber una definición sobre si la causa avanza o se desestima.
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