Por Alejo Brignole

El fiscal Javier Baños, un destacado referente dentro de la Justicia Penal en la provincia de Buenos Aires, presentó su renuncia al cargo que ejerce en Morón desde hace una década y media debido al incumplimiento manifiesto de los procesos administrativos dentro de sistema judicial moronense. También a la permanencia de elementos que -según Baños- deberían ser apartados del propio sistema.

Desde hace unos años los sectores afines a las políticas neoliberales en nuestro país, con una buena parte de la población manipulada por las usinas comunicacionales, han instalado la premisa de una sociedad meritocrática, eficiente y del todo contraria al Estado subsidiario. Segmentos sociales que se oponen a cualquier política que contenga a la pobreza mediante programas de asistencia. Sin embargo, en la intimidad de ese discurso prevalece una realidad muy distinta a la enunciada, pues esa dialéctica importada, vacía de contenidos, tiene poco que ver con nuestra historia colectiva.

Aquellos que promueven la lógica propia de los mercados sustentada en esa meritocracia, parecen obviar que en este país (y ellos mismos) son evasores de impuestos consuetudinarios, sobornadores metódicos e industriales mediocres que no innovan ni investigan, excepto cuando se trata de crear condiciones para mendigar los millonarios subsidios del Estado nacional a las grandes empresas. Esta dinámica llena de dobleces, igual que el discurso meritocrático, tiene efectos múltiples –casi siempre negativos– y escenarios muy diversos. Entre ellos la Justicia.

Allí también los verdaderamente aptos, los de trayectoria destacada y con múltiples méritos académicos o intelectuales, son muchas veces marginados por el sistema que, en ocasiones, promueve a los menos merecedores y ensombrece a los que podrían enriquecer desde adentro las estructuras institucionales.

El caso del Fiscal Javier Ignacio Baños del Departamento Judicial de Morón puede servir de ejemplo claro en este debate que está lejos de clausurarse. Baños acaba de presentar su renuncia ante el Procurador General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, en una extensa carta exponiendo las profundas razones que lo llevaron a esa decisión, entre las que se encuentran las graves omisiones a los procedimientos legales que el propio sistema judicial debería observar en primer lugar. El funcionario saliente también señaló el deterioro progresivo institucional en varios de sus aspectos más sensibles.

El fiscal Javier Baños, que sirvió como funcionario judicial durante los ultimos 25 años, no sólo ha advertido en reiteradas ocasiones la vulneración de los códigos éticos que la Justicia no puede dejar de preservar en sus funciones, sino también las prácticas fallidas que ya son de uso corriente en la promoción de jueces y fiscales, no siempre a tenor de sus méritos reales y trayectorias.

Sin dudas, buena parte de ciudadanía se pregunta… ¿Cuáles son los códigos usuales en la ética judicial para el desempeño de sus funciones? ¿Por qué el sistema naturalizaba que un Fiscal de la Nación como Alberto Nisman visitara con enorme frecuencia la embajada estadounidense para recibir instrucciones? ¿O cuáles son las razones profundas por las que el juez Claudio Bonadío murió sin que nadie le sustanciara juicio político por ejercer la ley como arma de combate y sin respetar el debido proceso, que es una garantía constitucional indeclinable?

Estas inquisiciones inevitables que subyacen y que interpelan a los que administran la Justicia, servirían también en el ámbito del Departamento Judicial de Morón, en donde su Fiscal General, Federico Nievas Woodgate fue apartado de sus funciones por vinculaciones manifiestas en casos de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (Woodgate libró la orden para que un líder montonero que cayó preso a mediados de 1975, Ángel Georgiadis, fuera trasladado en diciembre de 1976 a otro centro de detención donde fue asesinado días más tarde).

La pregunta axial en el ámbito moronense sería: ¿Por qué un Fiscal General sospechado de complicidad de genocidio puede designar sucesores para el puesto que forzosamente deja vacante. Incluso mantener un statu quo provisorio pero intacto en el ámbito de la Justicia local? Sobre todo cuando en Morón existen funcionarios de gran trayectoria y altos estándares académicos como el propio renunciante fiscal, Javier Baños.

Quizás la respuesta está en la judicialización de la política, el lawfare muchas veces encriptado en simples decisiones administrativas y, sobre todo, en las grietas de un sistema judicial que no termina de definir una axiología interna con fines administrativos. Una que habilite a los verdaderamente meritorios, y no lo contrario.

La enérgica renuncia del fiscal Baños constituye, probablemente, un gesto terminal preñado de pundonor y aferrado a valores que el sistema judicial tiene, o debería tener. Una renuncia producida por el deterioro que el saliente fiscal ya no pudo seguir tolerando y que quedó expuesta cuando el 19 de setiembre del 2018 imputó al intendente Ramiro Tagliaferro y a todos sus concejales por ordenar el retiro del busto de Néstor Kirchner de la plaza de Morón.

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En esa oportunidad, Baños imputó al ex marido de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal por los delitos de “abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público” por no observar la ordenanza que exigía realizar una audiencia pública antes de retirar un monumento de la plaza. Tras las actuaciones, para el fiscal Baños quizás resultó evidente que la judicialización de la política es una calle de doble vía. Lo habrá comprobado cuando el Fiscal General de Morón, Federico Nievas Woodgate –hoy apartado hasta que se establezcan sus vinculaciones con los genocidas– desmanteló las fiscalías de investigación y juicio, uno de cuyos titulares era el fiscal Baños. Y todo se hizo apenas iniciada la causa contra Tagliaferro, designando al fiscal Baños –¿casualmente?– de manera ilegal y arbitraria en una dependencia judicial con casi nulas competencias investigativas. Es decir, se lo congeló virtualmente en los rincones del sistema para que no moleste al poder político de turno.

Debido a los vínculos de Woodgate con el terrorismo de Estado y su suspensión judicial, hoy fungen como Fiscales Generales interinos del Departamento Judicial de Morón, Karina Iuzzolino y Alejandro Varela y lo hacen sin las debidas cartas credenciales que podrían ameritarlos por encima del renunciante fiscal Baños, lo que constituye una evidente muestra de “dedocracia administrativa”. Ambos magistrados, pertenecientes al entorno de Woodgate, ejercen la jefatura de la fiscalía general de Morón con el agravante de que el dedócrata es un sospechado de delitos de lesa humanidad que actúa e influye en las sombras de un poder judicial provincial en el que aún sobreviven trazas de lo peor que enquistó el macrismo en sus años de gobierno.

El texto de la renuncia del fiscal Baños contiene críticas muy claras y términos categóricos para describir lo que él cree, es una crisis sistémica grave del sistema judicial. Entre ellas, que las prácticas usuales “prescinden del texto de la ley contradiciendo abiertamente la disposiciones del código de procedimiento penal vigente en la provincia de Buenos Aires” y también que se “invaden competencias propias de otros poderes y del Consejo de la Magistratura”.

Javier Baños es considerado en el ámbito académico del Derecho, una figura de referencia en la Provincia de Buenos Aires, no solo por la veintena de libros de su autoría en materia penal y doctrina jurídica, sino también por su extendida labor docente ejercida junto a figuras de enorme prestigio como Eugenio Raúl Zaffaroni y Maximiliano Rusconi, desde las tres cátedras de las diferentes universidades en las que revista como profesor titular regular, las cuales obtuvo –aclara Baños– “por concurso público de oposición y antecedentes, y no por el dedo de algún amigo político”.

En este sentido, Baños ha declarado en algunos medios que su nuevo horizonte a partir de ahora, en tanto investigador y estudioso del Derecho argentino, estará “en continuar ejerciendo la abogacía y la docencia para que la Justicia supere definitivamente su pathos estructural, que no es sólo administrativo, sino también humano y político”.,

Al ser consultado sobre esta decisión durante el actual gobierno que levanta banderas de inclusión social y restauración soberana, el fiscal Javier Baños se mostró optimista en cuanto a los estándares que los gobiernos justicialistas suelen tener en materia jurídica. También añadió que son muchos los funcionarios a los que él guarda un merecido respeto dentro de la actual gestión de Kicillof: “Ellos, seguramente, ya tienen en su agenda lograr las condiciones objetivas para una Justicia más plena y transparente” ­–afirmó.

Baños también destacó la enorme solvencia académica y profesional del ex rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, que actualmente se desempeña como secretario general de la gobernación –el Dr. Federico Thea– a quién señaló como un joven intelectual de excepcional calibre. “El desafío que tienen los nuevos funcionarios en el ámbito judicial es enorme, pero creo que todo dependerá de la voluntad política de esta gestión que podría generar avances muy trascendentes en el ámbito de una institución judicial muy golpeada por el descrédito, a causa de algunos elementos que deberían ser desechados o revisadas sus competencias.” Y agregó: “Mi renuncia es un acto de protesta. Un llamado de atención contra los viejos resabios de una Magistratura en decadencia que debe ser renovada. No se me ocurre nada mejor que una reforma que venga de la mano de la juventud y de las universidades nacionales para emprender esta tarea.”

Al ser preguntado por su intervención como fiscal en la causa que se iniciara contra el ex marido de la exgobernadora Vidal en defensa de la memoria de Néstor Kirchner en Morón, se limitó a señalar: “Sólo apliqué la ley. Hice lo que tenía que hacer: cumplir con mi deber de investigar delitos. Soy consciente de que al hacerlo pude haber herido sensibilidades de una parte de nuestra sociedad. De esos sectores que niegan lo popular, lo latinoamericano y lo soberano como valores primordiales de nuestra construcción nacional”.

Sobre el balance de su gestión en el ámbito judicial, el fiscal Baños (46) declaró: “En estos 25 años en la justicia provincial he dejado todo lo que tenía: la juventud, las energías y el tiempo. El tiempo es algo que no vuelve. Le di lo mejor de mi vida al poder judicial. Después de ver las más espantosas realidades, todavía amo la Justicia y tengo fe en el derecho. Me parece que pocas instituciones en una sociedad pueden ser tan nobles como la de administrar Justicia. No me arrepiento de mi carrera judicial. Ahora llegó la hora de presentar mi renuncia y estoy en paz. Moralmente en paz. En estos 15 años como fiscal he tratado de dar lo mejor de mí”.

Alejo Brignole* es escritor y analista internacional, Premio Novelia 2007 en España y miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Sus artículos de análisis internacional son publicados en varios países y traducidos a varias lenguas.