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Denuncia

ADEPA denuncia censura en el fallo judicial que prohíbe hablar de Jorge Lanata

La sentencia surge en el marco de una disputa familiar. Las hijas del periodista, Bárbara y Lola, realizaron una presentación en la que solicitaron de «forma urgente» la designación de una red de apoyo provisoria para su padre.

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El Argentino Diario-Jorge Lanata.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) rechazó el fallo de un tribunal que prohíbe a los medios de comunicación hablar sobre el periodista Jorge Lanata y su esposa, Elba Marcovecchio. La entidad afirmó que la medida representa un caso claro de «censura previa», lo que vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales.

Censura previa y libertad de expresión

ADEPA emitió un comunicado en el que expresó su profunda preocupación por la decisión judicial, que impide «la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación» sobre Lanata. «Se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa», sostuvo la entidad.

En el mismo comunicado, ADEPA hizo referencia al artículo 14 de la Constitución Nacional y al artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, los cuales «son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los violentó». Estos artículos garantizan el derecho a la libertad de expresión, prohibiendo cualquier tipo de censura previa.

Precedentes internacionales

ADEPA subrayó además el impacto de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha dejado en claro que cualquier medida que impida el ejercicio de la libertad de expresión antes de su publicación, incluidas las judiciales, constituye censura. Uno de los casos más emblemáticos que mencionó ADEPA fue el de la película La Última Tentación de Cristo contra el Estado chileno, donde se resolvió que el impedimento de su exhibición representó una violación a la libertad de expresión.

«El juez, en tanto funcionario estatal, tiene vedado decidir qué es lo que puede ver o escuchar la ciudadanía. Los periodistas son responsables por lo que publican, pero esa responsabilidad solo se puede hacer efectiva con posterioridad a la publicación», destacó ADEPA en su texto.

El peligro para la democracia

ADEPA alertó que este tipo de decisiones judiciales «pueden ser fácilmente utilizadas para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes». Según la asociación, esto «representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público», debido a que limita la capacidad de los medios para ejercer su rol de control y difusión de la información.

El conflicto en torno a la salud de Lanata

El fallo judicial surge en el marco de una disputa familiar. Las hijas del periodista, Bárbara y Lola, realizaron una presentación ante el Juzgado Nacional en lo Civil de Familia número 8, solicitando «en forma urgente» la designación de una red de apoyo provisoria para su padre, quien permanece internado desde hace tres meses.

Este mismo juzgado aceptó la solicitud de prohibir la difusión de información sobre la situación de salud de Lanata, así como el conflicto entre sus hijas y su esposa por el patrimonio del periodista.

La decisión judicial que impide a los medios hablar sobre Jorge Lanata ha generado una fuerte reacción por parte de ADEPA, que califica la medida como censura previa. Según la entidad, la resolución judicial atenta contra principios básicos de la libertad de expresión consagrados tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales, y podría establecer un precedente peligroso para el periodismo independiente en Argentina.

Denuncia

Denunciaron a Lucas Ghi por ocultar datos en decretos y Sabbatella cuestionó la falta de transparencia

El exintendente Martín Sabbatella sostuvo que la opacidad en el manejo del Estado suele esconder corrupción y reclamó investigar al Municipio de Morón. La denuncia del exconcejal Francisco Mones Ruiz suma presión sobre Lucas Ghi, en medio de la ruptura del oficialismo local.

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Martín Sabbatella afirmó que la oscuridad en el manejo estatal hace probable la corrupción y pidió investigar al Municipio.

Treinta decretos firmados este año por el intendente de Morón, Lucas Ghi, esconden información sobre el presupuesto municipal, las erogaciones, las contrataciones y el personal, según una denuncia que ya está en manos del Tribunal de Cuentas bonaerense. El caso reabrió un cruce político que atraviesa al propio oficialismo local.

La presentación fue realizada por el vecino y exconcejal de la Coalición Cívica Francisco Mones Ruiz ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, y puntualiza los 30 decretos del jefe comunal publicados durante este año. Fue el exintendente y titular de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quien salió a respaldar el reclamo de transparencia.

Sabbatella: «oscuridad» y corrupción

“Cuando hay oscuridad en el manejo del Estado lo más probable es que haya corrupción”, señaló Sabbatella. El exintendente sostuvo que el Municipio atraviesa hoy lo contrario de lo que ocurrió durante su gestión, y lo comparó con el período en que, según recordó, Morón fue reconocida por sus políticas de transparencia y libre acceso a la información pública.

“Lo que ocurre hoy es lo contrario de lo que pasó cuando gobernamos y fuimos reconocidos en el país y en el mundo por las políticas de transparencia y libre acceso a la información pública. El Municipio es denunciado por temas que dejamos atrás hace 26 años”, consideró.

“Si un Gobierno esconde información seguro que hay algo turbio, algo que no se quiere mostrar porque no es honesto. Por eso es urgente investigar todo lo que pasa en Morón y recuperar el camino de transparencia que caracterizó a nuestros gobiernos”, opinó el dirigente.

Qué dice la denuncia

De acuerdo a lo difundido desde el espacio de Sabbatella, la denuncia de Mones Ruiz señala que en esos 30 decretos se oculta información sobre presupuesto municipal, erogaciones, contrataciones y personal. Se trata de las áreas más sensibles del manejo de fondos públicos de un distrito, y el reclamo apunta a que esos actos de Gobierno sean accesibles para los vecinos.

La denuncia se suma a los pedidos de informe que viene presentando el bloque de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante y que, según se difundió desde ese mismo espacio, el Ejecutivo municipal desoye de manera sistemática.

Una disputa que ya había roto al oficialismo

Desde el entorno de Sabbatella remarcaron que las críticas del sabbatellismo por el accionar poco transparente del Gobierno de Ghi motivaron en gran medida la crisis que derivó en la ruptura del oficialismo. La discusión sobre la transparencia es, entonces, también una pelea de poder dentro del peronismo de Morón.

Sabbatella evitó, de todos modos, limitar el reclamo a su sector. “Celebro que desde distintos espacios políticos se reclame que vuelvan a aplicarse las normas que creamos y se recuperen los institutos de lucha contra la corrupción, de transparencia, de rendición de cuentas y de libre acceso a la información pública, que caracterizaron nuestra gestión de Gobierno”, expresó, y agregó: “Es sano y necesario para la Democracia local y para los vecinos y vecinas de Morón”.

El antecedente que invoca el exintendente

Sabbatella recordó que durante sus años al frente del Municipio se sancionaron normas clave sobre transparencia y se crearon dependencias como las oficinas de Anticorrupción y de Acceso a la Información Pública, destinadas a dejar atrás los negociados que, según su espacio, caracterizaron a Morón antes de 1999. Su planteo es que el Gobierno actual desanda ese camino.

Se trata de una denuncia en trámite y de declaraciones de un dirigente enfrentado con el intendente: hasta el momento no se informó una resolución del Tribunal de Cuentas ni una respuesta del Ejecutivo municipal a los cuestionamientos.

Lo que tenés que saber

  • El exconcejal Francisco Mones Ruiz denunció a Lucas Ghi ante el Tribunal de Cuentas bonaerense.
  • La denuncia puntualiza 30 decretos de este año que ocultan información sobre presupuesto, erogaciones, contrataciones y personal.
  • Martín Sabbatella afirmó que la oscuridad en el manejo estatal hace probable la corrupción y pidió investigar al Municipio.
  • El bloque de Fuerza Patria en el Concejo Deliberante reclama informes que, según su espacio, el Ejecutivo no responde.
  • Las críticas por falta de transparencia motivaron en gran medida la ruptura del oficialismo, según el sabbatellismo.
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