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Denuncia

Denuncian que los despidos en Anses dejan al organismo al borde del colapso

A raíz de los despidos en el organismo, dirigentes políticos y gremiales denunciaron el cierre de delegaciones a lo largo y ancho del país, que dejan a localidades enteras sin los servicios que brinda el organismo.

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Los despidos en diferentes áreas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) en todas las oficinas del país afectan o paralizan las unidades de atención, según denunciaron dirigentes gremiales y políticos, que destacaron que los cierres de las delegaciones dejan a localidades enteras sin los servicios que brinda el organismo.

A ello debe sumarse que, entre martes y miércoles, hay muchas Unidades de Atención Integral (UDAI) que no atienden al público en protesta por los despidos, por la falta de personal, porque no hay servicio de limpieza en esas dependencias y en rechazo al 8% de aumento salarial que ofreció el Poder Ejecutivo.

De acuerdo a fuentes gremiales, el gobierno de Javier Milei desvinculó tanto a personas con contratos como a aquellas que ganaron concursos, a trabajadores que ingresaron en los últimos meses como a los que llevaban más de 20 años en el organismo con planta permanente.

En declaraciones formuladas este miércoles a FM Futurock, Carlos Ortega, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Anses (Secasfpi), indicó que “se despidieron entre el 15 de enero y el viernes pasado a 1.300 compañeros del organismo”.

“Esto es perverso con los trabajadores y con las comunidades. No le podemos pedir a un jubilado que se meta online a la app de MiAnses. La ampliación de oficinas es para poder tener presencia territorial, para que la gente pueda tramitar su jubilación, su AUH, su pensión o pedir reconocimiento de servicios”, advirtió el dirigente sindical.

Más de la mitad del personal despedido, un total de 852, pertenece a dependencias de la provincia de Buenos Aires, donde viven 17 millones y medio de personas (38,2% de la población total del país).

Así, se registraron desvinculaciones en las oficinas de Mar del Plata, Tandil, Villa Gesell, Bragado, Chacabuco, Junín, Pehuajó, Campana, Pilar, Escobar, Brandsen, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Mercedes, Pilar, Carmen de Areco, San Antonio de Areco, San Nicolás, Bahía Blanca, Carmen de Patagones, Monte, Salliqueló, Tres Lomas, Olavarría, Saladillo, San Isidro, San Miguel, Ensenada, La Plata, Berazategui, Magdalena, La Matanza, Avellaneda, Verónica, Quilmes, Lanús, Lomas de Zamora, San Vicente, Vicente López y Ezeiza.

En declaraciones, Felipe Lombardini delegado regional La Plata de SECASFPI -el sindicato de trabajadores de Anses- dijo que “lamentablemente, desde el viernes nos encontramos con 1.500 despidos a lo largo y a lo ancho del país” y detalló que en la región se desvinculó a 9 trabajadores de La Plata, a uno en Ensenada, otro en Berisso, otro en Brandsen y uno más en Verónica.

“Se trata de distintos trabajadores que realizan tareas en todas las oficinas, en su mayoría en atención al público. Muchas dependencias tuvieron que cerrar debido a que todos sus trabajadores fueron despedidos. Con esto, se ve una repercusión en la atención a cada ciudadano que viene a nuestras oficinas a tramitar programas, jubilaciones y pensiones”, describió.

La situación afecta a los beneficiarios de Progresar, Asignación Universal, a jubilados, pensionados, por cuestiones operativas: “Nos quedamos sin capacidad operativa. Ni hablar de las oficinas que cerraron y las ciudades que quedaron sin atención”, apuntó.

El delegado gremial de SECASFPI en Mar del Plata, Víctor Picciuolo, sostuvo este miércoles en un comunicado que “la gestión de Milei tomó la decisión de cerrar la oficina del predio del Hospital Regional de manera abrupta”, y especificó que “entre los despedidos hay empleados de planta permanente con 5 años de antigüedad que fueron echados sin justa causa”.

En la oficina de la Anses trabajaban 18 empleados y, tras los despidos, sólo quedaron cinco trabajadores. “No tiene capacidad de funcionamiento. En el área de jubilaciones no quedó ningún trabajador para atender y en el sector de atención a la ciudadanía solo hay un empleado”, afirmó Picciuolo.

La dependencia abarca a unos 70 mil beneficiarios de 10 barrios de la zona (José Hernández, Parque Palermo, Las Américas, Las Lilas, Regional, Las Heras, Autódromo, Belgrano, Don Emilio y Belisario Roldán).

“Unas 300 personas iban por día a hacer trámites. La oficina está ubicada en un lugar estratégico y brindaba atención a los pacientes del hospital, escuelas y jardines de la zona para agilizar los trámites del organismo. Se venía trabajando muy bien”, enfatizó el delegado.

De igual manera, en Chaco cerraron de manera definitiva las oficinas de Machagai, General Pinedo, Taco Pazo, Sauzalito, Fuerte Esperanza y Barranqueras; y en Córdoba se cerró la UDAI de Brinckmann, en el noroeste de la provincia.

En ese contexto, el diputado nacional chaqueño Aldo Leiva manifestó en declaraciones a radio El Destape que en esa provincia “se cerraron 6 delegaciones del Anses, entre ellas una en el corazón del Impenetrable chaqueño, que es el Sauzalito, donde la gente podía acceder de manera rápida y efectiva ya que no todo el mundo puede viajar, ni todo el mundo tiene Internet”.

En La Pampa ya suman 14 los empleados de Anses cesanteados, y corresponden a las delegaciones de Santa Rosa, Victorica, Santa Isabel y 25 de Mayo; mientras que en Tierra del Fuego se despidió a cinco personas (cuatro en la delegación Río Grande y uno en Ushuaia).

“Hoy no habrá ningún tipo de atención en la sede”, indicó el delegado Leonardo de la Iglesia y puntualizó que los despedidos, 4 de ellos de planta permanente, “atienden a unas 40 personas todos los días, no son ñoquis como quieren hacer parecer”.

En Tucumán quedaron sin operar las sucursales Tucumán II (Muñecas 353), de Famaillá y de Bella Vista, donde llegaron telegramas de despidos para 30 personas, según confirmó a Canal 10 Digital el delegado Gonzalo García Ramírez.

En Río Negro las cesantías fueron 18, a lo que se suma el cierre de las sedes de Cinco Saltos, General Conesa y Luis Beltrán.

Nahuel Micheli, que desde Anses Roca coordina a todos los delegados de ATE en Anses de La Pampa, Neuquén y Río Negro, planteó: “Nos enteramos porque los compañeros nos contaban de que al intentar ingresar al sistema les figuraba inexistente su usuario y que cuando llamaban a Informática o a Recursos Humanos para preguntar, les avisaban por teléfono, así como si fuera un trámite más, que ya no formaban parte del organismo”.

“Esa es la metodología de comunicación de los despidos y, de hecho, de todo el listado de despidos, por lo menos en toda la zona de la Patagonia, no llegó ni el 10% de los telegramas aún”, contó.

Especificó que los trabajadores “siguen yendo y están permitiéndoles en la administración firmar una planilla como para especificar de alguna forma, alguna formalidad administrativa que están ingresando a trabajar, pero ya no tienen sistema, ya no pueden atender al público”.

“En toda la regional son 44, en Rio Negro tenemos 18. El tema es que acá hay diferentes tipos de despidos, o sea, ningún despido es más importante o menos importante que otro, pero también hay despidos tácticos que responden a un deseo claro de que ANSES deje de existir en ciertas localidades”, remarcó.

Por ejemplo, dijo, “en una oficina como la de Luis Beltrán, que tiene tres trabajadores, despiden a tres trabajadores y te cierran la oficina. Entonces ellos dicen que lo único que hicieron fue no renovar sus contratos o despedir a estas personas, pero cierran la oficina, básicamente”.

“Y al otro día de eso, tenés a todo el personal de servicio sacando todos los escritorios, computadores de una oficina, o sea, saqueando la oficina, o sea, que ya estaba todo planificado en un principio”, puntualizó.

A la vez, manifestó: “En Río Negro tenemos a General Conesa, a Cinco Saltos y a Luis Beltrán, que son oficinas que ya no existen más, no funcionan, y Junín de los Andes, en Neuquén, también” y aseveró que “aprovechan estos despidos para empezar a diseccionar el organismo, que es lo que siempre tuvieron pensado, porque esto es un plan mayor al que apuntan que claramente es la privatización de la Seguridad Social”.

“Ahora la gente va a tener que viajar 100, 150 kilómetros, 40 en algunos casos para ir a las oficinas más cercanas que tengan”, remarcó y subrayó que en estas oficinas “hay un cartelito pegado en A4, impreso en Arial, que dice que esta oficina no funciona más, básicamente”.

“Hay puntos más calientes, como en este caso General Roca, Neuquén o Bariloche, que son localidades donde directamente no se está atendiendo el público o se está haciendo muy pocas horas de atención, cubriendo turnos específicos de emergencia”, concluyó.

En tanto, el delegado del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi), Edgardo Rocchi, dijo que el martes en Viedma se realizaron cuatro despidos más: dos en General Conesa con cierre de esa la Unidad de Atención Integral (UDAI). Se trata de seis personas contratadas desde noviembre 2023 hasta diciembre 2024.

La oficina de Conesa que fue inaugurada en mayo 2023, “evitaba que la gente tuviera que viajar a Viedma o a San Antonio para realizar sus trámites”, aclaró.

En Viedma, se continúa con la atención a personas con turno previo y las consultas diarias “sin responsables designados en la jefatura local”, concluyó Rocchi.

En Corrientes hubo 5 despidos y en Neuquén cerraron dos dependencias (las oficinas en Junín de los Andes y Aluminé) y echaron a todos los empleados.

En declaraciones a Es Ahora, de Radio Nacional, el diputado nacional y extitular de Anses en Neuquén, Pablo Todero (Unión por la Patria), explicó que junto a otros legisladores están preparando “un proyecto de comunicación de las distintas provincias y una convocatoria al director ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros, para que venga a explicar al Congreso cómo va a hacer para atender a todas estas localidades”.

En muchas de esas localidades, ahora los jubilados deberán viajar entre 70 y 300 kilómetros para hacer sus trámites relacionados con la Seguridad Social y recibir asesoramiento adecuado sobre las prestaciones y servicios que brinda Anses.

En esas oficinas se llevan a cabo trámites que no pueden hacerse de manera virtual y que tienen que ver con la jubilación, la pensión por fallecimiento, las moratorias, los retiros por invalidez, reclamos o reconocimiento de servicios.

En tanto, en Santa Fe clausuraron las oficinas de Vera y Villa Ocampo, mientras que en la ANSES de la provincia de Jujuy hubo 11 despidos.

Al respecto, la ex directora nacional de Migraciones y diputada nacional por Santa Fe, Florencia Carignano (Unión por la Patria), expresó este miércoles en redes sociales su preocupación por el cierre de las oficinas de la Anses en el norte de esa provincia.

“El cierre de las UDAI en las ciudades de Vera y Villa Ocampo implica, además de la pérdida de puestos de trabajo, dejar a localidades enteras sin una atención básica y fundamental”, planteó en X y rememoró que “hace algunas semanas eliminaron el vuelo que conectaba Reconquista con Buenos Aires y ahora pretenden dejar relegados a los santafesinos que realizan trámites, perdiendo la agilidad en gestiones fundamentales”.

En ese marco, se preguntó: “¿Dónde van a atender las necesidades de esos santafesinos? ¿Tienen un plan B o es un recorte más para seguir complicando a la gente? Basta de castigar al norte de nuestra provincia” y agregó: “A Vera y Villa Ocampo se suma la oficina de San Javier. La desmantelaron dejando más trabajadores en la calle y más santafesinos sin un servicio esencial como el de ANSES. ¿Hasta cuándo van a seguir con esta locura?”.

En igual sentido se pronunció el diputado nacional por Santa Fe Eduardo Toniolli (Unión por la Patria), quien expuso en X: “Cerraron la ANSES en Vera y en Villa Ocampo. En adelante cientos de personas deberán trasladarse a diario a Reconquista para acceder a la seguridad social. El antifederalismo enfermizo del gobierno nacional va contra cualquier posibilidad de arraigo en nuestro interior profundo”.

En un comunicado, los diputados santafesinos Emiliano Peralta y Amalia Granata (Unite Somos Vida) expresaron su preocupación por el cierre de las delegaciones de Anses en la provincia, “afectando el derecho de miles de pensionados y jubilados que tendrán que encontrar sus propios medios para viajar hasta 70 kilómetros a la ciudad más cercana para hacer sus necesarios trámites”.

En Jujuy los despidos de trabajadores de la Anses afectaron la atención que se brinda en la capital provincial, localidades de la Quebrada de Humahuaca y la extensa región de la Puna, indicaron los ex empleados del organismo nacional.

“Los operadores despedidos desde el pasado lunes que no pueden atender a los ciudadanos que permanentemente demanda el acceso a sus derechos en cada oficina de la Anses”, dijo Noemí Isasmendi, exjefa de una de las oficinas del organismo en San Salvador de Jujuy.

El despido de trabajadores produjo que el funcionamiento se realice con “menos de la mitad del personal”, luego de que los empleados y empleadas reciban la carta documento de despido.

“Esta situación afecta de sobremanera la atención tanto en los centros urbanos como en las localidades periféricas de la provincia, teniendo en cuenta que solo en San Salvador en una oficina se atendió a más de 70.000 personas durante el 2023”, agregó Isasmendi.

La desvinculación “arbitraria” de trabajadores se registraron en dos oficinas de la capital provincial, la ciudad fronteriza de La Quiaca y Humahuaca, por lo que los empleados se declararon en alerta y movilización permanente.

DDHH

A 32 años del atentado, la AMIA reclamó que la causa está “cajoneada”

En el acto conmemorativo del ataque terrorista del 18 de julio de 1994, el presidente de la mutual judía, Osvaldo Armoza, cuestionó con dureza a la Justicia federal por el estancamiento de la investigación, exigió avanzar con el juicio en ausencia y reclamó al Gobierno reforzar la seguridad en la Triple Frontera ante la amenaza iraní.

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La AMIA señala a jueces, fiscales y al Gobierno en un reclamo sin respuesta.

A 32 años del peor ataque terrorista de la historia argentina, el país volvió a detenerse ante Pasteur 633 para recordar a las 85 personas asesinadas y más de 300 heridas en la voladura de la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), perpetrada el 18 de julio de 1994. La conmemoración, adelantada este año al viernes 17 en respeto al Shabat, reunió frente al edificio reconstruido del barrio porteño de Once a familiares de las víctimas, sobrevivientes, dirigentes comunitarios y funcionarios nacionales, entre ellos el presidente Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El acto, conducido por el reconocido actor Martín Seefeld, quien perdió a su amigo Fabián Schalit en el atentado, se inició con el sonido de la sirena a las 09:53, la hora exacta en que la explosión destruyó el edificio tres décadas atrás. Bajo el lema «Hoy no podemos perder la memoria», los nombres de las 85 víctimas fueron leídos en voz alta por familiares directos, como ha sido tradición en cada aniversario.

32 años de impunidad: una herida que no cicatriza

El discurso central estuvo a cargo de Osvaldo Armoza, presidente de la AMIA, quien abrió su intervención afirmando que «luego de 32 años, el terrorismo asesino» no logró «vencernos». Sin embargo, la emotividad del reconocimiento a la resiliencia comunitaria cedió rápidamente ante un diagnóstico contundente sobre el estado de la causa judicial. «Nos dejó una herida profunda, y la impunidad no permite que esa herida cicatrice», afirmó Armoza ante un Milei que lo seguía desde la primera fila, visiblemente emocionado.

La frase más lapidaria llegó cuando el titular de la mutual evaluó el desempeño del sistema judicial en el último año: «Durante este último año no se ha producido ninguna novedad relevante en la causa. Es como si estuviese detenida, adormecida o cajoneada«, afirmó. El reclamo de Armoza se inscribe en una historia que acumula décadas de promesas incumplidas, testigos sospechosos, encubrimientos documentados y una arquitectura institucional que parece más funcional a la dilación que a la verdad.

Juicio en ausencia: el laberinto burocrático que no termina

Armoza dirigió su reclamo con nombre y apellido hacia la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, quienes deben resolver la validez constitucional del juicio en ausencia contra los 10 acusados iraníes. «Exigimos que resuelvan de manera urgente y definitiva. No podemos seguir atrapados en laberintos burocráticos ni en debates estériles», reclamó el titular de la AMIA.

La situación tiene ribetes kafkianos: en mayo pasado, la propia Cámara Federal había destrabado el avance del proceso, pero la Cámara de Casación mantiene pendiente el pronunciamiento sobre la constitucionalidad de esa instancia. Uno de los señalados por Armoza, el juez Barroetaveña, se encontraba entre el público durante el discurso. Según consignaron varios medios, al escuchar su nombre mantuvo la mirada baja y apenas intercambió palabras con un colega.

También recayeron cuestionamientos directos sobre el juez federal Daniel Rafecas, titular de la instrucción: «Debe concertar de inmediato los pasos previos al juicio oral. Es incomprensible esta lentitud en permitir que el proceso sobre el juicio en ausencia siga avanzando», señaló Armoza, quien además advirtió que el Juzgado Federal N° 6 lleva seis años sin un magistrado titular y exigió al Poder Ejecutivo cubrir esa vacante.

Basso aplaudido, Miranda cuestionado: la disputa en el Ministerio Público

El presidente de la AMIA marcó una diferencia explícita entre los fiscales intervinientes. Destacó la labor del fiscal Sebastián Basso, aunque le reclamó profundizar la investigación para esclarecer preguntas que permanecen abiertas después de tres décadas: el origen del explosivo utilizado, el lugar donde se ensamblaron los materiales del atentado y la identidad de quienes brindaron apoyo local a la célula terrorista.

En contraste, Armoza calificó como «absolutamente nulo» el accionar del fiscal Gonzalo Miranda y solicitó al procurador general, Eduardo Casal, que revise su designación. El pedido de remoción de un fiscal desde el escenario del acto más visible del año en materia de derechos humanos constituye, por sí solo, una señal de la profunda desconfianza que la entidad judía mantiene hacia sectores del Ministerio Público.

Triple Frontera, pasos internacionales e Interpol: el mensaje a Milei

Sobre el final de su discurso, Armoza giró hacia la dimensión de la seguridad exterior y dirigió un mensaje directo al presidente Milei, quien lo escuchaba de pie en primera fila. «La vulnerabilidad de nuestros límites geográficos es un riesgo que ya no nos podemos permitir», afirmó, con foco en la Triple Frontera y en los pasos limítrofes con Bolivia y Chile como zonas de riesgo ante la presencia de redes vinculadas al terrorismo de origen iraní.

Armoza también reclamó que Interpol mantenga vigentes las alertas rojas contra los acusados y que Brasil declare a Hezbollah como organización terrorista, en tanto la colaboración regional, sostuvo, «no es una opción, es un deber de supervivencia». La mención a una información que relacionaría a Carlos Telleldín, figura clave del encubrimiento, con allegados a diplomáticos iraníes que habría estado en poder de la SIDE por décadas sin ser informada, sumó un nuevo elemento de tensión al panorama judicial.

Puntos clave

  • El presidente de la AMIA, Osvaldo Armoza, afirmó que la causa lleva un año sin novedades relevantes y la calificó como «detenida, adormecida o cajoneada».
  • Exigió a la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal que resuelva «de manera urgente y definitiva» la validez del juicio en ausencia contra los 10 acusados iraníes.
  • Cuestionó al juez Daniel Rafecas por la lentitud en los pasos previos al juicio oral y denunció que el Juzgado Federal N° 6 lleva seis años sin titular.
  • Calificó como «absolutamente nulo» el desempeño del fiscal Gonzalo Miranda y pidió al procurador Eduardo Casal revisar su designación.
  • Reclamó al Gobierno reforzar controles en la Triple Frontera y en pasos con Bolivia y Chile, y solicitó que Interpol mantenga las alertas rojas contra los acusados.
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