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Denuncia

La trama Kovalivker-UATRE que expone vínculos con el núcleo del poder libertario

El juez Casanello busca documentación sobre la droguería que facturó $7.700 millones durante la intervención de la obra social rural. La causa que investiga maniobras para tomar el control de Uatre avanza con pericias telefónicas que comprometen a funcionarios del Gobierno.

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El Argentino Diario-Suizo Argentina, Kovalivker, ANDIS, coimas, Nordelta, investigación judicial, Diego Spagnuolo.

⬛ La Justicia federal apretó este miércoles el cerco sobre la trama de corrupción que investiga la intervención de Osprera, la obra social de empleados rurales. El juez Sebastián Casanello ordenó allanamientos en la sede de la obra social ubicada en Reconquista al 600 y en las oficinas de la Superintendencia de Salud (SSS), con el objetivo de secuestrar documentación vinculada a los contratos con la droguería Suizo Argentina.

El operativo, ejecutado por la Policía Federal, se enmarca en una causa que ya había revelado el entramado millonario detrás de la intervención. Durante los primeros cinco meses de gestión del interventor Marcelo Petroni, Suizo Argentina recibió órdenes de pago por más de $7.700 millones, pese a que una auditoría previa había determinado que Osprera ya le debía a la droguería más de $3.000 millones.

La conexión con el escándalo de ANDIS

La investigación toma un cariz particular cuando se analiza la propiedad de Suizo Argentina. La droguería pertenece a los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, este último aún prófugo tras los allanamientos de agosto, cuando Emmanuel fue interceptado con 266.000 dólares en efectivo mientras intentaba escapar de su casa en Nordelta.

Los Kovalivker ya estaban en el radar judicial por su vinculación con Diego Spagnuolo, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desplazado tras la difusión de audios donde se lo escucha coordinando presuntos esquemas de coimas. En los allanamientos previos a Suizo Argentina se secuestraron libros contables y registros digitales de los sistemas que controlan la droguería.

Funcionarios en la mira

Hace dos semanas, el fiscal Guillermo Marijuan solicitó la indagatoria del secretario de Trabajo Julio Cordero, del interventor en Osprera Carlos Petroni, del diputado nacional Pablo Ansaloni y de otras tres personas. La investigación se había iniciado por una denuncia del titular de la Uatre, José Voytenco, contra sus rivales internos.

El juez Casanello ordenó «reconstruir» las comunicaciones entre los implicados antes de resolver los pedidos de indagatoria. Una pericia al teléfono del interventor Petroni había revelado siete comunicaciones con el secretario de Trabajo Cordero y mensajes de WhatsApp que evidencian una relación de confianza.

Los vínculos con el poder

El caso expone conexiones directas con el núcleo del Gobierno nacional. Según la información proporcionada, el peritaje del teléfono de Petroni reveló el estrecho vínculo con Eduardo «Lule» Menem. En un mensaje a un empleado de la Secretaría de Trabajo, el interventor habría afirmado: «Nosotros somos Lule y Karina».

En las comunicaciones analizadas aparece directamente el apodo de «Lule» Menem, quien está señalado como uno de los impulsores de la intervención. Además, en otras conversaciones Petroni mencionó haberse reunido con Cordero, el ministro de Salud Mario Lugones, y con Martín Menem en la Casa Rosada.

La hipótesis fiscal

Según la hipótesis del fiscal Marijuan, el diputado Ansaloni preparó maniobras para tomar el control de la UATRE y su obra social. Las visitas de Ansaloni a Cordero fueron siete entre agosto de 2024 y enero de 2025.

De resultar citados a indagatoria, todos los implicados deberán responder por hechos que, según la Fiscalía, podrían encuadrar en los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento.

La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, avanza mientras el juez Casanello aguarda el resultado de estas nuevas medidas probatorias para resolver los pedidos de indagatoria que podrían involucrar a funcionarios de primera línea del Gobierno libertario.

Puntos clave:

• El juez Casanello ordenó allanamientos en Osprera y la SSS por contratos con Suizo Argentina
• La droguería de los hermanos Kovalivker facturó $7.700 millones en cinco meses de intervención
• Se investiga un presunto plan criminal para tomar el control de la Uatre y su obra social
• Están en la mira el secretario de Trabajo Julio Cordero y el diputado Pablo Ansaloni
• Las pericias telefónicas revelaron vínculos directos con Eduardo «Lule» Menem

Denuncia

Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad

El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.
De “enriquecimiento ilícito” a “tema de impuestos”: el giro en la causa Adorni que indignó a la oposición.

La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.

El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.

Lo que dijo el fiscal

Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.

Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.

La oposición: “ES JODA”

El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.

La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.

En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.

El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.

El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.

Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero

La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.

Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.

Qué viene

Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.

Lo que tenés que saber:

  • El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
  • No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
  • El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
  • Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
  • Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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