Denuncia
La Matanza denunció en 2022 la toma de tierras y pidió a la Justicia el desalojo
El Municipio, conducido por Fernando Espinoza, lanzó un comunicado ante los hechos de homicidio múltiple ocurridos en una toma de terrenos en una zona de tosqueras abandonadas de González Catán.
El Municipio de La Matanza, que conduce el intendente Fernando Espinoza, advirtió que en 2022 denunció la toma de tierras en la localidad de González Catán, donde el domingo se desencadenó un enfrentamiento que culminó con cinco muertos, y recordó que en 2023 la comuna pidió el desalojo de los usurpadores.
«Ante los hechos de homicidio múltiple ocurridos en una toma de terrenos en una zona de tosqueras abandonadas, en la localidad de González Catán, el Municipio de La Matanza comunica que en 2022 hizo las correspondientes actuaciones policiales y judiciales», indicó el Ejecutivo comunal a través de un comunicado.

Del mismo modo, planteó que «en 2023 instó a la celeridad de la ejecución de desalojo por una denuncia de usurpación de terrenos en la zona en la que se produjeron los incidentes».
«La Justicia dictó la medida de ‘no innovar’, la cual aparentemente no fue acatada vista la supuesta nueva venta de terrenos», se resaltó desde la comuna y se añadió que, «en la práctica, ello significa que, por haber recurrido a la Justicia también quienes usurparon esos terrenos, la decisión se mantiene en un status quo en tanto avanzan las acciones legales».
«La zona, una tosquera abandonada que pertenece a dueños particulares, fue usurpada dos años atrás, circunstancia de la que el Municipio tomó conocimiento por información policial», apuntaron.
El distrito que conduce Espinoza especificó que «de inmediato, se procedió a realizar la denuncia correspondiente en la Fiscalía Descentralizada N° 2, en la actualidad a cargo del fiscal Gastón Duplaa» y graficó que la medida de no innovar «impidió que se desalojara a ninguno de los usurpadores y pretendía que no ingresaran nuevos ocupantes».

La Comuna lamentó los fallecimientos, indicó que para esclarecer los crímenes trabaja la Policía de la provincia de Buenos Aires, bajo las instrucciones del fiscal Adrián Arribas y repudió «este salvaje hecho».
A la vez, detallaron desde el Municipio que el personal local acompaña con su Oficina de Asistencia a las Víctimas a los familiares de los fallecidos y de los heridos.
Finalmente, el Municipio alertó a la comunidad toda sobre «el accionar delictivo de inescrupulosos que aprovechándose de un estado de necesidad, venden tierras ajenas, que tienen dueños y que de ningún modo pueden regularizarse, quedando a merced de futuros desalojos».
Y advirtió: «Si alguien ofrece la venta de un terreno, los vecinos pueden consultar en la Secretaría de Hábitat municipal, que informará quién es el dueño y si ese terreno es factible para construir su vivienda».
El loteo de una plaza para la venta fue el detonante de la discusión vecinal en la que tres hombres efectuaron más de 40 disparos en un predio de tierras tomadas, hecho que sumó ayer la quinta víctima de homicidio con la muerte de un adolescente de 16 años que estaba internado en grave estado, informaron fuentes policiales y judiciales.
Según especificaron las fuentes, allí se llevaba adelante una reunión barrial de la que participaban integrantes de la comunidad boliviana y algunos peruanos asentados en forma irregular en esos terrenos con los llamados «delegados» de la zona, de nacionalidad paraguaya, quienes al parecer les habían vendido esas tierras tomadas a unas 500 familias.
Denuncia
Adorni: el fiscal pidió bajar la carátula y la oposición habló de impunidad
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo que no puede probar el enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete y pidió enviar la causa al fuero Penal Económico para investigar una posible evasión. Varios dirigentes opositores cuestionaron el giro y lo leyeron como una salida a medida, a horas de la llegada del Papa al país.
La causa que debía explicar cómo creció el patrimonio de Manuel Adorni podría dejar Comodoro Py para convertirse en una discusión con el fisco, y la oposición salió a decir que esa es la salida a medida.
El viernes 6 de noviembre, el fiscal federal Gerardo Pollicita presentó un dictamen ante el juez Ariel Lijo en el que concluyó que no hay elementos suficientes para sostener la acusación por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, que renunció el 27 de junio y fue reemplazado por Diego Santilli. Pidió que se declare la incompetencia del fuero federal y que el expediente pase a la Justicia Nacional en lo Penal Económico. No es un sobreseimiento: la decisión final es de Lijo.
Lo que dijo el fiscal
Según el dictamen, el fiscal no pudo refutar la versión de la defensa, que sostiene que Adorni tenía más de medio millón de dólares antes de llegar a la función pública y lo atribuye a inversiones en criptomonedas. El delito de enriquecimiento ilícito exige que el incremento injustificado ocurra después de asumir un cargo, y el período analizado fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026.
Pollicita no descartó, sin embargo, que haya habido irregularidades: planteó que persisten indicios de que ingresos, dólares en efectivo y activos virtuales permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante años, y señaló que la propia defensa reconoció que parte de la información rectificada era “materia antes no declarada”. Por eso propone que el fuero Penal Económico determine si hubo evasión en Ganancias, Bienes Personales u otros tributos, ejercicio por ejercicio, y pidió revisar la actuación de la escribana que intervino en las escrituras.
La oposición: “ES JODA”
El presidente de la Coalición Cívica y diputado por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, escribió en X que “ES JODA” y ironizó con que el cambio de vida del exfuncionario se explique con un pendrive con criptomonedas. “Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno”, afirmó. Enumeró más de US$ 400.000 en efectivo para comprar propiedades y pagar obras, viajes por el mundo, vuelos privados con toda su familia, refacciones en su casa y hasta el uso de tarjetas de crédito de sus empleados, y habló de un nivel de connivencia entre operadores judiciales y poder político que calificó de escandaloso.
La exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Talerico, fue la más categórica: “USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI”. Sostuvo que, con la atención del país puesta en la llegada del Papa, el fiscal pidió que la causa pase a ser “un tema de impuestos, de esos que se arreglan pagando”, y calificó de despreciable aprovechar la visita de León XIV con ese fin. Agregó que el expediente queda ahora en manos de Lijo, “el mismo que con $LIBRA mandó a pasear el expediente”.
En rigor, el sobreseimiento de Javier y Karina Milei y de otros nueve imputados en la causa $LIBRA lo dictó el juez Marcelo Martínez de Giorgi el 23 de octubre, a pedido del fiscal Eduardo Taiano.
El titular del Partido Obrero, Gabriel Solano, habló de “Justicia de clase” y recordó que Pollicita, según dijo, persiguió a dirigentes del movimiento piquetero. Afirmó que el fiscal “acaba de sobreseer” a Adorni, aunque técnicamente no hubo sobreseimiento sino un pedido de cambio de fuero. La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade sostuvo que “el fiscal no tenía que acreditar nada”, porque el enriquecimiento ilícito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe justificar su patrimonio, e ironizó con que había que felicitar al contador por lo que “dibujó” en tantas prórrogas.
El abogado de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, unió esta causa con $LIBRA. Escribió que mientras Taiano pidió cerrar esa investigación sin peritar el celular del Presidente, Pollicita se encamina a cerrar la de Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana: “Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz”. Y agregó: “Nunca vi fiscales que se equivocan siempre para el mismo lado”. También reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que ya fue por $LIBRA, intervenga en este caso.
Pagano pidió que Lijo rechace el cambio de fuero
La diputada Marcela Pagano, autora de la denuncia original, amplió su presentación ante Lijo con datos de la Central de Deudores del Banco Central. Según su escrito, la cuenta de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, en el Banco Galicia registró gastos de entre 13 y 18 millones de pesos por mes entre junio y septiembre, cuando su marido ya había dejado el cargo y el salario estatal. Pidió que el juez rechace la incompetencia, oficie a bancos y a ARCA, cite a Adorni a indagatoria y habilite la intervención de la PIA.
Pagano recordó además que el enriquecimiento ilícito puede investigarse hasta dos años después de concluida la función pública, un período que, según sostiene, la fiscalía no analizó.
Qué viene
Lijo deberá resolver si acepta la incompetencia y envía el expediente al fuero Penal Económico, o si mantiene la causa en Comodoro Py, como pidió Pagano. La Justicia ya había ordenado peritar las billeteras de criptomonedas del exjefe de Gabinete. El dictamen no cierra la causa, pero cambia su naturaleza: de explicar un patrimonio construido durante la función pública a discutir cuentas con el fisco.
Lo que tenés que saber:
- El 6 de noviembre, Pollicita dictaminó que no hay elementos para sostener el enriquecimiento ilícito de Adorni y pidió pasar la causa al fuero Penal Económico.
- No es un sobreseimiento: el juez Ariel Lijo debe decidir si acepta la incompetencia.
- El fiscal no pudo refutar que Adorni tuviera más de medio millón de dólares antes de asumir, pero planteó que ingresos, dólares y criptoactivos quedaron fuera de sus declaraciones durante años.
- Ferraro, Talerico, Solano, Frade y Dalbón cuestionaron el dictamen y hablaron de impunidad.
- Pagano amplió la denuncia con datos del Banco Central y pidió que Lijo rechace el cambio de fuero.
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