Denuncia
La droguería Suizo Argentina cuestiona denuncia por sobornos y alerta por desabastecimiento
Los empresarios denuncian «caza de brujas» y cuestionan la legalidad de los audios que sustentan la investigación judicial.
⬛ Los propietarios de la droguería Suizo Argentina presentaron un pedido formal de «nulidad absoluta» de la investigación judicial que los involucra por supuestos sobornos, tras denunciar que se trata de una «caza de brujas» basada en audios obtenidos de manera ilegal y adulterados. El reclamo se produce en medio de tensiones por el abastecimiento nacional de medicamentos.
Pedido formal de nulidad por violación al debido proceso
El abogado defensor Martín Magram presentó el viernes pasado ante el juez federal Sebastián Casanello un escrito en nombre de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, junto a su padre Eduardo, solicitando la declaración de nulidad de toda la causa judicial.
«Vengo a impetrar esta nulidad absoluta en virtud de la violación flagrante al derecho de defensa en juicio de mis ahijados procesales así como la vulneración al debido proceso, al haber sustanciado una verdadera caza de brujas mediante la merituación de unas grabaciones adulteradas y obtenidas de forma ilícita», consignó el letrado en el documento.
La investigación se originó a partir de audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo, que supuestamente comprometerían a la empresa farmacéutica en el pago de coimas.
Cuestionamientos a la metodología investigativa
Magram denunció que la causa se desarrolla con «oscurantismo» y comparó el proceso con «épocas superadas donde la delación e infundada sospecha eran material suficiente para encarcelar y suprimir cualquier derecho reconocido en un estado democrático».
El defensor caracterizó la investigación como «una insólita expedición de pesca que se ha manifestado en múltiples allanamientos, secuestros de objetos personales, requisas, extracción de información de dispositivos móviles privados», describiendo el proceso como «un verdadero proceso que recuerda más bien a etapas de la historia argentina que quisiéramos considerar superadas».
Resistencias en nuevo allanamiento
El mismo viernes que se presentó el pedido de nulidad, el fiscal Franco Picardi realizó otro allanamiento en la sede de Suizo Argentina, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. Durante el procedimiento, la empresa habría ofrecido resistencias para entregar lo solicitado por la justicia, incluyendo acceso a correos electrónicos y claves de sistemas informáticos.
Advertencia sobre impacto en abastecimiento nacional
En su presentación judicial, la defensa alertó sobre las consecuencias que podría tener la investigación en el suministro de medicamentos a nivel país. El escrito señala que el proceso «ha causado un inconmensurable perjuicio reputacional a ciudadanos que jamás tuvieron problema legal alguno y a empresas cuyo daño podría poner en jaque el abastecimiento de medicamentos a nivel nacional».
Impugnación de los audios como prueba
Respecto a las grabaciones que sustentan la acusación, Magram sostuvo que «no es posible» conceder «ningún valor a semejante prueba, salvo que el respeto a la Constitución no importe, o no sea tomado en serio».
El abogado advirtió sobre las implicancias de admitir este tipo de evidencia: «salvo que queramos incitar a todo el mundo a convertirse en una especie de detective privado buscando pruebas para cargarse a su enemigo político, empresarial o simplemente personal».
La defensa sostiene que las grabaciones fueron adulteradas y obtenidas mediante procedimientos ilegales, lo que las invalidaría como elemento probatorio en el proceso judicial.
Puntos clave:
- Los dueños de Suizo Argentina pidieron la nulidad absoluta de la causa por presuntos sobornos
- Denuncian que los audios fueron obtenidos ilegalmente y están adulterados
- Caracterizan la investigación como una «caza de brujas» con violación al debido proceso
- Advierten sobre posible impacto en el abastecimiento nacional de medicamentos
- El fiscal realizó un nuevo allanamiento con resistencias por parte de la empresa
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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