El equipo jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario solicitó al Tribunal Oral Federal 1 (TOF1) que dicte prisión preventiva a los 20 procesados por delitos de lesa humanidad en la causa conocida como «Villazo», que aguardan el juicio en libertad, informaron fuentes del organismo.

A través de una presentación escrita ante el TOF1 de Rosario, la APDH requirió esa medida frente al «peligro de fuga y entorpecimiento procesal» de los imputados que permanecen en libertad, indicaron a Télam fuentes de la querella.

El organismo defensor de los derechos humanos recordó que en la causa hay un solo procesado que cumple prisión preventiva, mientras que otros cuatro fueron beneficiados con la prisión domiciliaria.

En un comunicado señalaron que «los demás, que gozan impunemente de libertad, representan un serio y real riesgo de fuga y con ello, la frustración del inicio del juicio que ya lleva 48 años de espera».

Si bien el Tribunal aún no fijó la fecha de inicio del proceso oral por los hechos conocidos históricamente como «Villazo», por la ocupación militar, policial y paramilitar de la ciudad santafesina de Villa Constitución a partir del 20 de marzo de 1975, está previsto que se sustancie en el segundo semestre de este año, indicaron desde la delegación local de la APDH.

«La petición exige que los procesados por la causa del ‘Villazo’ esperen el inicio de juicio con la imposición de prisión preventiva en cárcel común», indicó el organismo.

La causa por el «Villazo» juzgará homicidios, torturas, privación ilegal de la libertad y asociación ilícita, cometidos en perjuicio de 67 víctimas, en su mayoría integrantes de la Lista Marrón de la delegación Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), liderada por Alberto Piccinini, que entonces estaba enfrentada a su conducción nacional, en manos del histórico dirigente Lorenzo Miguel.

El único imputado que se encuentra con prisión preventiva es el expolicía federal Roberto Raúl Squiro, mientras que los acusados Roberto Pellegrini, Ricardo Torralvo, Antonio Federico Bossié y Bernardo Luis cumplen prisión domiciliaria.

Los restantes 20 procesados están en libertad a la espera de la realización del juicio.

«Desde la APDH exigimos proteger este proceso de lesa humanidad, que tanto camino ha recorrido en estos 10 años de lucha judicial y en las calles de sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos», agregó la querella de la APDH.

El «Villazo» se inició el 20 de marzo de 1975, cuando un conjunto de tropas militares, policiales y parapoliciales «ocupó» la ciudad ubicada en el sur de Santa Fe y cometió homicidios, secuestros y tormentos sobre militantes sindicales y políticos.

Según la investigación, ese proceso represivo ofició como «laboratorio» de lo que un año después se extendería a todo el país tras el golpe de Estado a la presidenta María Estela Martínez de Perón.

Entre los acusados hay dos empleados jerárquicos de la empresa Acindar, que de acuerdo a la investigación prestó sus instalaciones para la represión ilegal de sus obreros, brindó información sobre ellos y pagó sobresueldos a policías para la persecución de los militantes de la Lista Marrón de la UOM.