Chaco
Violencia de género y femicidio: detalles del crimen de Cecilia
Así lo determinó Nelia Velázquez, una de las fiscales que integra el equipo que ayer dispuso dictarle la prisión preventiva a los siete imputados.
Nelia Velázquez, una de las fiscales que integra el equipo que ayer dispuso dictarle la prisión preventiva a los siete imputados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, aseguró hoy que el crimen de la joven de 28 años se dio «en un contexto de violencia de género» y que fue «premeditado» por los tres principales acusados del clan Sena.
«De las pruebas y testimoniales hemos llegado a la conclusión de que se trata de una cuestión en un contexto de violencia de género», afirmó esta tarde Velázquez al canal de noticias C5N.
La integrante del Equipo Fiscal Especial (EFE) especialmente conformado para esta causa, señaló que por testimonios, chats y hasta por lo que contaba la propia víctima, ella «estaba con una persona bajo un sometimiento de violencia psicológica y económica» y que había entre ambos «una relación desigual de poder».
Consultada sobre el rol de los suegros de Cecilia, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, la fiscal respondió que «están con la imputación de un homicidio calificado por el concurso premeditado por dos o más personas».
«Con las pruebas incorporadas llegamos también a la conclusión de que se inventó toda esta cuestión de un viaje previo, de que iban a ir a vivir a Ushuaia, que iban a tener un trabajo bien remunerado y una casa y en todo ello Cecilia cría y estaba convencida de este viaje», explicó.
«Hemos llegado a sus búsquedas de Google de cómo preparar una valija, como era el avión. Se corroboró que no tenían pasajes, ni Cecilia ni César, en todas las empresas aérea y terrestres», agregó.
Velázquez remarcó que para la fiscalía el crimen «fue totalmente premeditado» y al referirse a la casa de los Sena, en la calle Santa María de Oro 1.460 de Resistencia, señaló que estos tres imputados «llevaron al lugar del hecho a propósito con este engaño a Cecilia, lugar donde le dieron muerte».
«Si bien hoy no podemos afirmar cómo fue de qué manera y qué rol ocupó cada uno, sí los tenemos situados en la fecha, en el tiempo y no solamente por las cámaras de una casa vecina, sino también por las celdas de los celulares y la geolocalización», precisó.
La representante del Ministerio Público subrayó que se puede afirmar que «a Cecilia le dieron muerte en ese domicilio, en ese rango horario y cuando se encontraban los tres».
La fiscal sostuvo que más allá de que pudieron haber sentido que actuaban con «impunidad», al manipular el celular de Cecilia «haciéndole creer a la familia que se encontraba en Buenos Aires y que Cecilia había roto su celular, quizás ellos pensaron que iban a tener mucho más tiempo y ya no íbamos a contar con las pruebas que fueron recolectadas en los lugares del hecho».
Sobre las pericias pendientes, informó que «se va a trasladar con la cadena de custodia pertinente los restos óseos al laboratorio del equipo antropológico de Córdoba», donde ya les adelantaron que «este estudio suele tardar alrededor de un mes».
También mencionó que deben abrirse más teléfonos y que se espera que el equipo de Bioquímica Legal del Poder Judicial confirme «si son de sangre humana» las muestras levantas que dieron «luminol positivo».
Respecto a la situación de los otros cuatro imputados por encubrimiento -Gustavo Obregón, Fabiana González, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso-, dijo que a pesar del cambio de calificación «deben estar detenidos hasta el juicio porque se puede dar el entorpecimiento en la investigación fiscal».
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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