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Justicia patriarcal: la indignación de testigo del juicio a Darthés
El psiquiatra Enrique Stola cuestionó la asimetría entre víctima y acusado en la justicia brasilera: «¿Cómo no estuvo garantizada la presencia de la víctima en el juicio? Mucho hemos luchado porque puedan tener un rol activo en un juicio. Si todo lo anterior no es asimetría de poder, no sé qué otra cosa puede ser».
El psiquiatra especializado en abuso sexual infantil Enrique Stola cuestionó que a Thelma Fardin se le haya negado la posibilidad de tener un «rol activo» en el juicio que se le sigue al actor Juan Darthés por haberla abusado a los 16 años, y sostuvo que ese hecho muestra la «asimetría de poder» entre el acusado y la víctima.
El pasado jueves, Stola –quien fue perito en el caso Grassi- declaró vía remota como testigo en la última jornada del juicio antes del receso estival
«La pantalla estaba dividida en cuatro partes: en una veía al juez Ali Mazloum, en la otra a funcionarias/os o al intérprete, en la tercera al fiscal y en la cuarta a Juan Darthés y sus tres abogades (2 varones y una mujer)», relató Stola en su cuenta de Facebook.
En la sala de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) desde donde se trasmitió su declaración testimonial, «había funcionariado local y en un momento reconocí al abogado Fernando Burlando» pero, en cambio, del equipo de Thelma Fardin «no había, ni en Brasil ni en la sala».
«Luego supe que no los tenía, que no era querellante, que no se le había permitido por algún tecnicismo estar en la sala allí en Brasil o en la UFEM de Buenos Aires. Que tampoco podía decir nada sobre el juicio ni saber lo que está sucediendo en él», dijo.
«Si esto no es asimetría de poder no sé qué otro nombre tiene. Espero que el señor juez tenga la intención de nivelar esa desigualdad de poder», agregó.
Stola recordó que «el acusado es un hombre mayor con fuertes recursos económicos» que le permite tener «una costosa defensa allí en Brasil y otra, también costosa, aquí en Buenos Aires con Fernando Burlando, personaje mimado del establishment machista y farandulero».
En cambio, «con semi-plena prueba» de que el actor cometió los delitos por los que se lo juzga, «la víctima está obligada a una actitud pasiva, por no tener poder ni dinero, por no tener ninguna protección», agregó.
«Burlando puede estar, ella no. ¿Cómo no estuvo garantizada la presencia de la víctima en el juicio? Mucho hemos luchado porque puedan tener un rol activo en un juicio. Si todo lo anterior no es asimetría de poder, no sé qué otra cosa puede ser», concluyó.
Según Martín Arias Duval, abogado de Fardin, «en una primera instancia» tanto él como su representada estaban «autorizados a presenciar» todo el proceso, pero que el abogado del actor de 57 años presentó un recurso para que no puedan hacerlo y «el juez lo aceptó»
«Supongo que para evitar que después la defensa presente alguna objeción al respecto», dijo.
Iniciado el pasado 30 de noviembre con las declaraciones de Thelma Fardin y Calu Rivero, el juicio a Juan Rafael Pacífico Dabul -nombre real de Darthés- se retomó el pasado jueves con el testimonio de la psicóloga de la víctima, de la actriz Anita Co y del psiquiatra Stola.
Las audiencias continuarán el 4 y el 18 de marzo próximo, cuando testificarán los testigos del acusado y el propio Darthés.
Darthés enfrenta una pena máxima de 12 años de prisión por el delito de «estupro agravado», según la legislación brasileña, lo que corresponde a la carátula de «abuso sexual con acceso carnal».
En 2018, Fardin junto al colectivo de Actrices Argentinas realizó una denuncia pública a través de un video en el que relató en primera persona los hechos ocurridos durante una gira que el elenco de la ficción Patito Feo realizó en 2009 en Nicaragua, donde luego la actriz radicó una denuncia penal.
La actriz acusó al actor de haber abusado de ella que en ese momento tenía 16 años y él 45, en consecuencia la justicia nicaragüense emitió un alerta internacional para la detención del actor, quien negó los hechos en una entrevista televisiva y se refugió en San Pablo, Brasil, su patria natal.
Arias Duval precisó que Brasil no «extradita a sus ciudadanos, pero sí juzga a los mismos por hechos ocurridos» en otras naciones, es por ello que el proceso penal se lleva a cabo en ese país, pero con la articulación del Ministerio Público Fiscal de Nicaragua, donde está radicada la denuncia, y de Argentina, que dispone los medios para certificar los procesos del juicio como las declaraciones de manera virtual, verificar las identidades y que dichos actos se den con las garantías correspondientes.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
DDHH
20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.
Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.
El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.
La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.
La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora
Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.
A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.
La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital
En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.
Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»
La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.
El gobierno que desfinancia y deroga
El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.
En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.
El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.
La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias
Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.
Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI
- La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
- Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
- La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
- El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
- El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.
Foto: Redes @LLUVIADIBUJA
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