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Violación grupal en Palermo: comienza el juicio a los 6 detenidos

Según el requerimiento de elevación a juicio presentado en 2022 por el fiscal Rosende, en este caso hubo «un plan previo, con acuerdo de voluntades y roles» y los seis actuaron en grupo «en aras de satisfacer sus deseos libidinosos» con una víctima que no estaba en condiciones de dar ningún consentimiento”.

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Un tribunal comenzará a juzgar desde el próximo lunes a los seis detenidos por la violación grupal de una joven de 21 años ocurrida hace un año y medio en el barrio porteño de Palermo y todos enfrentarán como coautores una imputación por «abuso sexual agravado», por la que podrían terminar condenados con hasta 20 años de cárcel, informaron hoy fuentes judiciales.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 14 de la Capital Federal y la audiencia inicial está fijada para el lunes a las 9.30 en el edificio judicial de la calle Lavalle 1171.

Luego, habrá otras siete jornadas los días 1, 4, 11, 15, 18, 25 y 29 de septiembre y se prevé la declaración de más de 30 testigos.

El TOC 14 estará integrado por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri, y la acusación estará en manos del fiscal general Fernando Klappenbach.

La víctima -cuya identidad se resguarda para preservarla-, estará representada como querellante por los abogados Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro.

Los seis imputados -todos con prisión preventiva-, son Ángel Pascual Ramos (24), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (25), Thomas Fabián «TH» Domínguez (22), Franco Jesús Lykan (24), Alexis Steven Cuzzoni (21) e Ignacio Retondo (24).

Sus defensores serán los particulares Jorge Alfonso (por Domínguez), Oscar Isidro Aguirre (por Retondo y Lykan) y María José Fanego (por Ciongo Pasotti); y los oficiales Santiago García Berro (por Ramos) y Fernando Ovalle (por Cuzzoni).

Las fuentes indicaron que, al tratarse de un delito de instancia privada, el juicio será a puertas cerradas y que la declaración de la víctima no tiene fecha fija, se hará cuando ella esté en condiciones, sin la presencia de los acusados e incluso, si es necesario, de manera remota.

La clave del debate estará centrada en si se mantendrá la acusación que durante la instrucción formularon y sostuvieron el fiscal Eduardo Rosende y el juez Marcos Fernández, en la que, pese a que no todos llegaron a abusar de la víctima, les atribuían a los seis el mismo grado de responsabilidad en el marco de una «coautoría funcional» con división de roles, o si alguno de los imputados es beneficiado con una calificación más leve.

«Nosotros esperamos que los seis terminen con condenas de prisión efectiva, pero sostenemos que algunos fueron coautores y otros partícipes necesarios», dijo el abogado de la víctima, Figueroa.

A su vez, tendrán un valor preponderante las decenas de videos de cámaras de seguridad con las que se pudieron reconstruir las nueve horas durante las cuales aquel feriado de carnaval del 28 de febrero de 2022, la chica estuvo con los imputados en la zona de plaza Serrano hasta terminar rescatada del interior del auto donde abusaron de ella.

Los seis llegan al juicio como presuntos coautores de un «abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas» -que prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel-, en concurso real con las «lesiones leves» -de un mes a un año de prisión-, producidas al testigo Luis Riveros Espínola, a quien agredieron antes de que todo el grupo sea detenido por la Policía de la Ciudad.

Según el requerimiento de elevación a juicio presentado en 2022 por el fiscal Rosende, en este caso hubo «un plan previo, con acuerdo de voluntades y roles» y los seis actuaron en grupo «en aras de satisfacer sus deseos libidinosos» con una víctima que no estaba en condiciones de dar ningún consentimiento, ya que tenía alcohol, marihuana y anfetaminas en su organismo.

«Ese era el plan común, mantener relaciones sexuales con ella todos al mismo tiempo, en la medida de lo posible, a cuyo fin debían turnarse para hacerlo algunos primero y el resto después, pero siempre varios al mismo tiempo, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima a nivel volitivo», escribió Rosende.

El fiscal destacó la declaración de la joven al afirmar que «el relato de la víctima, sin cortapisas, zanja la cuestión sobre la clara inexistencia de un consentimiento».

Al describir el hecho, realizó una cronología de todo lo sucedido aquel 28 de febrero de 2022 cuando la joven de entonces 21 años fue captada a las 6 de la madrugada por algunos de los imputados en el boliche «Espacio Ro Techno Bar», de la calle Thames 1625, hasta que pasadas las 15 fue rescatada, por comerciantes y vecinos, luego de ser abusada dentro de un auto estacionado frente a una panadería de la calle Serrano al 1300.

Señaló que Cuzzoni y Domínguez fueron quienes interactuaron con la joven dentro del boliche, que cuando ese local nocturno cerró entre las 8 y las 9, la víctima se dirigió con un amigo, esos dos imputados y otras personas, a la plaza identificada como «Ferroviaria», ubicada en la calle Soler, entre Godoy Cruz y Juan B. Justo, y allí «contaron chistes, escucharon música, cantaron y charlaron; algunos bebieron cervezas en lata y fumaron marihuana».

El fiscal sostuvo que a las 11 se dirigieron a las Plaza Serrano, donde la chica, su amigo y los dos acusados ya mencionados, se encontraron con los otros cuatro imputados -Ramos, Ciongo Pasotti, Lykan y Retondo-, cuando éstos cantaban y tocaban la guitarra.

Destacando el «evidente estado de intoxicación» que tenía la víctima, el fiscal luego describió los abusos por manoseos que entre las 13 y las 14.20 la chica sufrió por parte de Cuzzoni, Domínguez y Ramos, en el kiosco «Curiosity» de la calle Serrano 1514, y que quedaron filmados por las cámaras del local.

Rosende puntualizó que a partir de las 14.45 «todos los imputados se dirigieron junto a la víctima hacia el automóvil Volkswagen Gol», propiedad de Ciongo Pasotti, que estaba estacionado frente a la panadería ‘La Familia’ de Serrano 1397 donde, según describe, «se produjeron y definieron las agresiones sexuales más graves contra la damnificada, que venían gestándose por varias horas, en forma organizada y conjunta por los acusados».

«Todos juntos alrededor de la damnificada, actuaron entrelazados para terminar de arrasar su integridad sexual», dice el fiscal, quien basándose en los videos de esa cuadra, posicionó dentro del vehículo y abusando de la víctima, a Ramos y a Ciongo Pasotti.

Estos dos acusados quedaron comprometidos por los análisis de ADN que demostraron que sus perfiles genéticos estaban en el líquido seminal hallado en la ropa interior y en los hisopados practicados a la víctima.

En el caso de Ramos, además, se halló su patrón genético bajo las uñas de la chica, «lo cual indica que ésta se resistió al acto sexual», remarcó la fiscalía.

A Lykan y Cuzzoni, el fiscal los ubica en los asientos traseros del auto, desde donde, según la acusación, manosearon a la joven.

Y al referirse a Domínguez y Retondo, que se encontraban fuera del rodado, dijo que estaban «observando y convalidando el ataque sexual» y «a la espera de su espeluznante momento para acceder al automóvil».

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DDHH

Represión en la Marcha Federal Universitaria: gases, balas de goma y decenas de detenidos

La quinta marcha llenó en paz la plaza y las calles del centro para exigir que Milei cumpla la ley, y terminó bajo gases, hidrantes y balas de goma. Asistentes denunciaron infiltrados. La oposición habló de «violencia estatal»; el Gobierno, de «los mismos violentos de siempre».

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Columna de la AGD UBA en la Marcha Federal Universitaria rumbo al Congreso

La universidad pública volvió a desbordar las calles y el Gobierno respondió con represión. La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso para exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, y sobre el final de la tarde las fuerzas de seguridad la dispersaron con gases, hidrantes y balas de goma, en una jornada que terminó con decenas de detenidos.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, describió en declaraciones a la prensa una «movilización ciudadana en la que cientos de miles de personas se movilizaron, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes», y aseguró que «más de un millón de personas en todo el país» se movilizó. Horas antes, adentro del Palacio Legislativo, la oposición no había conseguido el quórum para tratar la derogación del DNU 70/23, como informó este diario.

Cómo empezó la represión

La marcha se desarrollaba sin inconvenientes hasta pasadas las 15.30. A esa hora, un grupo reducido de personas con el rostro cubierto rompió baldosas y bancos de cemento de la plaza y arrojó los restos hacia el vallado del Palacio Legislativo, según las imágenes difundidas durante la jornada. La Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad activaron el protocolo de dispersión y avanzaron sobre la plaza con gases lacrimógenos, gas pimienta, camiones hidrantes y disparos con balas de goma. El operativo alcanzó a quienes se manifestaban de manera pacífica: los gases llegaron hasta el escenario del acto central y hasta el Anexo de Diputados, donde afectaron a empleados del edificio. Los focos se extendieron por Entre Ríos, Rivadavia y Callao, y la lluvia que empezó minutos después terminó de desconcentrar la plaza.

Las organizaciones convocantes hicieron igual el acto central. «El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes», relató Yacobitti.

La denuncia de infiltrados

Asistentes a la marcha denunciaron que los encapuchados eran infiltrados ajenos a la movilización. El canal C5N registró en vivo a un hombre con el rostro cubierto que sacaba bolsas de una mochila en el centro de la plaza: cuando el movilero Adrián Salonia intentó entrevistarlo, el hombre golpeó en la cara al camarógrafo Carlos Sjodin, que sufrió un corte en el labio. Una manifestante aclaró frente a la cámara que el agresor no era estudiante, y otro joven dijo que «la Policía empezó a reprimir y entró otro grupo que no tiene nada que ver con la movilización». Hasta el momento no se informó la identidad ni la pertenencia de esas personas.

Heridos y detenidos

Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, resultaron heridos con elementos contundentes cuatro gendarmes, dos policías federales y dos efectivos de Prefectura. El SAME asistió a un hombre que no necesitó traslado, a una mujer de 57 años con sospecha de ACV, que fue llevada al Hospital Ramos Mejía, y se pidió una ambulancia para otra mujer con dificultad respiratoria. Entre los manifestantes también hubo personas golpeadas por cápsulas de gas.

Hasta las 19, la Policía de la Ciudad había informado seis detenidos en las inmediaciones del Congreso, entre ellos un chico de 14 años que fue imputado y entregado al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. De acuerdo con La Nación, el adolescente fue detenido cerca de las 17.15 en Montevideo y Bartolomé Mitre, acusado de arrojar piedras contra un móvil policial cuando la marcha ya había terminado. El Ministerio de Seguridad de la Nación informó además otros 25 detenidos en las cabeceras ferroviarias. Con esas dos cifras oficiales, el total llegó a al menos 31. La cartera anticipó una denuncia penal por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

«La violencia es estatal»

La oposición apuntó directamente contra el operativo. «Hubo una provocación», planteó ante la prensa el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, que bajó del recinto. «La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión», agregó.

«Cuando un gobierno se impone a fuerza de DNU y represión, es claramente AUTORITARIO. La violencia es estatal y no hay por qué aceptarla, hay que defender el derecho a la protesta», escribió en X la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) resumió la jornada: «Adentro, los aliados del Gobierno no dieron quórum para tratar el DNU 70. Afuera, Gendarmería tiraba gases, balas de goma e hidrante sobre la Marcha Federal Universitaria». Y sentenció: «Un Gobierno que no cumple la ley y reprime a quienes le piden que la cumpla». Pablo Juliano, de la misma bancada, contó que «terminó gaseado todo el personal de la Cámara de Diputados» y opinó: «El Gobierno necesita construir una escena negativa».

«Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así», dijo una persona que participó de la marcha.

La respuesta oficial

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió un video con imágenes de los encapuchados y, sin distinguir entre ellos y la multitud que marchaba, afirmó que «los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos». «El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia», sostuvo, y cerró: «En Argentina, nadie está por encima de la ley». El asesor presidencial Santiago Caputo fue más lejos en X: apuntó contra «los zurdos», dijo que «la única táctica que tienen es infundir terror» y agregó: «Pero ya ni capacidad de daño tienen. El curso de los acontecimientos es inalterable. Tiemblen zurdos, la libertad avanza».

Yacobitti le contestó a la ministra con sus propias palabras: «Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos». El vicerrector puso el foco donde el Gobierno no quiere: «El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?».

El documento: «la universidad pública no es el problema»

En el acto se leyó un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otras organizaciones, bajo la consigna «la educación, la soberanía y la democracia». El texto advirtió que las universidades «están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene», denunció que el proyecto de Presupuesto 2027 es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y respaldó la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% sobre el proyecto oficial.

También denunció el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024, rechazó el DNU 70/23 y reivindicó la gratuidad, la autonomía, el cogobierno y el ingreso irrestricto. «Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución», concluyó.

La foto que el Gobierno eligió difundir fue la de las piedras; la que dejó la jornada fue la de una multitud pacífica que, por quinta vez, salió a pedir que se cumpla una ley y terminó bajo los gases. En plena marcha, además, la Cámara frenó la multa diaria que el juez Martín Cormick le había fijado al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por ese incumplimiento, como informó este diario.

Lo que tenés que saber:

  • La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso; la UBA habló de «cientos de miles» de personas.
  • Pasadas las 15.30, las fuerzas de seguridad reprimieron con gases, hidrantes y balas de goma, tras los destrozos de un grupo reducido de encapuchados.
  • Asistentes denunciaron que esos encapuchados eran infiltrados; uno de ellos golpeó a un camarógrafo de C5N.
  • La Ciudad informó seis detenidos, entre ellos un chico de 14 años, y Nación otros 25; Seguridad reportó ocho efectivos heridos.
  • La oposición habló de «violencia estatal»; Monteoliva culpó a «los mismos violentos de siempre».
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