Judiciales ⚖️
Violación grupal en Palermo: comienza el juicio a los 6 detenidos
Según el requerimiento de elevación a juicio presentado en 2022 por el fiscal Rosende, en este caso hubo «un plan previo, con acuerdo de voluntades y roles» y los seis actuaron en grupo «en aras de satisfacer sus deseos libidinosos» con una víctima que no estaba en condiciones de dar ningún consentimiento”.
Un tribunal comenzará a juzgar desde el próximo lunes a los seis detenidos por la violación grupal de una joven de 21 años ocurrida hace un año y medio en el barrio porteño de Palermo y todos enfrentarán como coautores una imputación por «abuso sexual agravado», por la que podrían terminar condenados con hasta 20 años de cárcel, informaron hoy fuentes judiciales.
El juicio estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) 14 de la Capital Federal y la audiencia inicial está fijada para el lunes a las 9.30 en el edificio judicial de la calle Lavalle 1171.
Luego, habrá otras siete jornadas los días 1, 4, 11, 15, 18, 25 y 29 de septiembre y se prevé la declaración de más de 30 testigos.
El TOC 14 estará integrado por los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri, y la acusación estará en manos del fiscal general Fernando Klappenbach.
La víctima -cuya identidad se resguarda para preservarla-, estará representada como querellante por los abogados Hugo Figueroa y Osvaldo Cantoro.
Los seis imputados -todos con prisión preventiva-, son Ángel Pascual Ramos (24), Lautaro Dante Ciongo Pasotti (25), Thomas Fabián «TH» Domínguez (22), Franco Jesús Lykan (24), Alexis Steven Cuzzoni (21) e Ignacio Retondo (24).
Sus defensores serán los particulares Jorge Alfonso (por Domínguez), Oscar Isidro Aguirre (por Retondo y Lykan) y María José Fanego (por Ciongo Pasotti); y los oficiales Santiago García Berro (por Ramos) y Fernando Ovalle (por Cuzzoni).
Las fuentes indicaron que, al tratarse de un delito de instancia privada, el juicio será a puertas cerradas y que la declaración de la víctima no tiene fecha fija, se hará cuando ella esté en condiciones, sin la presencia de los acusados e incluso, si es necesario, de manera remota.
La clave del debate estará centrada en si se mantendrá la acusación que durante la instrucción formularon y sostuvieron el fiscal Eduardo Rosende y el juez Marcos Fernández, en la que, pese a que no todos llegaron a abusar de la víctima, les atribuían a los seis el mismo grado de responsabilidad en el marco de una «coautoría funcional» con división de roles, o si alguno de los imputados es beneficiado con una calificación más leve.
«Nosotros esperamos que los seis terminen con condenas de prisión efectiva, pero sostenemos que algunos fueron coautores y otros partícipes necesarios», dijo el abogado de la víctima, Figueroa.
A su vez, tendrán un valor preponderante las decenas de videos de cámaras de seguridad con las que se pudieron reconstruir las nueve horas durante las cuales aquel feriado de carnaval del 28 de febrero de 2022, la chica estuvo con los imputados en la zona de plaza Serrano hasta terminar rescatada del interior del auto donde abusaron de ella.
Los seis llegan al juicio como presuntos coautores de un «abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas» -que prevé una pena de 8 a 20 años de cárcel-, en concurso real con las «lesiones leves» -de un mes a un año de prisión-, producidas al testigo Luis Riveros Espínola, a quien agredieron antes de que todo el grupo sea detenido por la Policía de la Ciudad.
Según el requerimiento de elevación a juicio presentado en 2022 por el fiscal Rosende, en este caso hubo «un plan previo, con acuerdo de voluntades y roles» y los seis actuaron en grupo «en aras de satisfacer sus deseos libidinosos» con una víctima que no estaba en condiciones de dar ningún consentimiento, ya que tenía alcohol, marihuana y anfetaminas en su organismo.
«Ese era el plan común, mantener relaciones sexuales con ella todos al mismo tiempo, en la medida de lo posible, a cuyo fin debían turnarse para hacerlo algunos primero y el resto después, pero siempre varios al mismo tiempo, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima a nivel volitivo», escribió Rosende.
El fiscal destacó la declaración de la joven al afirmar que «el relato de la víctima, sin cortapisas, zanja la cuestión sobre la clara inexistencia de un consentimiento».
Al describir el hecho, realizó una cronología de todo lo sucedido aquel 28 de febrero de 2022 cuando la joven de entonces 21 años fue captada a las 6 de la madrugada por algunos de los imputados en el boliche «Espacio Ro Techno Bar», de la calle Thames 1625, hasta que pasadas las 15 fue rescatada, por comerciantes y vecinos, luego de ser abusada dentro de un auto estacionado frente a una panadería de la calle Serrano al 1300.
Señaló que Cuzzoni y Domínguez fueron quienes interactuaron con la joven dentro del boliche, que cuando ese local nocturno cerró entre las 8 y las 9, la víctima se dirigió con un amigo, esos dos imputados y otras personas, a la plaza identificada como «Ferroviaria», ubicada en la calle Soler, entre Godoy Cruz y Juan B. Justo, y allí «contaron chistes, escucharon música, cantaron y charlaron; algunos bebieron cervezas en lata y fumaron marihuana».
El fiscal sostuvo que a las 11 se dirigieron a las Plaza Serrano, donde la chica, su amigo y los dos acusados ya mencionados, se encontraron con los otros cuatro imputados -Ramos, Ciongo Pasotti, Lykan y Retondo-, cuando éstos cantaban y tocaban la guitarra.
Destacando el «evidente estado de intoxicación» que tenía la víctima, el fiscal luego describió los abusos por manoseos que entre las 13 y las 14.20 la chica sufrió por parte de Cuzzoni, Domínguez y Ramos, en el kiosco «Curiosity» de la calle Serrano 1514, y que quedaron filmados por las cámaras del local.
Rosende puntualizó que a partir de las 14.45 «todos los imputados se dirigieron junto a la víctima hacia el automóvil Volkswagen Gol», propiedad de Ciongo Pasotti, que estaba estacionado frente a la panadería ‘La Familia’ de Serrano 1397 donde, según describe, «se produjeron y definieron las agresiones sexuales más graves contra la damnificada, que venían gestándose por varias horas, en forma organizada y conjunta por los acusados».
«Todos juntos alrededor de la damnificada, actuaron entrelazados para terminar de arrasar su integridad sexual», dice el fiscal, quien basándose en los videos de esa cuadra, posicionó dentro del vehículo y abusando de la víctima, a Ramos y a Ciongo Pasotti.
Estos dos acusados quedaron comprometidos por los análisis de ADN que demostraron que sus perfiles genéticos estaban en el líquido seminal hallado en la ropa interior y en los hisopados practicados a la víctima.
En el caso de Ramos, además, se halló su patrón genético bajo las uñas de la chica, «lo cual indica que ésta se resistió al acto sexual», remarcó la fiscalía.
A Lykan y Cuzzoni, el fiscal los ubica en los asientos traseros del auto, desde donde, según la acusación, manosearon a la joven.
Y al referirse a Domínguez y Retondo, que se encontraban fuera del rodado, dijo que estaban «observando y convalidando el ataque sexual» y «a la espera de su espeluznante momento para acceder al automóvil».
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Buenos Aires
LLA bonaerense va por el juicio político de la jueza que frenó la ley penal juvenil
La conducción de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires anunció que impulsará la destitución de la magistrada Marta Elba Pascual, quien suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil. La ofensiva política apunta a la jueza, pero también al gobernador Kicillof, a quien los legisladores libertarios acusan de ser el verdadero articulador de la medida judicial.
Una jueza de Lomas de Zamora suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y desató una reacción en cadena dentro de La Libertad Avanza bonaerense que va mucho más allá del debate jurídico: el partido ya anunció que pedirá el juicio político de la magistrada y abrió una mesa de trabajo para definir el mecanismo concreto de destitución.
La jueza Marta Elba Pascual dictó la medida cautelar que pone en suspenso la norma aprobada por el Congreso de la Nación, al entender que su aplicación inmediata generaría un daño irreparable. La decisión fue inmediatamente rechazada por Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza bonaerense, quien convocó a sus equipos técnicos y políticos para diseñar los pasos legales que permitan destituirla.
La respuesta política: juicio político como herramienta de presión
Pareja no escatimó en calificaciones hacia la magistrada. «Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad reclama», sostuvo. El titular de LLA bonaerense también afirmó que «siempre van a encontrar una excusa que les permita liberar a los delincuentes» y acusó al peronismo de haber actuado del mismo modo durante la pandemia.
La embestida contra la jueza incluyó además una acusación directa contra el gobernador Axel Kicillof. Según Pareja, Pascual «actúa como un peón» del mandatario provincial y «no cumple con las características básicas» que debe reunir un magistrado, porque «no puede anteponer una mirada política» a una ley «demandada por la gente». La operación política de LLA convierte así una decisión judicial técnica en un frente de batalla contra el gobierno de Kicillof.
La voz de los bloques legislativos
El presidente del bloque de senadores bonaerenses de LLA, Carlos Curestis, fue en la misma dirección y afirmó que la decisión judicial «deja más que en claro de qué lado están», acusando a la jueza de defender a «delincuentes». «La Justicia bonaerense lo único que logró con esta decisión es seguir garantizando la impunidad de los delincuentes. Los vecinos de la Provincia no podemos seguir siendo rehenes de un gobernador y una justicia que avalan y defienden al delincuente por encima de las personas de bien», añadió.
El jefe del bloque de Diputados provinciales de LLA, Juan Osaba, fue quien cerró la postura de manera más contundente: «Es inadmisible que un fallo político de una jueza de Lomas de Zamora suspenda la ley penal juvenil dándole la espalda a las víctimas de delitos cometidos por delincuentes menores de edad. Acá no hay argumento que sirva. Es una ley aprobada por el Congreso Nacional y vamos a llevarla a juicio político por esta decisión».
El trasfondo: una ley con resistencias judiciales y sociales
El nuevo Régimen Penal Juvenil, aprobado por el Congreso en febrero de 2026, establece la imputabilidad de menores a partir de los 13 años en casos de delitos graves, en una reforma que el oficialismo nacional presentó como una respuesta a la inseguridad. Desde su sanción, la norma enfrentó cuestionamientos de organismos de derechos humanos, colegios de abogados, defensorías y sectores académicos, que advirtieron sobre su incompatibilidad con estándares internacionales de derechos de la niñez.
La propia jueza Pascual, al fundamentar la suspensión, expresó que la aplicación apresurada de la norma «no va a crear más seguridad», señalando que la problemática de la delincuencia juvenil requiere abordajes integrales que la ley no contempla. El argumento judicial choca de frente con la narrativa de LLA, que reduce el debate a una dicotomía entre víctimas y delincuentes, ignorando la complejidad social del fenómeno.
El anuncio del juicio político a una magistrada por dictar una medida cautelar en el marco de sus atribuciones constitucionales abre un interrogante sobre los límites entre la crítica legítima a las decisiones judiciales y la presión institucional sobre el Poder Judicial. En Argentina, la independencia judicial frente a las presiones del poder político es una discusión histórica; que un partido de gobierno la protagonice en nombre de la «voluntad popular» añade una capa de ironía a un espacio que construyó parte de su identidad en la denuncia del lawfare.
Puntos clave
- La Libertad Avanza bonaerense anunció el juicio político de la jueza Marta Elba Pascual por suspender la aplicación del Régimen Penal Juvenil durante 60 días.
- Sebastián Pareja, titular de LLA bonaerense, convocó una mesa técnico-política para definir el mecanismo de destitución de la magistrada.
- Pareja acusó a la jueza de actuar como «un peón» del gobernador Axel Kicillof y de anteponer intereses políticos a una ley votada en el Congreso.
- Los bloques de senadores y diputados bonaerenses de LLA respaldaron la iniciativa con declaraciones que calificaron la decisión judicial de «garantista de la impunidad».
- La jueza Pascual justificó la suspensión al señalar que la aplicación apresurada de la norma «no va a crear más seguridad».
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