Marta Ramallo, madre de Johana, la joven desaparecida el 26 de julio de 2017 en un contexto de trata de personas y cuyo cadáver mutilado fue hallado en agosto de 2018 en las costas de la ciudad de Berisso, renovó su pedido de justicia al cumplirse hoy seis años de la última vez que vio a su hija con vida.

Mientras, organizaciones sociales y familiares de víctimas de violencia de género instalaron este mediodía en el ingreso a los Tribunales Federales de La Plata una nueva imagen de la joven desaparecida a modo de señalización de casos de femicidios.

«Esperemos que el Poder Judicial avance en favor de la memoria de todas nuestras Johanas a las que redes de trata no dejaron volver a sus casas», dijo Marta.

La mujer sostuvo que hoy, junto a familiares y amigos, recordaron a Johana como en «estos seis años, con alegría» y apuntó: «Ella tenía 23 años y era una piba que le sonreía a la vida. Vamos a seguir peleando por justicia para ella y para todas nuestras Johanas.»

Marta encabezó una señalización en los tribunales federales de las calles 8 y 50, dado que la instalada el año pasado fue «vandalizada y destruida» en junio pasado «de la misma manera que hicieron con la vida de Johana».

«El 18 de junio encontré la imagen de Johana en dos pedazos, con la misma maldad con que me devolvieron a mi hija. Hoy vamos a reconstruir esa imagen y pedir justicia. Queremos un ‘Nunca más’ para nuestras pibas, que sean recordadas después de asesinadas y que no les falten más el respeto a sus memorias», expuso.

En el acto en los tribunales estuvieron presentes familiares de otras víctimas de femicidios como Natalia Melmann, Laura Iglesias, Luna Ortíz, Mónica Garnica, Sandra Ayala Gamboa, Emilia Uscamayta Curi, Emma Córdoba, Eliana Mendilaharzu, Araceli Fulles, entre otras.

«Estamos recordando un nuevo aniversario de la desaparición de Johana, luego conocimos que fue un femicidio, y señalizamos este lugar, justamente donde está el Poder Judicial», indicó, en tanto, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, también presente en el acto.

«A Johana la mataron en un contexto de explotación sexual, de tráfico de estupefacientes, algo que viene demostrándose en la justicia federal, y ahora tenemos, a diferencia de lo que ocurrió en cinco años, a personas detenidas», afirmó la ministra.

Para Díaz, «la política de la memoria ha sido y seguirá siendo fundamental para construir un camino en contra de la impunidad, y también para construir una política de prevención de la violencia de género».

«En este acto estuvimos rodeados de madres, de padres, de familiares de víctimas de femicidio y dan una fuerza y una potencia muy grande en la lucha en contra la violencia por razones de género», añadió.

Johana fue vista por última vez el 26 de julio de 2017, cuando salió de su casa, donde vivía con su madre y su pequeña hija, con la promesa que regresaría a las 20.30 de ese día, lo que nunca ocurrió.

Casi dos meses antes de desaparecer, Johana se había separado del padre de la niña, había regresado a la casa de su madre Marta y los problemas económicos la habían puesto en situación de prostitución.

La última imagen suya fue tomada por la cámara de seguridad de una estación de servicio situada en las calles 1 y 63 de La Plata, en la que se la ve entrando a un baño ese mismo día, poco después de salir de su hogar.

Los restos mutilados de su cuerpo fueron hallados en las costas de la ciudad de Berisso en agosto de 2018, aunque no fueron identificados como pertenecientes a la joven hasta el año 2019.

«Johana pasó a ser hija de cada una de las compañeras, de toda la ciudad de La Plata porque todas pidieron aparición con vida, porque todas llevaron su bandera de lucha, porque todas colgaron en alto el cartel de ‘devuelvan a Johana’ y pidieron justicia por ella estos seis años», enfatizó Marta y remarcó: «No estamos solas en esta lucha».

Asimismo, manifestó que cuenta con «el acompañamiento de los medios, el respeto hacia ella y su nieta, la hija de Johana» y evaluó que la lucha los acercó «a compañeras con las que está bueno caminar, luchar, gritar, llorar», lo cual los fortalece.

«El dolor sigue siendo el mismo. Los días pasan y el dolor aumenta porque no tenemos derechos nosotros como familiares de víctimas de femicidio o transfemicidio de hacer un duelo porque debemos salir a luchar», analizó la mujer.

Y agregó: «A nuestras pibas las desaparecen para ser prostituidas, descuartizadas, desechadas, asesinadas víctimas de un sistema de consumición, víctimas de la crueldad de gente que sigue haciendo de la vida de nuestras pibas todo esta crueldad que se llevó la vida de Johana.»

En el marco de la causa, a cargo del juez federal 1 platense, Alejo Ramos Padilla, ya son ocho las personas procesadas por este caso: Nicole Guerra Guerrero; Sayuri Valentina León; Andrea Barreto Clavijo; Celia Noemí Giménez; Carlos Linares, conocido como «Carlitos» o «El Peruano»; Mirko Galarza; Celia Andreza Benítez, apodada «La misionera», y Paola Erika Garraza, llamada también «Tormenta».

Según la hipótesis del juzgado de instrucción, la explotación sexual y la venta de drogas crearon el escenario propicio para que la joven desapareciera.

Para los pesquisas, «El Peruano» era uno de los dos grandes proveedores de drogas del barrio y le vendía cocaína, principalmente, a un grupo de mujeres cis y trans al momento de la desaparición de la joven, quienes a su vez la comercializaban con sus clientes.

Linares también le entregaba la droga a Carlos «El Cabezón» Rodríguez, un hombre que trabajaba de taxista y mantenía una relación sexo-afectiva con Johana, que ya está procesado por explotación sexual de la joven.

En ese sentido, Marta planteó que «desde que la causa pasó a manos del juez Ramos Padilla, hubo un giro enorme y ahora hay varios procesados», ya que venían de estar «cinco años sin una línea fija de investigación, sin imputados, sin una mirada con perspectiva de género hacia las pibas en estado de prostitución y consumo».

«Hoy podemos decir que a través del giro que dio la causa, tenemos dos imputados que van a ser sentados en el banquillo de los acusados y tenemos herramientas suficientes para poder elevar la causa a juicio», concluyó.