Chaco
Femicidio en Chaco: el asesino ya tenía una condena por abuso
La víctima fue identificada como Érica Beatriz Torres, de 45 años, quien se habría resistido a ser violada por el ahora apresado Juan Marcelo Cáceres, de 41.
En la localidad chaqueña de Charata, una bibliotecaria fue asesinada a puñaladas. El sospechoso detenido por el crimen admitió su culpabilidad y se descubrió que ya había cumplido una condena por abuso sexual en 2020.
La víctima fue identificada como Érica Beatriz Torres, de 45 años. Se cree que se resistió a ser violada por el ahora detenido, Juan Marcelo Cáceres, de 41 años. Torres fue encontrada en un camino rural con varias puñaladas en su cuerpo y murió a las pocas horas.
El único detenido por el femicidio, apodado “El Misionero” y conocido por trabajar en una verdulería de la localidad de Las Breñas, admitió haberla asesinado tras intentar abusar de ella. La fiscal a cargo de la investigación, María Gabriela Raffat Anton, logró vincularlo a la causa tras descubrir que la víctima se había subido a su camioneta el viernes 24 de mayo, cerca de las 7:00 de la mañana.

Torres salía a trabajar todos los días a la Escuela número 266 de Charata en motocicleta, la cual dejaba en la estación de servicio ubicada en la intersección de las rutas número 89 y número 6 y desde ahí siempre hacía “dedo” para que la llevaran a su destino. Sin embargo, en esta ocasión el que estacionó para su pedido de aventón fue el asesino, quien circulaba en una camioneta Ford F-100 con cabina simple.
Cerca de las 9:00, un camionero que pasaba por el camino rural llamado “Los Pinos” se alarmó al notar que una mujer estaba tirada en el suelo. En ese momento, se percató de que contaba con varias puñaladas en su cuerpo, por lo que dio aviso a las autoridades, pero no lograron salvarla, ya que murió horas después de haber ingresado al hospital de la zona.
Cáceres fue apresado el sábado, luego de que la Policía lo hallara cuando circulaba por la calle 9 de Julio, en la localidad de Las Breñas. Los uniformados lo llevaron hacia la comisaría de la zona y tras varias horas arrestado confesó haber atacado a Torres. Allí dijo que intentó abusarla, pero como ella se negó le asestó al menos unas 20 puñaladas en diferentes zonas del cuerpo.

De acuerdo con la información publicada por Diario Norte, el criminal contaba con antecedentes penales por haber cometido un abuso sexual. En esa oportunidad, había sido condenado a cumplir seis años en la prisión de Sáenz Peña, pena que terminó en 2020.
La fiscal ordenó que se realizaran pericias en el lugar en el que fue encontrada para dar con el arma homicida. En tanto, los investigadores secuestraron la camioneta del acusado, la cual será sometida a pericias forenses, con el objetivo de hallar algún rastro que compruebe que la mujer estuvo en su interior.
El gobernador chaqueño Leandro Zdero se comprometió a destinar los recursos necesarios para poder resolver el crimen. “Cada muerte es un inmenso dolor para todos los chaqueños”, escribió en su cuenta de la red social X. “He dado instrucciones precisas a quienes conducen el área de seguridad para que se actúe con todo el rigor y el profesionalismo necesario para identificar a quien cometió este horrendo crimen”, aseguró el mandatario provincial. Asimismo, Zdero pidió justicia por Torres y se solidarizó con los amigos y familiares de la mujer asesinada.
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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