Lo que tenés que saber:

• El gobierno de Javier Milei avanza con un proyecto para eliminar leyes que consideran «discriminación positiva».
• Elimina la figura de femicidio en el Código Penal.
• Proponen la derogación de la Ley de Identidad de Género, el DNI no binario, el cupo laboral trans y la Ley Diana Sacayán.
• Buscan anular políticas que aseguren «trato diferencial ante la ley», incluyendo el cupo laboral para personas con discapacidad.
• La medida podría debatirse en el Congreso durante las sesiones ordinarias o en el marco de la campaña electoral.

Gobierno busca eliminar lo que llama «discriminación positiva»

El gobierno liderado por Javier Milei está preparando un proyecto de ley denominado «Igualdad ante la Ley», que busca derogar varias normativas relacionadas con la igualdad de género y los derechos de las minorías. De acuerdo con fuentes cercanas al Ejecutivo, se pretende eliminar lo que consideran «discriminación positiva», una serie de leyes que garantizan un trato diferencial para ciertos sectores de la sociedad.

Entre las normas que se eliminarían se encuentran la Ley de Identidad de Género, la Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para personas trans, y el cupo laboral para personas con discapacidad. Además, el gobierno propone suprimir la figura del femicidio en el Código Penal, argumentando que no debe existir una pena más severa para los homicidios cometidos contra mujeres.

La Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión: todos sus habitantes son iguales ante la ley. Por eso, el Gobierno Nacional dispondrá las medidas necesarias para eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso a…

— Manuel Adorni (@madorni) November 28, 2024

La eliminación de la figura de femicidio

Una de las medidas más controvertidas del proyecto es la eliminación de la figura de femicidio, que actualmente se encuentra en el artículo 80 del Código Penal. Este tipo penal fue introducido en 2012 con el objetivo de agravar la pena por homicidios cometidos con motivo de género. Sin embargo, el gobierno de Milei considera que no debe haber distinciones en las penas según el género de la víctima.

“El Estado no puede hacerse cargo de cada sector que se considere minoría”, argumentaron fuentes cercanas al Ejecutivo, y añaden que la idea es avanzar en la «igualdad ante la ley» eliminando las leyes que favorecen a ciertos grupos.

Derogación de otras leyes clave

Además de la eliminación de la figura de femicidio, el gobierno tiene la intención de derogar otras leyes relacionadas con los derechos de las personas trans y la identidad de género. La Ley de Identidad de Género, que permite a las personas cambiar su género de manera legal, está entre las normas más críticas del Ejecutivo.

También se contempla la derogación del Decreto 476/2021 que estableció el DNI no binario, y la Ley Diana Sacayán, que promueve el acceso al empleo formal para personas trans, travestis y transexuales. Otro punto clave es la posible eliminación del cupo laboral para personas con discapacidad (Ley 22.431), que obliga al Estado a contratar personas con discapacidad en trabajos públicos.

Un debate que se avecina en el Congreso

El gobierno de Milei asegura que llevará este proyecto al Congreso durante las sesiones ordinarias de 2025, con el objetivo de impulsar una reforma legislativa que elimine las políticas consideradas ideológicas. Aunque no se ha fijado una fecha exacta para su discusión, se espera que el tema cobre relevancia en el marco de la campaña electoral legislativa.

“Tenemos el deseo manifiesto de destruir la crítica y la disidencia”, afirmó Milei, quien se ha mostrado firme en su postura contra lo que considera políticas de «ideología woke» y feminismo radical.

Medidas sin impacto en el aborto y el matrimonio igualitario

A pesar de las reformas propuestas, desde el entorno presidencial se aclaró que el paquete no incluirá la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610), ni de la Ley de Matrimonio Igualitario (Ley 26.618). Estas leyes se mantendrán vigentes según el gobierno, al menos en esta fase de la reforma legislativa.