A un mes de la desaparición de la adolescente de 17 años hallada asesinada en Eldorado, Misiones, el abogado querellante Marcos Almirante Padilha expuso ante la justicia la existencia de posibles terceros implicados y alertó sobre una red que incluiría prostitución, proxenetismo y narcotráfico. Una testigo también señaló a una vecina como parte del entramado.

La causa por el femicidio de Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años hallada asesinada a fines de mayo en una obra abandonada del barrio El Tucán de Eldorado, Misiones, sumó este martes una nueva y grave dimensión. El abogado de la querella familiar, Marcos Almirante Padilha, confirmó que solicitarán nuevas medidas de prueba ante la posible existencia de una trama criminal que excede ampliamente la figura del único imputado hasta el momento: el remisero Mario Alberto Y., de 46 años.

Padilha precisó que pedirá nuevas pruebas de geolocalización de celulares y análisis de luminol en la vivienda y el vehículo del sospechoso, junto con la ampliación de declaraciones testimoniales ya incorporadas al expediente. El cuadro que trazó el letrado ante la justicia y ante los medios de comunicación locales es contundente: la causa esconde mucho más de lo que aparece a primera vista.

«Prostitución, proxenetismo, drogas, narcotráfico»: la denuncia del querellante

«Lo vuelvo a decir con total responsabilidad de lo que digo: esto es una trama, donde las palabras más desviadas de una sociedad están en esta novela. El caso es mucho más complejo de lo que estamos viendo superficialmente», sostuvo Padilha al describir las líneas de investigación que surgen de los propios testimonios incorporados al expediente judicial.

El letrado explicó que, a partir del análisis de las declaraciones testimoniales obrantes en la causa, la querella detectó indicios de posibles terceros implicados, tanto en calidad de cómplices, partícipes necesarios, encubridores o simuladores; figuras todas que el Código Penal argentino contempla en el marco de los delitos de acción pública. «Por las testimoniales que existen en el expediente se llegó hoy a la detención del único imputado, y nosotros vemos, estudiamos y analizamos que desde esas mismas testimoniales se desprenden posibles terceros implicados», puntualizó.

En paralelo, según trascendió a partir de fuentes periodísticas, una testigo señaló a una vecina como parte activa del entramado, vinculándola tanto con la explotación sexual de la víctima como con el propio imputado Mario Alberto Y. Esta declaración fue incorporada al expediente y constituye uno de los elementos centrales que motivaron el nuevo paquete de medidas solicitadas por la querella.

El crimen que pudo evitarse: la denuncia ignorada

Uno de los ejes más dolorosos de la causa es la cronología de la denuncia y la respuesta institucional que la acompañó. La desaparición de Dulce fue denunciada el 17 de mayo: ese día la adolescente salió hacia una iglesia cercana a su hogar y nunca volvió. Según la reconstrucción de los hechos, Dulce se encontraba en casa con su hermana menor mientras su madre acompañaba a su padre internado en un hospital.

Sin embargo, la familia de la joven encontró un obstáculo inmediato en la Comisaría de la Mujer de Eldorado: el personal policial derivó a la madre a otra dependencia, argumentando que el caso no era de su jurisdicción. La denuncia no se tomó de inmediato. «¿Qué hubiera pasado si se hubieran tomado cartas en el asunto en el momento mismo que se fue a hacer la denuncia? Once días después de que se dio noticia extraoficial de la desaparición, la niña apareció muerta», señaló Padilha con dureza, sin descartar acciones legales contra los efectivos que rechazaron la denuncia.

El cuerpo de Dulce fue hallado el 28 de mayo en el interior de un pozo ciego de una construcción abandonada. La autopsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, compatible con ahorcamiento. Los forenses ordenaron pericias complementarias. El avanzado estado de descomposición del cuerpo al momento del hallazgo prolongó los tiempos de análisis.

La hipótesis del embarazo y las pericias pendientes

Una declaración adicional complejizó aún más el cuadro. Según trascendió, una persona cercana al entorno familiar del imputado habría señalado que el remisero «mandó a matar» a Dulce a causa de un supuesto embarazo. La autopsia inicial no encontró indicios de gestación, pero aún restan estudios genéticos y análisis de ADN que podrían confirmar o descartar definitivamente esa hipótesis. La querella no descarta esa línea de investigación.

Además, Padilha señaló que «personas que declararon sabían que había algo en el medio entre este remisero y la joven», lo que los convierte, al menos en términos jurídicos, en potenciales encubridores. Esta afirmación podría derivar en nuevas imputaciones y detenciones en el corto plazo, ampliando el alcance de una causa que la Policía de Misiones había declarado «esclarecida en un 99%» tras la detención del remisero.

Contexto: el femicidio de Dulce en el marco de la violencia sistemática

El caso de Dulce Candia cobró dimensión nacional cuando el 3 de junio, en la marcha de Ni Una Menos, su nombre fue pronunciado junto al de Agostina Vega (14 años, Córdoba) y Noelia Romero como símbolo de la violencia femicida que el gobierno nacional no logra, ni parece querer, frenar. Los recortes presupuestarios al programa de asistencia a víctimas de violencia de género ejecutados por la administración de Javier Milei agravaron la situación de miles de mujeres y niñas en todo el territorio.

La emergencia en materia de violencia de género lleva años sin resolverse. Que la madre de Dulce haya sido derivada de una dependencia a otra al momento de intentar radicar la denuncia de desaparición no es una falla individual: es el síntoma de un sistema que sistemáticamente falla a las mujeres y niñas que buscan protección.

Puntos clave

• El abogado querellante Marcos Almirante Padilha denunció una posible trama de prostitución, proxenetismo y narcotráfico en el crimen de Dulce Candia.
• Una testigo señaló a una vecina como parte del entramado, vinculándola con la explotación sexual de la víctima y con el imputado Mario Alberto Y.
• La querella pedirá nuevas pericias de luminol, geolocalización de celulares y ampliación de declaraciones; no descarta nuevas imputaciones y detenciones.
• La madre de Dulce fue derivada a otra dependencia cuando intentó radicar la denuncia; la querella evalúa acciones legales contra los efectivos que rechazaron tomarla.
• Los estudios genéticos y de ADN aún pendientes podrían confirmar o descartar la hipótesis de un embarazo como posible móvil del crimen.