Corrientes
Hallan a una periodista correntina estrangulada y golpeada
Fue identificada como Griselda Blanco. Por el caso fue detenida su ex pareja.
Una periodista de la ciudad correntina de Curuzú Cuatiá fue hallada estrangulada en su domicilio, su cuerpo presentaba golpes en el rostro y en el lugar había rastros de sangre, por lo que fue detenido su expareja mientras los pesquisas intentan establecer si se trató de un femicidio o de un crimen vinculado a las investigaciones que realizaba, informaron hoy fuentes policiales.
Por su parte, la familia de la víctima, identificada como Griselda Blanco, aseguró que no se trató de un suicidio, sino que «la mataron» y que «decía verdades que nadie se animaba a decir», por lo que «la querían ver callada y no pudieron».
La periodista radial fue hallada muerta este sábado a la tarde en el interior de su domicilio de la calle Juan Pujol de la ciudad de Curuzú Cuatiá, distante 320 kilómetros de la capital correntina.
Fuentes policiales indicaron a Télam que el cuerpo de Blanco fue hallado estrangulado con una soga y con golpes en el rostro y rastros de sangre en el piso de la vivienda.
«Se hallaron también pelos en sus manos, que podrían ser señales de que se defendió del ataque», aseguró a Télam un investigador, que añadió que los accesos a la vivienda no fueron violentados.
Por la muerte fue aprehendido su expareja Armando Jara, señalaron las fuentes.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (Ufrac) y la Policía Federal Argentina (PFA).
Se allanó la vivienda del sospechoso, en la que se incautó prendas de vestir y una notebook, indicaron las fuentes.

Blanco era trabajadora de prensa radial y producía transmisiones en vivo de programas dedicados al periodismo local, en las que últimamente presentó una investigación por supuesta mala praxis en la muerte de una mujer en el hospital civil Fernando Irastorza de Curuzú Cuatiá.
Asimismo, formuló anteriormente denuncias públicas sobre supuesto mal desempeño de la policía local, es por tal razón que la fiscalía interviniente solicitó que la muerte sea investigada por PFA.
Una brigada de la División Homicidios de la PFA viajó especialmente hoy para sumarse a los trabajos de la Departamento Investigaciones de la región.
«Justicia por Débora Serrano. Murió en el hospital civil de Curuzú Cuatiá por mala praxis. Los culpables que vayan presos inclusive los directores del hospital. Juntos unido todo el pueblo en busca de justicia y haremos protesta fuera del hospital de la muerte. Si te sumas, comunicate. Todos por Débora Serrano», publicó Blanco ayer sábado cerca de las 2.30 de la madrugada en su perfil de Facebook.
Por su parte, Lautaro Cesani, uno de los hijos de la periodista, público un mensaje en la que aseguró que su madre «no se suicidó», sino que «la mataron».
«Nuestra madre no se suicidó, a nuestra madre la mataron. Ella decía verdades que nadie se animaba a decir. La querían ver callada y no pudieron… Hoy fue nuestra madre y mañana puede ser cualquier persona de esta ciudad. Todo va a salir a la luz. Pedimos justicia por qué es lo que ella hubiese querido y lo que se merece. Justicia por Griselda Blanco».
Fuentes consultadas por Télam indicaron que si bien no se descartan ninguna de las hipótesis para el móvil del crimen, todos los indicios apuntan a que fue un femicidio.
En tanto, desde la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) exigieron a la Justicia «una investigación transparente para el esclarecimiento urgente del hecho».
«Expresamos nuestra profunda preocupación por el fallecimiento de la periodista Griselda Blanco en Curuzú Cuatiá, afiliada a la Asociación de Prensa de Corrientes. La compañera venía denunciando mala praxis en el hospital local y al poder político y policial», expresaron en sus redes sociales.
Desde la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC) también emitieron un comunicado en que pidieron por el esclarecimiento de la muerte de Blanco.
«Desde la APC urgimos el esclarecimiento de las circunstancias y las causas del deceso, lo cual es investigado por la Justicia», señalaron en la misiva.
(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).
Corrientes
Juicio por Loan: careo entre Caillava y un policía que dijo no recordarla
El tribunal ordenó confrontar a la acusada con el cabo Cristian Espina, de Inteligencia de la Policía Federal, que sostuvo no haber incorporado nunca a un informante en ocho años de servicio. Ninguno cambió su versión; él declaró bajo juramento y ella, como imputada, no tiene esa obligación.
La defensa de María Victoria Caillava buscó instalar en pleno juicio que la acusada colaboraba con fuerzas federales, pero el policía al que apuntó como prueba dijo bajo juramento que no la recordaba. El careo, ordenado por el tribunal, terminó sin que ninguno de los dos modificara su postura.
El cruce se produjo este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se desarrolla el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en El Algarrobal, un paraje de 9 de Julio. Caillava, exfuncionaria municipal, es una de las siete personas acusadas por esos hechos. El juez Eduardo Ariel Belforte dispuso el careo a pedido de su abogado, Ernesto González, después de que el cabo Cristian Raúl Espina, que en junio de 2024 trabajaba en la Oficina de Inteligencia Criminal de la delegación Goya de la Policía Federal, dijera primero que no conocía a la imputada y más tarde que no la recordaba.
Qué se dijeron frente a frente
Caillava lo saludó por su nombre de pila y le recordó que estaba bajo juramento de decir la verdad. «Quiero que quede en claro que sí me conocés, que fuiste en una moto», le dijo. Aseguró que Espina fue a su casa de 9 de Julio entre 40 y 50 días antes de la desaparición de Loan, de noche, junto a otro agente, ambos de civil y en motos 110; que los recibió en el comedor y que su marido, el también imputado Carlos Pérez, no se enteró de la visita.
Espina respondió que se reunió con «infinidad de gente» en 9 de Julio, incluso por mensajería, porque reunía datos para una investigación junto a Prefectura Naval Argentina, pero insistió en que no recordaba haber estado en la casa de Caillava. Negó además haber viajado en moto desde Goya: «Hay casi 100 kilómetros». Y afirmó que en sus ocho años en Inteligencia Criminal nunca incorporó a una persona como informante.
La estrategia de la defensa apunta a demostrar que Caillava aportaba datos sobre narcomenudeo a fuerzas federales y que su vinculación con el caso Loan podría ser una represalia. El careo no permitió confirmar esa versión. La asimetría es central: el testigo declara bajo juramento y la imputada puede hacerlo sin esa obligación. «Hay que recordar que él estaba bajo juramento de decir la verdad y Caillava, como imputada, no», señalaron voceros de la investigación.
El resto de la audiencia
Declararon efectivos y funcionarios que participaron de las primeras horas de búsqueda. El sargento Juan Amílcar López, de la Policía de Corrientes, contó que rastrilló desde el 13 de junio de 2024 en El Algarrobal por indicación del entonces comisario Walter Maciel, que les dijo que buscaban a un niño extraviado, y que esa tarde circuló por WhatsApp la falsa noticia de que Loan había aparecido. También participó de los allanamientos en las casas de Laudelina Peña y Bernardino Antonio Benítez, y de Daniel Ramírez y Mónica Millapi.
Bruno Lovinson, director de Defensa Civil de Corrientes, dijo que llegó a las 0.40 del viernes 14 de junio con cinco bomberos voluntarios y describió un despliegue con dron con cámara térmica, un equipo aéreo policial y 22 perros de rastreo, que recorrió más de 30.000 hectáreas durante ocho días. Sostuvo que el 21 de junio mantuvieron una conversación con los fiscales porque consideraban evidente que Loan ya no estaba en el área de búsqueda.
La policía Daniela Soledad Segovia ubicó el primer aviso a la comisaría de 9 de Julio alrededor de las 15.30 del 13 de junio. Juan Carlos Monteros, entonces aspirante a cabo, recordó que esa tarde apareció el botín de Loan y que Maciel les ordenó no entrar al monte porque había una pista. Aclaró que no presenció el hallazgo ni llegó a ver el calzado.
El regreso del abogado Codazzi
Durante la mañana, el abogado José Fernández Codazzi ingresó al sector destinado al público y la prensa y las autoridades del tribunal le pidieron que se retirara, algo que hizo sin objeciones. Fue el primer defensor de Benítez y su nombre aparece vinculado a la hipótesis del supuesto atropello de Loan con la camioneta de Pérez y Caillava, la versión que Laudelina Peña declaró en junio de 2024 ante la Justicia provincial y que luego admitió falsa, al sostener que Codazzi la presionó para mantenerla. A fines de octubre fue condenado a tres años y seis meses de prisión por encubrimiento en otra causa, vinculada con la sustracción de un niño de seis años en Corrientes; la sentencia no quedó firme y continúa en libertad.
Un juicio con 17 acusados
El debate comenzó el 16 de junio con 17 imputados: siete por la sustracción y el ocultamiento de Loan y diez por entorpecer la investigación. Loan sigue sin aparecer y la Fiscalía Federal sostiene que fue sustraído de manera planificada. El excomisario Maciel, también acusado, aseguró ante el tribunal que el niño fue atropellado y señaló como responsables directos a Pérez, Caillava y Laudelina Peña. El juicio continúa este jueves 19 con nueve testigos citados.
Lo que tenés que saber
- El tribunal dispuso un careo entre María Victoria Caillava y el cabo de la Policía Federal Cristian Espina, que dijo no recordarla.
- Caillava afirmó que Espina fue a su casa entre 40 y 50 días antes de la desaparición; él lo negó y dijo que nunca incorporó informantes en ocho años.
- La defensa busca probar que la acusada colaboraba con fuerzas federales; el careo no confirmó esa versión.
- El director de Defensa Civil de Corrientes dijo que se rastrillaron más de 30.000 hectáreas en ocho días.
- El abogado José Fernández Codazzi debió retirarse de la sala; tiene una condena no firme por encubrimiento en otra causa.
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