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Absolvieron a los tres acusados de una violación grupal

El ataque fue cometido en Puerto Madryn en el 2012, y la abogada Verónica Heredia sostuvo que fue un fallo «insólito y sesgado».

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Un tribunal de Chubut absolvió a los tres jóvenes acusados de abusar en grupo de una joven en 2012 en la ciudad de Puerto Madryn, por «falta de pruebas» y por el beneficio del principio de inocencia, lo que originó incidentes de manifestantes con la Policía frente a los Tribunales y el repudio de organizaciones feministas.

«Absolvieron a los tres imputados por falta de pruebas, en un fallo insólito y sesgado porque durante 10 años se supo y se conoció la verdad en Puerto Madryn, con una víctima que es una sobreviviente por el maltrato que recibió», expuso la abogada Verónica Heredia en una improvisada conferencia de prensa que se brindó frente a la oficina judicial en Rawson.

La abogada adelantó que va a «seguir haciendo los recursos y todas las impugnaciones y en todas las instancias», tras asegurar que «la víctima fue maltratada cuando vino a brindar sus últimas palabras, así que el resultado de hoy no nos sorprende».

La sentencia no se conoció de manera oficial por las características de hermetismo que tuvo el caso, impuestas por el propio tribunal, integrado por las juezas Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini.

Al grito de «se va a acabar esa costumbre de violar», varias militantes de organizaciones feministas que aguardaron durante toda la mañana el fallo protagonizaron algunos incidentes con la Policía frente al edificio ubicado en Don Bosco 141, de Rawson, que amaneció vallado y custodiado por un severo dispositivo policial.

El jueves fue la última etapa del debate, cuando las partes pronunciaron su alegato final en el debate oral y no público que comenzó el 24 de febrero bajo estricta reserva por disposición de las partes y por expresa instrucción del Tribunal de Justicia de la provincia.

La organización Multifeminista Madryn escribió en su cuenta de Instagram: «Tres juezas patriarcales quedarán en la memoria por representar el horror del poder judicial en Chubut! Repudiamos el fallo del espanto de las juezas Karina Brekle, Marcela Pérez, María Laura Martini. Esto demuestra que el hecho que haya mujeres en la justicia no garantiza una perspectiva de género justa que acompañe a las sobrevivientes».

«¿Cómo seguimos ahora? ¿Se puede seguir? ¿Qué reparación hay para la sobreviviente que tuvo que enfrentar además de una violación este sistema judicial perverso? Exigimos una reforma judicial feminista urgente», señalaron.

En tanto, el psiquiatra Enrique Stola publicó en su cuenta de Twitter: «Atención violadores! Pueden actuar impunemente en la Provincia de Chubut, Argentina. Juezas mujeres les garantizan libre ejercicio del poder machista».

El juicio oral por esta causa debió haber comenzado el año pasado, pero sucesivas presentaciones fueron postergando su inicio.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2012 en Playa Unión, en el transcurso de una «juntada» de jóvenes en la casa del nieto del exgobernador radical Atilio Oscar Viglione, en la previa a los festejos por el día de la primavera.

Sin embargo, la denuncia se formalizó en el 2019 cuando se conoció a través de las redes sociales el testimonio de la víctima.

Por el ataque fueron señalados originalmente seis jóvenes en la escena del abuso (cinco formalmente denunciados), quienes actuaron cuando la víctima se encontraba indefensa y en estado de inconsciencia, aunque solo tres llegaron a juicio, Luciano Mallemaci, Exequiel Quintana y Leandro del Villar, declarados inocentes por el beneficio de la duda y la falta de pruebas, según describió la abogada.

Los restantes fueron desafectados del proceso por distintas razones: dos porque eran menores al momento de los hechos, y el restante porque logró acreditar que estaba con su novia en las cercanías, pero no en el lugar del abuso.

En el último tramo del largo proceso se sumó la penalista Verónica Heredia a la representación de la víctima, quien hoy tiene 26 años pero era menor cuando los hechos sucedieron.

La querella ejercida por Heredia había solicitado penas de entre 20 y 25 años para los imputados, mientras que la acusación de la fiscalía -que excluye el cargo de acceso carnal- pidió penas de entre 12 y 15 años y la defensa, que logró su cometido, la absolución.

Antes de este proceso, el fiscal de Rawson Fernando Rivarola, que actuó en las investigaciones, había cerrado un acuerdo de juicio abreviado con los imputados, aunque en su dictamen incluyo el término «desahogo sexual» haciendo referencia a la acción cometida por los presuntos abusadores.

Esas expresiones generaron repudio a nivel nacional y la denuncia del gobernador Mariano Arcioni reclamando su juicio político, pero el 27 de febrero pasado el Consejo de la Magistratura de Chubut desestimó las acusaciones.

DDHH

20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.

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Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.

Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.

El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.

La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.

La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora

Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.

A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.

La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital

En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.

Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»

La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.

El gobierno que desfinancia y deroga

El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.

En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.

El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.

La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias

Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.

Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI

  • La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
  • Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
  • La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
  • El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
  • El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.

Foto: Redes @LLUVIADIBUJA

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