Judiciales ⚖️
El Ministerio Público de Salta apeló el sobreseimiento del fiscal acusado de violencia de género
Fuentes del MPF informaron hoy que la fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, presentó al Juzgado de Garantías 7, a cargo de Claudia Puertas, un recurso de apelación ante la resolución emitida en la causa que se le sigue a Snopek.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta apeló el sobreseimiento resuelto por una jueza salteña al fiscal federal Francisco Snopek, por los delitos de daños, resistencia a la autoridad y privación ilegítima de la libertad contra tres policías, y que además está imputado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por el género, por un hecho en perjuicio de su esposa ocurrido en mayo pasado.
Fuentes del MPF informaron hoy que la fiscal Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, presentó al Juzgado de Garantías 7, a cargo de Claudia Puertas, un recurso de apelación ante la resolución emitida en la causa que se le sigue a Snopek.
El funcionario federal fue eximido de la acusación por los delitos de daños, privación ilegal de la libertad y resistencia a la autoridad en perjuicio de tres policías, por lo que Sodero solicitó a la magistrada interviniente la revisión de la medida.
Sodero apeló la decisión con respecto al delito de daños, ya que considera que la conducta desplegada por el imputado fue en un contexto indubitado de violencia de género ejercido mediante violencia física, psíquica y material.
La fiscal señaló en sus fundamentos que, al referir al delito de lesiones agravadas, se manifiesta que «la mirada del caso se realizará desde una perspectiva de género», pero posteriormente se adopta una decisión abiertamente opuesta y contradictoria a lo expresado.
La representante del MPF afirmó que «no resulta viable la excusa absolutoria cuando el hecho constituye un caso típico de violencia de género que provoca daños patrimoniales bajo la modalidad de violencia doméstica, ya que su aplicación podría traer aparejada una desobediencia deliberada por parte del Estado del cumplimiento que fielmente se ha comprometido a observar en orden a investigar y sancionar delitos de esta índole».
Sodero también apeló el sobreseimiento dictado al fiscal sobre los delitos de resistencia a la autoridad y privación ilegítima de la libertad.
La fiscal consideró que la posición del juzgado en este tema «responde a una visión sesgada de los hechos que no evalúa el contexto en su generalidad y sobre todo la singularidad de los protagonistas».
Para Sodero, el sobreseimiento «resta entidad al accionar del imputado en base a no haberse producido un despliegue de violencia física grave, omitiendo considerar el nivel de intimidación que claramente ha existido y que sin duda alguna ha afectado a los funcionarios policiales que han visto obstaculizada – sino impedida – su labor».
«Y ello es así precisamente por esa singularidad de los protagonistas involucrados en el evento, dado el rol de los funcionarios policiales en la ocasión y la investidura del acusado, ya que se trata de un magistrado de la justicia federal que hizo expresa alusión a su cargo y profirió amenazas explícitas», señaló Sodero.
En este sentido, considera que Snopek intentó «disuadir al personal interviniente a fin que desistieran de llevar a cabo la labor que les era propia y debida en la ocasión, objetivo que en definitiva se logró, ya que el resultado de esa intervención fue ajustado a los deseos y exigencias del causante si observamos que finalmente fue él quien se mantuvo en el hogar, resultando prácticamente obligada a retirarse su esposa con su pequeño hijo de apenas cuatro meses de edad».
En cuanto al delito de privación ilegal de la libertad agravada, la fiscal señaló que el sobreseimiento fue dictado seleccionando «algunos datos aislados para inferir la intención subyacente del causante, asumiendo el ánimo con que el mismo habría actuado en la ocasión y por ende la ausencia de una voluntad puesta en privar de la libertad a los efectivos policiales».
Por ello, recordó que el fiscal federal «ha sido advertido por el personal policial de que estaba llevando a cabo una privación ilegal de la libertad, ante lo cual reaccionó con ironía, maltrato, insultos y menosprecio».
El hecho ocurrió el 23 de mayo pasado, cuando tres efectivos policiales concurrieron al domicilio de un barrio de la zona oeste de la ciudad de Salta, ante un llamado al Sistema de Emergencias 911.
Al arribar al lugar, Snopek les aseguró que su esposa lo había violentado y le había arrojado objetos, por lo que decidió convocar a la policía.
Al entrevistarla, la mujer dio otra versión al asegurar que su marido la había empujado luego de solicitarle que bajara a la planta baja de la vivienda a limpiar un líquido, pero ella se negó a radicar la denuncia y a ser examinada por un médico.
En tanto, los policías denunciaron que el fiscal los empujó, amenazó y cerró la puerta de ingreso, impidiendo que salieran de la vivienda, mientras que la mujer abandonó el lugar junto a su hijo de cuatro meses.
Investigación 🔎
Allanamientos por Tandanor: secuestran US$ 367.110 por presuntas coimas
La Policía Federal realizó cinco procedimientos ordenados por Sebastián Casanello. La investigación busca establecer si un exgerente del astillero ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
La Policía Federal secuestró US$ 367.110 en cinco allanamientos vinculados a una investigación por presuntas coimas en el astillero estatal Tandanor. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata, según informaron fuentes judiciales y policiales.
El expediente puso bajo la lupa a Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor. La Justicia busca determinar si le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que la compañía mantenía con el astillero estatal.
La hipótesis que sigue la Justicia
La deuda rondaba los USD200.000. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra bajo análisis alcanzaría al menos los USD220.000, aunque la pesquisa todavía debe reconstruir el circuito del dinero y establecer las responsabilidades de cada involucrado.
El dinero fue encontrado entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. En los procedimientos también aparecieron un recibo manuscrito por USD100.000 y otro por $12,7 millones, además de cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos.
Una denuncia nacida dentro del astillero
La causa se inició luego de una auditoría interna realizada en Tandanor tras un cambio de autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa, un dato que ahora queda en el centro de la trama judicial y que deberá ser contrastado con la documentación secuestrada.
Además del dinero y los comprobantes, los investigadores secuestraron una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. El material será analizado para determinar si respalda la hipótesis de los pagos exigidos y cómo se habría desplegado el vínculo entre el exgerente y el empresario.
El juez delegó la pesquisa en una unidad anticorrupción
Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. Esa dependencia intenta reconstruir el circuito de los pagos bajo sospecha, mientras el expediente avanza sobre una pregunta incómoda para la administración de una empresa estatal: si una deuda podía convertirse, según la hipótesis acusatoria, en la puerta de entrada a un pedido de dinero.
Puntos clave
- La Policía Federal secuestró USD367.110 durante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.
- Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata.
- La Justicia investiga si Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor, ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
- La pesquisa también incorporó un recibo manuscrito por USD100.000 y $12,7 millones, junto con documentación y dispositivos electrónicos.
- La causa surgió de una auditoría interna de Tandanor y fue denunciada por la propia empresa.
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