Violencia de Género
Sospecha de transfemicidio en una comisaría
La Red Diversa Positiva Federal afirmó que Silvia Inés Fernández fue asesinada en la Comisaría 5ta de Pilar.
Por Néstor Llidó
Sofía Inés Fernández, una mujer trans de 40 años, apareció muerta en un calabozo de la comisaría de la localidad de Presidente Derqui, en la que se encontraba detenida acusada de haber cometido un presunto robo.
Solo estos datos han trascendido, en medio de un gran hermetismo que despierta sospechas, al mismo tiempo que sus compañeras denuncian que fue asesinada a golpes y asfixiada, rechazando la hipótesis oficial de un suicidio.
Al margen de la investigación a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 4 de Pilar, que se mantiene en un estricto secreto de sumario, el fallecimiento de Sofía Fernández se produjo el último martes 11 y además de ordenarse la autopsia, la siguiente medida consistió en separar a la Policía Bonaerense de toda intervención pericial para que esta tarea sea desarrollada por personal de Gendarmería Nacional.
Hasta aquí se sabe que la víctima había sido aprehendida el sábado 8 de abril, tras protagonizar un confuso episodio al ingresar a una vivienda, cuyas residentes llamaron al 911 y la acusaron de cometer un robo.
No obstante, sus familiares y allegados expresaron que, en realidad, escapaba de un intento de asalto, cuando entró en esa casa para pedir auxilio y en ese contexto, “se la llevaron presa, le armaron una causa”.
Alojada en uno de los calabozos de la Comisaría 5ta de Pilar, ubicada en el Cruce Derqui, aislada del resto de los detenidos, todos varones, mientras aguardaba su traslado, se produjo su muerte “no traumática” para las fuentes policiales, pero que se denuncia como “un crimen, un transfemicidio”.
La Red Diversa Positiva Federal emitió un comunicado ante el “silencio y las sospechas” en torno a este caso, donde se afirmó que “Silvia Inés Fernández no murió, fue asesinada. Exigimos justicia”.
Es que se apunta a que la golpearon y luego habría sido asfixiada, colocándole su bombacha en la boca, a modo de mordaza, en contraposición a un presunto suicidio, al ahorcarse con esa misma prenda de ropa interior.
“El 8 de abril, Sofía transitaba por una calle de su barrio en Derqui, cuando fue interceptada por delincuentes para robarle. Asustada, salió corriendo e ingresó a un domicilio para pedir ayuda.
Esa familia llamó a la Policía, creyendo que entró a robarles y enseguida en un móvil de la comisaría 5ta. de Pilar se la llevaron detenida, para acusarla en una causa por robo calificado.
Hasta que el día 11, aparece sin vida en una celda de esa seccional”, señalaron desde Red Diversa Positiva.En el pronunciamiento, a modo de denuncia, la organización precisó que “todo está en plena investigación, la comisaría fue intervenida y los resultados preliminares de la autopsia (realizada en la Morgue Judicial de San Fernando) dicen que fue una muerte por asfixia, además de presentar varios golpes en el cuerpo”.
“Esta Red exige el pronto esclarecimiento de tan aberrante hecho, que nos retrotrae a las peores épocas de la persecución policial, encarcelamiento y muerte hacia nuestro colectivo trans”, sostiene el documento, que lleva las firmas de Jackeline Romero, presidenta de Diversa Positiva Federal y de la coordinara en Provincia de Buenos Aires, Victoria Izquierdo.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
Más allá del hermetismo, con asistencia jurídica, la familia de Sofía Fernández ya ha solicitado una serie de medidas ante la Fiscalía que demostrarían la responsabilidad del personal policial en esta muerte, de características violentas, a partir de los testimonios de varios de los detenidos que habrían observado esa presunta agresión previa al trágico desenlace.
Investigación 🔎
“Perdoname por meterme con esa loca”: la frase de Cerimedo que lo hundió antes de cruzar los muros de Chonchocoro
El consultor político fue trasladado este martes desde Palmasola a la prisión de alta seguridad en el altiplano boliviano, a 35 kilómetros de La Paz, donde cumplirá 180 días de detención preventiva por enriquecimiento ilícito. Antes de ingresar, le pidió disculpas al presidente Rodrigo Paz por no haberle «hecho caso» respecto de su relación con la abogada Nadia Beller, víctima del atentado a balazos que lo tiene como principal sospechoso.
Esposado, con chaleco antibalas y casco de protección, así descendió Fernando Cerimedo del vuelo comercial de Boliviana de Aviación (BOA) que lo llevó desde Santa Cruz de la Sierra hasta el aeropuerto de El Alto, en La Paz. Una hora después, a las 7:15 hora local, una caravana de vehículos policiales y de la Fiscalía lo trasladó al penal de Chonchocoro, situado en el altiplano, en el municipio de Viacha. Allí deberá cumplir seis meses de prisión preventiva en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, que se tramita en paralelo al proceso principal que lo acusa de ser el autor intelectual del ataque a balazos contra su expareja, la abogada y activista política Nadia Beller.
Cerimedo, asesor político argentino que prestó servicios al gobierno del presidente boliviano Rodrigo Paz y que fue identificado como colaborador de la campaña electoral que llevó a Paz al poder en octubre de 2025, acumula tres causas penales en Bolivia: la principal, por tentativa de feminicidio por el ataque con sicarios del 17 de agosto contra Beller; una segunda por enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, objeto de la nueva detención en Chonchocoro; y una tercera por violencia familiar y doméstica ejercida presuntamente en julio contra la misma víctima.
El mensaje antes de cruzar los muros
Momentos antes de ingresar al penal, Cerimedo habló brevemente con el diario boliviano El Deber y dirigió un mensaje al mandatario: «Que me perdone por no haberle hecho caso y meterme con esa loca.» La declaración, cargada de una violencia simbólica que no pasó inadvertida, alude al presunto consejo que Paz habría dado al consultor respecto de su relación con Beller, y al mismo tiempo revela que el vínculo entre ambos excedía con creces lo que el Gobierno boliviano intentó minimizar desde el estallido del caso.
Esa minimización tuvo varios capítulos. El 26 de agosto, Paz declaró en su cuenta oficial de Facebook que Cerimedo «jamás nos representó» y que su participación se limitó a la campaña electoral, sin contrato ni relación laboral directa. Días después, en una rueda de prensa, el propio Paz reconoció que Cerimedo colaboró para «poner a Bolivia en el mundo», describiendo su trabajo como parte de una estrategia de proyección internacional. El relato oficial fue cambiando a medida que la causa judicial avanzó y los chats difundidos por Beller vincularon al consultor con decisiones concretas del Gobierno.
La defensa que no pudo frenar el traslado
El equipo jurídico de Cerimedo hizo todo lo posible para impedir el traslado. Un tribunal de Garantías de Santa Cruz rechazó el viernes pasado el recurso que buscaba frenar la orden, dictada el 29 de agosto por un juzgado de La Paz en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito. El miércoles previo, una sala penal paceña había rechazado otra acción de libertad y confirmado la medida cautelar. El abogado defensor Ernesto Giraldes argumentó que Cerimedo podía ejercer su derecho a la defensa desde Palmasola, donde ya cumplía la primera prisión preventiva, y advirtió que el traslado podía implicar un riesgo para su vida, afirmando que el propio Cerimedo habría declarado ante el tribunal haber recibido advertencias de personas que pretenden silenciarlo.
Giraldes confirmó el traslado aproximadamente a las 6:30 hora local y anticipó que solicitará en una próxima audiencia que su cliente pueda «defenderse en libertad» en ambos procesos. Por su parte, el vicepresidente boliviano Edmand Lara, declarado opositor al gobierno de Paz, cuestionó públicamente los protocolos de seguridad utilizados durante el operativo, pidiendo que se explicaran las condiciones del traslado.
El caso que se expande más allá de Bolivia
El expediente contra Cerimedo tiene ahora ramificaciones que cruzan fronteras. La semana pasada, la Cámara de Diputados de Chile aprobó, con 69 votos a favor, la creación de una comisión especial investigadora para indagar la posible manipulación algorítmica y campañas de desinformación con granjas de bots en los procesos electorales chilenos desde 2020. La iniciativa, impulsada por el diputado del Partido Por la Democracia (PPD) José Montalva, tomó impulso a partir de la documentación que surgió en la causa boliviana, donde se identificaron cuentas coordinadas de la red social X que habrían operado para atacar a figuras públicas, incluida la ex candidata presidencial Evelyn Matthei.
En Argentina, la Justicia ya actuó. Se inhibieron los bienes de Cerimedo y se reclamó el cobro de una deuda de 90.000 dólares. El Gobierno argentino, por su parte, reconoció que el consultor ingresó al menos 13 veces a la Casa Rosada durante la primera mitad de 2024, en el período en que Javier Milei ejercía la presidencia.
Puntos clave
- Cerimedo fue trasladado este martes al penal de Chonchocoro para cumplir 180 días de detención preventiva por enriquecimiento ilícito.
- Antes de ingresar, pidió perdón al presidente Paz por no haber seguido su consejo respecto de su relación con Nadia Beller.
- La defensa fracasó en dos recursos sucesivos para impedir el traslado desde Palmasola.
- El caso derivó en una comisión investigadora en la Cámara de Diputados de Chile por el uso de granjas de bots en procesos electorales.
- El Gobierno argentino confirmó que Cerimedo ingresó al menos 13 veces a la Casa Rosada en 2024.
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