Procesamiento con embargos: juez acusa a Boveri y Lanusse por administración fraudulenta

★ El juez Javier Sánchez Sarmiento, a cargo de la investigación judicial sobre el desvío de fármacos de alta peligrosidad en el Hospital Italiano de Buenos Aires, dictaminó ayer el procesamiento formal del anestesista Hernán Boveri y la exresidente Delfina Lanusse por el delito de administración fraudulenta.

La decisión del magistrado cierra una fase central de la pesquisa y establece medidas cautelares severas para garantizar la comparecencia de ambos profesionales al proceso. Tanto Boveri como Lanusse tienen ahora prohibida la salida del país y han sido objeto de embargos de bienes cuya cuantía aún no trascendió públicamente, aunque fuentes judiciales las califican de significativas.

La trama del desvío de propofol

La causa que originó el procesamiento arrancó el 20 de febrero pasado, cuando efectivos de la Policía de la Ciudad hallaron sin vida al anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años, en su departamento de Palermo. El cuerpo presentaba elementos para administración intravenosa y una vía conectada en el pie. La autopsia reveló muerte por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, lesiones compatibles con sobredosis de propofol y remifentanilo.

El hallazgo fue el disparo de salida para una investigación que pronto apuntó hacia el Hospital Italiano. El análisis de trazabilidad del instrumental y medicamentos hallados en el domicilio de Zalazar estableció que una porción significativa pertenecía a la institución ubicada en Almagro; medicamentos que Zalazar no tenía acceso laboral directo porque trabajaba en otros hospitales públicos.

Hernán Boveri: jerarquía y control

Hernán Boveri, médico especializado en anestesia que ocupaba un puesto de jerarquía en el área de Anestesiología del Hospital Italiano, quedó identificado como la pieza clave en la extracción de sustancias. El fiscal indicó que Boveri aprovechó su posición estratégica para vulnerar los controles de stock del hospital, accediendo a medicamentos que requieren custodia estricta, particularmente el propofol, un potente agente hipnótico de corta duración utilizado en quirófanos y procedimientos de sedación.

Boveri renunció a su puesto tras conocerse la causa y fue suspendido preventivamente por la institución antes de que se ejecutaran los allanamientos. En su declaración ante el juez, admitió haber administrado sustancias anestésicas a Lanusse en varias oportunidades, siempre con su consentimiento, y señaló que fue ella quien sustrajo los medicamentos. Estas declaraciones, aunque estratégicamente preparadas para mitigar responsabilidad personal, lo han enredado aún más en la trama judicial.

Delfina Lanusse: consumo documentado y sustracción

Delfina Lanusse, residente de tercer año en el área, fue apartada con licencia forzosa del Hospital Italiano tras los descubrimientos iniciales. Durante las indagatorias, tanto el jefe como el subjefe del área de Anestesiología del hospital declararon bajo juramento que Lanusse reconoció tener problemas de consumo desde hacía dos años, un elemento que el Ministerio Público incorporó como contexto agravante en la causa.

La formulación de cargos por administración fraudulenta en su contra señala que no solo fue partícipe en la sustracción, sino que actuó como eslabón en la cadena de distribución de estos insumos fuera del hospital, aunque sus responsabilidades exactas aún se depuran en las investigaciones.

Los embargos y la subjeción al proceso

Las medidas cautelares impuestas por el juez Sánchez Sarmiento incluyen la prohibición de salida del país para ambos procesados, una restricción que bloquea prácticamente cualquier fuga mientras avanzan las fases del juicio. Los embargos de bienes funcionan como garantía de reparación, es decir, si la sentencia final los declara culpables y ordena indemnizaciones, el Estado contará con activos susceptibles de decomiso o venta.

Según informaron fuentes judicales cercanas a la causa, la cuantía de los embargos fue establecida en función del valor estimado del material sustraído, la cantidad de dosis desviadas y el potencial daño causado por la distribución clandestina de estos fármacos fuera de contextos médicos.

El contexto del caso Propofest

El procesamiento de Boveri y Lanusse se inscribe en lo que la prensa ha denominado caso Propofest, una investigación que reveló durante marzo un circuito clandestino de uso recreativo de anestésicos quirúrgicos. Las pesquisas indicaron la existencia de «Propo fests» o «Fiestas del propofol», encuentros privados donde se consumían propofol y fentanilo con fines no médicos, presuntamente pagados en dólares, y donde había supervisión médica informal para monitorear depresión respiratoria.

Dos muertes quedaron vinculadas a este circuito: la de Alejandro Zalazar, el anestesiólogo hallado en Palermo, y la de Eduardo Bentancourt, enfermero de 44 años hallado sin vida en el mismo barrio rodeado de más de 50 ampollas de medicamentos controlados, incluidas dosis de fentanilo contaminado proveniente del laboratorio de Ariel García Furfaro, procesado a su vez por adulteración de sustancias medicinales.

Una falla estructural en los controles hospitalarios

La causa ha puesto al desnudo una falla estructural grave en los mecanismos de fiscalización del stock de medicamentos de uso controlado dentro de una institución de referencia nacional. El análisis forense de filmaciones de vigilancia interna del Hospital Italiano permitió reconstruir los momentos en que Boveri accedía a sectores restringidos y retiraba ampollas sin que los sistemas de registro lo detectaran a tiempo.

El Hospital Italiano presentó una denuncia formal como querellante en la causa para resguardar su prestigio institucional y colaborar con la Justicia. Sin embargo, la investigación deja abierta una pregunta incómoda: ¿cuánto tiempo circularon estos insumos antes de ser detectados? y ¿cuál fue la magnitud real de la sustracción?

Hacia el juicio oral

Con el procesamiento formalizado, la causa avanza hacia la etapa de preparación de juicio oral. El Ministerio Público deberá consolidar su acusación, y los defensores de Boveri y Lanusse tendrán la oportunidad de ofrecer sus descargos y evidencia ante un tribunal de juicio. La sentencia final podría significar penas de prisión, aunque aún es prematuro especular sobre los montos que se decreten.

Lo cierto es que el caso Propofest ha visibilizado la fragilidad del sistema de salud pública y privada frente a la desviación de insumos críticos, un problema que trasciende a dos profesionales y apunta a la necesidad de reformas estructurales en los protocolos de custodia y registro de sustancias de riesgo.

Puntos clave:

• El juez Javier Sánchez Sarmiento procesó formalmente a Hernán Boveri y Delfina Lanusse por administración fraudulenta.
• Ambos tienen prohibida la salida del país y enfrentan embargos de bienes por valores significativos.
• Boveri ocupaba un cargo de jerarquía en el área de Anestesiología; Lanusse era residente de tercer año.
• El Hospital Italiano presentó querella y colabora activamente con la investigación judicial.
• La causa forma parte de la investigación más amplia sobre el «caso Propofest», que vinculó dos muertes a uso recreativo de anestésicos.