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Aprueban por unanimidad la Ley Lucio

Se trata de una normativa que busca prevenir la violencia contra los menores de edad. Surgió tras el caso del crimen de Lucio Dupuy.

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El Senado de la Nación aprobó hoy por unanimidad y convirtió en ley un proyecto que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia, impulsado tras el caso de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa, por el que fueron juzgadas y condenadas su madre y la pareja de esta.

El proyecto fue debatido en el recinto de sesiones durante poco más de una hora, ya que existía la intención entre los legisladores de sancionar rápidamente la iniciativa.

El expediente plantea capacitaciones continuas y obligatorias, campañas de concientización y mayor presupuesto para luchar contra la violencia en perjuicio de los niños.

En su articulado se crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) -plan que le da nombre a la ley- dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.

La Senaf (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, será la autoridad de aplicación de la ley, por lo que tendrá una «obligación inmediata y directa» en las capacitaciones y campañas de concientización que deberán realizarse, en lo que ya cuentan con «cierta experiencia acumulada».

Uno de los artículos de la ley plantea, además, la creación de campañas de concientización para que toda la población se involucre en la promoción y defensa de los derechos de NNyA.

Asimismo, otro eje central es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando «la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad».

La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la 27.455 de Abuso en la Infancia.

El proyecto de ley surgió tras el asesinato de Lucio (de cinco años de edad) en noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa, hecho por el que fueron juzgadas y condenadas a perpetua su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ésta, Abigail Páez.

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En el recinto se encontraba presente el abuelo del niño, Ramón Dupuy, quien arribó al Congreso junto a otros familiares y reclamó la aprobación de la iniciativa, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 9 de noviembre de 2022.

Diez senadores de las distintas bancadas se anotaron en la lista de oradores para exponer sobre esta iniciativa, que llevó poco más de una hora ya que los legisladores querían sancionar el proyecto lo más rápido posible.

En representación del Frente de Todos (FdT), el primer orador, el senador Daniel Bensusán (La Pampa), expresó que «la violencia de nuestras infancias atraviesa toda la sociedad y nos interpela a quienes tenemos responsabilidades institucionales y políticas».

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El senador destacó «la importancia de legislar sobre el tema para evitar la violencia que se ejerció contra Lucio Dupuy», pidió que «se dejen de meter bajo la alfombra (este tipo de hechos)» y consideró que con esta ley se estará «respondiendo en forma madura como sociedad».

Por la oposición, María Belén Tapia, senadora por Santa Cruz, dijo que el abuelo de Lucio fue «un ejemplo» porque «sacó fuerzas de donde tal vez no sabía que las tenía» al pedir justicia y recordó que todos los espacios políticos «tienen intenciones de legislar» sobre este tipo de casos desde hace tiempo.

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El debate fue cerrado por la oficialista mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien mencionó que «las estadísticas son insoportables» y «una responsabilidad que debemos atacar desde lo Legislativo, lo Ejecutivo y lo Judicial».

«Necesitamos la aplicación rápida de esta ley porque creo en ella. He visto durante muchos años la falta de sensibilidad de los efectores públicos que deciden sobre la vida de niños que no tienen quién los defienda», sentenció Fernández Sagasti.

Judiciales ⚖️

Propofest: Fini Lanusse rompe el silencio pero esquiva los detalles de la causa que involucra dos muertes

La médica procesada por el presunto desvío de propofol del Hospital Italiano publicó un breve mensaje en redes sociales en el que aseguró confiar en el proceso judicial. La declaración llega más de un mes después de que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara los cargos y dispusiera el embargo de sus bienes.

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El Argentino Diario-Fini Lanusse-Propofest.

“Las cosas se van a aclarar”: el descargo de Fini Lanusse tras ser procesada en el Propofest

Delfina «Fini» Lanusse, exresidente de tercer año en el área de Anestesiología del Hospital Italiano de Buenos Aires y procesada en la denominada causa «Propofest», realizó este domingo un breve descargo público a través de un mensaje en redes sociales. Sin entrar en detalles sobre los cargos que pesan en su contra, Lanusse aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó su confianza en el proceso judicial en curso.

«Por el momento no puedo hacer declaraciones profundas», explicó la profesional, quien agregó que la Justicia «se encuentra trabajando en el caso». El mensaje, escueto y cuidadosamente medido, representa la primera aparición pública de Lanusse desde que el juez Javier Sánchez Sarmiento formalizara su procesamiento junto al anestesista Hernán Boveri por el delito de administración fraudulenta.

El procesamiento y las medidas cautelares

El 10 de abril de 2026, el magistrado Sánchez Sarmiento dictó el procesamiento formal de Boveri y Lanusse por el presunto desvío de propofol, remifentanilo y otros fármacos de uso controlado del Hospital Italiano. Ambos profesionales tienen prohibida la salida del país. La Justicia dispuso además un embargo superior a los 30 millones de pesos sobre los bienes de Lanusse.

Según consta en el expediente judicial, Boveri ocupaba un cargo de jerarquía en el área de Anestesiología y habría aprovechado esa posición para vulnerar los controles de stock del hospital. En su declaración ante el juez, el anestesista reconoció haber administrado sustancias anestésicas a Lanusse en reiteradas oportunidades, con su consentimiento, y señaló que fue ella quien sustrajo los medicamentos. La defensa de ambos procesados busca revertir las medidas cautelares y sostiene que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación.

El origen del caso: dos muertes y un sistema de control fallido

La investigación que derivó en el procesamiento comenzó el 20 de febrero de 2026, cuando efectivos policiales hallaron sin vida al anestesiólogo Alejandro Zalazar, de 29 años, en su departamento de Palermo. La autopsia reveló muerte por congestión, edema pulmonar y edema meningoencefálico, lesiones compatibles con sobredosis de propofol y remifentanilo. El análisis de trazabilidad del instrumental hallado en el domicilio de Zalazar determinó que una parte significativa del material pertenecía al Hospital Italiano, institución en la que Zalazar no tenía acceso laboral directo.

El 3 de abril, una segunda muerte complejizó aún más la causa. El enfermero Eduardo Bentancourt, de 44 años, fue encontrado sin vida en su departamento de la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2428, en Palermo. En el lugar se secuestraron tres ampollas de fentanilo del laboratorio HLB Pharma S.A., propiedad del empresario Ariel García Furfaro, procesado en una causa separada vinculada a 111 muertes por adulteración de sustancias medicinales. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, a cargo del fiscal Carlos Vasser, confirmó que las ampollas correspondían al certificado N° 53.100, inhabilitado por la ANMAT, con vencimiento en marzo de 2026, lo que refuerza la hipótesis de un desvío deliberado del stock que debía ser destruido tras la clausura del laboratorio.

Lo que declararon los jefes del área de Anestesiología

El jefe y el subjefe del área de Anestesiología del Hospital Italiano declararon ante el juez que Lanusse reconoció tener problemas de consumo de sustancias desde hacía dos años, un elemento que el Ministerio Público incorporó como contexto agravante en la formulación de cargos. El análisis forense de las filmaciones de vigilancia interna del hospital permitió reconstruir los momentos en que Boveri accedía a sectores restringidos y retiraba ampollas sin que los sistemas de registro lo detectaran a tiempo. El Hospital Italiano se presentó como querellante en la causa para resguardar su prestigio institucional y colabora activamente con la Justicia.

La causa avanza hacia el juicio oral

Con el procesamiento formalizado, la investigación se encamina hacia la etapa de preparación del juicio oral. El Ministerio Público deberá consolidar su acusación, mientras los defensores de Boveri y Lanusse ofrecerán sus descargos y pruebas ante el tribunal. Nuevas definiciones podrían conocerse en las próximas semanas.

Puntos clave:

  • Delfina Lanusse publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que «las cosas se van a aclarar» y expresó confianza en la Justicia.
  • El juez Javier Sánchez Sarmiento la procesó junto a Hernán Boveri por administración fraudulenta; ambos tienen prohibida la salida del país y enfrentan embargos millonarios.
  • La causa se vincula a dos muertes: el anestesiólogo Alejandro Zalazar y el enfermero Eduardo Bentancourt, hallados sin vida en Palermo.
  • En el domicilio de Bentancourt se encontraron ampollas de fentanilo del laboratorio clausurado HLB Pharma (certificado N° 53.100, inhabilitado por ANMAT), vinculado a 111 fallecidos.
  • El Hospital Italiano se constituyó como querellante; la investigación avanza hacia el juicio oral.
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