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A un año del triple lesbicidio en Barracas, la Justicia ignora el hecho como un crimen de odio

El juez Edmundo Rabbione se niega a aplicar los agravantes por crimen de odio y violencia de género en el caso que conmocionó a la comunidad LGBTIQ+. La única sobreviviente denuncia revictimización y falta de perspectiva de género en la investigación.

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El Argentino Diario-Triple lesbicidio de Barracas. Masacre de Barracas.

Una masacre invisibilizada por la Justicia

El 6 de mayo de 2024, Justo Fernando Barrientos arrojó una bomba molotov en una habitación del hotel Canarias, en el barrio porteño de Barracas, donde dormían cuatro mujeres lesbianas. El ataque provocó la muerte de Roxana Castro, Andrea Amarante y Pamela Cobbas, y dejó con graves quemaduras a Sofía Castro Riglos, la única sobreviviente.

A pesar de la brutalidad del hecho y de las evidencias que apuntan a un crimen motivado por el odio hacia la orientación sexual de las víctimas, el juez a cargo de la causa, Edmundo Rabbione, no consideró los agravantes por crimen de odio ni por violencia de género en la imputación contra Barrientos, quien está detenido por homicidio doblemente agravado por alevosía y peligro común.

Revictimización y falta de perspectiva de género

La abogada de Castro Riglos, Luli Sánchez, denunció que el magistrado «sigue sin considerar relevante la violencia de género y el odio» en el caso. Además, señaló que el juez no preservó pruebas fundamentales para la investigación, como el allanamiento de la habitación del imputado, que posteriormente se incendió, perdiéndose evidencia clave.

Castro Riglos solicitó la recusación de Rabbione por revictimización y falta de perspectiva de género, pero la Sala N°7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ratificó al juez en su cargo. Actualmente, se están planteando recursos de apelación para lograr un pronunciamiento del tribunal que contemple la violencia hacia las mujeres y las lesbianas como agravantes en la causa.

Un contexto de discursos de odio y violencia institucional

Sánchez también advirtió sobre el contexto de violencia y discursos antiderechos promovidos por altas autoridades gubernamentales, que fomentan el odio hacia la comunidad LGBTIQ+. Mencionó al escritor y biógrafo del presidente Javier Milei, Nicolás Márquez, como uno de los referentes que profundiza el desprecio y la violencia contra los integrantes del colectivo.

La abogada destacó que el método elegido por el acusado, prender fuego a las víctimas, es una prueba contundente del motivo discriminatorio del delito. «Atacó a cuatro lesbianas, dos parejas de lesbianas, lo cual indica que escogió a las víctimas por su orientación sexual o identidad disidente», concluyó.

Puntos clave:

  • El triple lesbicidio de Barracas ocurrió el 6 de mayo de 2024, cuando Justo Barrientos arrojó una bomba molotov a una habitación donde dormían cuatro mujeres lesbianas.
  • Tres de las víctimas fallecieron y una sobrevivió con graves quemaduras.
  • El juez Edmundo Rabbione no aplicó los agravantes por crimen de odio ni violencia de género en la imputación contra Barrientos.
  • La única sobreviviente denunció revictimización y falta de perspectiva de género en la investigación.
  • Se perdieron pruebas clave debido a un incendio posterior en la habitación del imputado, que nunca fue allanada.
  • La abogada de la sobreviviente señala un contexto de discursos de odio promovidos por autoridades gubernamentales como factor que fomenta la violencia contra la comunidad LGBTIQ+.

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Condenaron al Pity Álvarez a 12 años, pero con domiciliaria y tobillera

El Tribunal Oral 29 lo consideró culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, pero dispuso un arresto domiciliario provisional. Álvarez no escuchó el veredicto y la defensa de Javier Baños, que había calificado el juicio de ilegal, deberá designar el domicilio donde cumplirá la pena.

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Pity Álvarez fue condenado a 12 años de prisión por el crimen de Cristian Díaz, aunque por ahora la cumplirá bajo arresto domiciliario y con tobillera electrónica. Lo resolvió este viernes el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de la Ciudad de Buenos Aires, más de ocho años después del hecho.

Los jueces Gustavo Goerner (presidente), Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro consideraron a Cristian “Pity” Álvarez, ex líder de Viejas Locas e Intoxicados, culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A Cristian Maximiliano “Gringo” Díaz lo mataron el 12 de julio de 2018 en el complejo Cardenal Samoré, de Villa Lugano. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer más adelante.

Domiciliaria, tobillera y un domicilio por definir

Según se informó durante la lectura del veredicto, la defensa, encabezada por el abogado y ex fiscal Javier Baños, debe designar el domicilio donde Álvarez cumplirá la pena, bajo la modalidad de arresto domiciliario provisional y con tobillera electrónica. Si se registra una violación de la prisión domiciliaria, la condena puede hacerse efectiva en una cárcel.

La tobillera no es una novedad en el expediente: en marzo de 2023, cuando ratificó la suspensión del debate, el propio Tribunal había ordenado retirarle la que tenía colocada y dispuso que la Justicia civil supervisara su tratamiento de rehabilitación.

Una silla vacía en la lectura

Álvarez, que permanece internado de manera involuntaria en la clínica psiquiátrica Solar Colonial, de Castelar, iba a presenciar el veredicto por videoconferencia, pero la transmisión solo mostró una silla vacía: no se conectó para escuchar la sentencia. Antes de que los jueces deliberaran había hablado por Zoom para sus últimas palabras: dijo que “me pareció un poco excesivo el alegato que presentó el fiscal” y agregó que no tenía nada más para decir.

Una pena a la medida de la querella

La condena quedó a solo 10 meses del pedido de la querella y a 6 años y 6 meses del que formuló la Fiscalía. El fiscal Sandro Abraldes había reclamado 18 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que el abogado Fabián Améndola, que representa a la familia de la víctima junto a Fernando Burlando, pidió 11 años y 2 meses con arresto domiciliario. Burlando había asegurado que Álvarez sería condenado.

La defensa había pedido la absolución por legítima defensa y, de manera subsidiaria, una condena por exceso en la legítima defensa. Baños, que actúa junto a Sebastián Queijeiro, calificó el proceso de “un juicio en ausencia, ilegal al 100%” y planteó la nulidad, y durante las réplicas tuvo un fuerte cruce con el Tribunal, cuyo presidente, Goerner, lo interrumpió.

Lo que tenés que saber

  • El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 condenó a Álvarez a 12 años de prisión por el homicidio agravado por arma de fuego de Cristian Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018.
  • La pena se cumplirá bajo arresto domiciliario provisional y con tobillera electrónica, en un domicilio que debe designar la defensa de Javier Baños; si se viola, la condena puede hacerse efectiva en una cárcel.
  • Álvarez no escuchó el veredicto: la transmisión por videoconferencia solo mostró una silla vacía.
  • El fiscal Abraldes había pedido 18 años y 6 meses de prisión; la querella, 11 años y 2 meses.
  • Los fundamentos de la sentencia se conocerán más adelante.
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