La Fiscalía que investiga al ex presidente Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola Yañez suspendió las declaraciones de dos empleadas de la quinta de Olivos. La decisión se tomó tras un planteo de la querella, que cuestionó la legalidad de los testimonios debido al deber de confidencialidad que firmaron las trabajadoras al ingresar a la residencia presidencial. La defensa de Fernández había presentado a estas empleadas como testigos, pero la ex primera dama no las relevó de ese deber, lo que generó la controversia.

El fiscal federal Ramiro González decidió citar al escribano que documentó las exposiciones privadas de cinco testigos propuestos por la defensa, cuyos testimonios fueron entregados en sobres cerrados a la Justicia. El escribano deberá presentarse en la fiscalía para detallar cómo se realizaron dichas actas.

Investigación de la confidencialidad

El cuestionamiento de la abogada de Yañez, Mariana Gallego, se centra en si las declaraciones de las actuales y ex empleadas de Olivos pueden estar comprometidas por el acuerdo de confidencialidad que firmaron al ingresar a trabajar en la residencia presidencial.

Según testigos que ya declararon, Fernández las relevó de ese deber, aunque esto no constaría en la causa. Para esclarecer estos puntos, el fiscal González decidió abrir un expediente aparte con el fin de determinar los alcances de la confidencialidad y su relación con los testimonios presentados.

Peritaje del teléfono de Fabiola Yañez

Por otro lado, el teléfono celular de Fabiola Yañez será peritado en España el 8 de octubre. Este trámite, realizado por la fiscalía de ese país, tiene como objetivo extraer y enviar la información contenida en el dispositivo a la Justicia argentina. La «copia forense» de los datos será remitida a la fiscalía de González para analizar los mensajes intercambiados entre Yañez y Fernández, lo que podría aportar pruebas clave en la investigación.

El peritaje internacional fue aprobado luego de que la Cámara Federal porteña rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de Fernández. Los abogados del ex presidente se oponían a que el peritaje se realizara fuera del país, argumentando que el proceso debía llevarse a cabo en territorio nacional para garantizar el debido proceso y minimizar los riesgos de manipulación de la evidencia.

Debate sobre el peritaje internacional

La defensa de Fernández planteó que el peritaje en España ponía en riesgo la integridad de la cadena de custodia de los datos. Sin embargo, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron que estos argumentos no implicaban un «gravamen irreparable» y ratificaron que la extracción de datos podía realizarse en el extranjero. Además, destacaron que el teléfono celular de Yañez no está secuestrado por la Justicia, sino que ha permanecido en su poder desde los hechos investigados, lo que refuerza la obligación de asegurar la inalterabilidad de los datos.

Cómo sigue la causa

La investigación sigue avanzando, con la expectativa de que las declaraciones de testigos y el análisis del teléfono de Yañez puedan aportar nueva información al caso. El fiscal González continúa recopilando pruebas para esclarecer la situación y, en paralelo, evalúa las objeciones presentadas tanto por la defensa de Fernández como por la querella de Yañez.

El caso ha generado un intenso debate sobre los procedimientos legales, la confidencialidad de los empleados de la residencia presidencial y el uso de pruebas obtenidas en el extranjero, elementos que podrían ser clave en el desenlace del proceso.