Política 📢
Causa por violencia de género contra Alberto Fernández: seguirá a cargo de Ercolini
La resolución mantiene la causa en Comodoro Py hasta que se determinen las circunstancias del caso.
La Cámara Federal porteña confirmó que la causa por violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, iniciada por la ex primera dama Fabiola Yañez, deberá continuar radicada en los tribunales federales de Retiro. La resolución fue firmada por el camarista Eduardo Farah, miembro de la sala II del Tribunal de Apelaciones.
La decisión implica que la investigación continuará bajo la dirección del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González, rechazando así la solicitud de la defensa de Fernández para que el caso fuese trasladado a los tribunales de San Isidro.
El camarista Farah consideró «prematuro» el cambio de jurisdicción solicitado, argumentando que es necesario concluir con las medidas de prueba en curso antes de determinar si la causa corresponde al fuero federal o al ordinario. Esta resolución se alinea con la postura del juez Ercolini, quien había sostenido que el expediente debía permanecer en la órbita federal hasta que se aclare completamente la naturaleza de los hechos y se defina la competencia adecuada.
Que implica la ratificación de la competencia
La ratificación de la competencia federal asegura que la causa se mantenga bajo la supervisión de un tribunal con mayor alcance y competencias especiales, dado el perfil del acusado y la complejidad del caso. Además, la continuidad en la jurisdicción federal podría influir en el desarrollo de la investigación, especialmente en lo que respecta a la recolección de pruebas y la eventual imputación de cargos.
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Legislativo
Discapacidad: el Senado debate hacer permanente la ley que Milei vetó
Con aval de todo el arco político, la Cámara alta trata la norma que reemplaza a la emergencia que el Presidente vetó en 2025. Conserva la pensión del 70% de la mínima, la compatibilidad con el empleo y un piso presupuestario en términos reales.
La emergencia en discapacidad que Javier Milei vetó, que el Congreso le impuso por dos tercios y que el Gobierno después congeló está a un paso de convertirse en política permanente. Esta vez, con la firma del propio oficialismo, que necesita cerrar el frente antes de que la emergencia venza el 31 de diciembre.
El Senado sesiona desde las 11 con un temario extenso cuyo eje es la sanción definitiva de la «Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad», que reemplaza el esquema transitorio de la Ley 27.793 por un régimen estable. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, impulsó la sesión después de que el proyecto obtuviera el 4 de noviembre dictamen sin cambios en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, con el respaldo de LLA, el bloque Justicialista, el PRO, la UCR y los bloques provinciales. En Diputados, la iniciativa había sido aprobada por 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones.
Qué garantiza el proyecto
La pensión no contributiva por discapacidad queda fijada en el 70% del haber jubilatorio mínimo y se actualiza por la movilidad previsional. El acceso sigue atado al Certificado Único de Discapacidad (CUD). La norma permite que los titulares tengan un empleo formal o se inscriban en el monotributo sin perder automáticamente el beneficio, mientras sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si los superan, la pensión se suspende, y puede rehabilitarse cuando el trabajo termina o el ingreso vuelve a estar por debajo del tope.
El texto establece un nomenclador único y obligatorio de prestaciones básicas para obras sociales, prepagas y el Estado, actualizado por movilidad jubilatoria y con estudios periódicos de costos, y garantiza la cobertura de salud de los pensionados a través del programa Incluir Salud. En materia de financiamiento, el crédito presupuestario del Ministerio de Salud para el sistema no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior. También prevé una reducción del 50% de ciertas contribuciones patronales durante tres años para quienes contraten por tiempo indeterminado a trabajadores con discapacidad.
Para los prestadores, que arrastran meses de atraso, el Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar las deudas verificadas en un plazo de 90. La Secretaría Nacional de Discapacidad quedará a cargo de auditorías permanentes con cruces de datos entre ANSES, ARCA, RENAPER y SINTyS, aunque el proyecto incorpora garantías: ante una irregularidad, el beneficiario tendrá 60 días para responder y podrá pedir la rehabilitación provisoria mientras se revisa su caso.
Del veto a la ley permanente
La Ley 27.793 declaró la emergencia en discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2026. Milei la vetó en su totalidad y el Senado rechazó ese veto por 63 votos contra 7, en la primera derrota de ese tipo que sufrió el Gobierno en la Cámara alta. La norma fue promulgada, pero el Ejecutivo suspendió su ejecución, lo que profundizó la crisis de prestadores, transportistas y centros terapéuticos.
El mismo oficialismo que vetó la emergencia y la dejó sin aplicar termina apadrinando una ley que conserva casi todo su contenido. La urgencia tiene fecha: el período de sesiones ordinarias cierra el 30 de noviembre y, sin una ley nueva, el sistema quedaría sin marco legal al terminar el año.
El resto del temario
La sesión incluye además la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un pedido de los Estados Unidos, y el proyecto de propiedad privada, que vuelve de Diputados con cambios, junto con la ley Joaquín. El peronismo intentó sumar sobre tablas el proyecto de prevención de la ludopatía. «Tenemos una explosión del tema de plataforma de juego en las redes», advirtió el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, que cuestionó la publicidad de apuestas como un «cebo para los jóvenes». Bullrich rechazó el tratamiento inmediato y propuso llevarlo a un plenario de comisiones la semana próxima.
Lo que tenés que saber
- El Senado trata la ley que vuelve permanente el sistema de la emergencia en discapacidad, que vence el 31 de diciembre.
- La pensión no contributiva queda en el 70% de la jubilación mínima y es compatible con ingresos de hasta dos salarios mínimos.
- El presupuesto para el sistema no podrá caer en términos reales respecto del año anterior.
- Las deudas con prestadores deberán tener cronograma en 30 días y pagarse en 90.
- Milei había vetado la Ley 27.793; el Congreso insistió y el Gobierno suspendió su ejecución.
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