Una serie de medidas precautorias fueron solicitadas a la Justicia salteña para proteger a una médica del Hospital Público Materno Infantil (HPMI) de la ciudad de Salta, hostigada a través de redes sociales a partir de una publicación realizada por un ex diputado provincial y comunicador social que la calificó de «sicario» por cumplir con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

«Estamos lejos de una resolución» en esta causa, dijo a Télam la abogada Laura Torrez, quien representa a la médica que se desempeña como obstetra en el HPMI, hostigada a través de las redes sociales por cumplir con la Ley Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

La letrada aseguró estar «preocupada», porque desde que hizo la denuncia, el 30 de marzo último, no se adoptaron las medidas precautorias solicitadas en la demanda en contra del ex diputado provincial Andrés Suriani.

«Hicimos una denuncia por violencia de género, mediática o digital, y violencia simbólica, más la violencia psicológica que la doctora sufrió, el 30 de marzo, y recién el 18 de abril salió una convocatoria a una audiencia», que se concretará el próximo miércoles, a las 9.

Torrez explicó que «en otras situaciones, las primeras medidas son de no acercamiento, no hostigamiento por redes sociales, pero en este caso no se dio» y precisó: «Hoy hicimos una ampliación de la denuncia».

Todo comenzó «a fines de marzo, a través de la red social Whatsapp, cuando Suriani envió a un grupo la cara de la doctora con sus datos y la leyenda: ‘Estamos conociendo el rostro de los sicarios que hacen abortos en Salta'», develó Torrez.

«El mismo día, una cuenta de Facebook que desconocemos si se trata de una persona física, de un tal Tomás Morando, fue más allá y, con la misma foto, hizo un cartel como los del lejano oeste, de buscada, con todos los datos, y arengando a que la busquen a la doctora, como una caza de brujas».

La abogada reveló que esta publicación se replicó en «varias cuentas antiderechos del país», tras lo que contó que el ex legislador realizó una serie de incursiones mediáticas hablando del tema.

«La ley no tiene función sancionatoria sino preventiva y en ese marco, solicitamos, además de que no hable más de la doctora, que deje de replicar las publicaciones, que no la nombre y se levante todo del Facebook, que sea obligado a capacitarse en cuestiones de género, para prevenir nuevos episodios o erradicarlos totalmente», afirmó, y destacó que «pedimos todas esas cautelares pero nada salió».

Torrez comentó que en el HPMI son «únicamente cuatro las mujeres obstetras que realizan IVE», y esta situación «ocasionó una serie de inconvenientes, de miedos, de comentarios e inclusive amenazas».

«Creemos que lo que se quiere hacer es amedrentar, disuadir e intimidar a las médicas del hospital, pero es un agravante porque lo que se está haciendo en poner en jaque a una política pública sanitaria», manifestó.

Asimismo, indicó que su clienta «está únicamente cumpliendo con la ley de IVE, que se puede o no compartir, pero vivimos en un estado de derecho y las leyes se hicieron para ser cumplidas».

«Lo que esperamos es que apliquen todas las medidas que pedimos, que se levanten de las redes y los medios medios todas las publicaciones que arengan a que la encuentren a la doctora como si fuera una criminal», y sostuvo que el ex diputado y comunicador «es una persona reconocida, que ejerció cargos públicos, y por ello la responsabilidad es mayor».

Finalmente, señaló que «quieren hacer ver ante la sociedad que estos médicos garantistas son unos delincuentes», tras lo que pidió que «la justicia aplique la normativa y resguarde a Marianela», porque, sino estaríamos también ante un caso «violencia institucional por parte de la justicia», y agregó que «tenemos el apoyo del Círculo Médico, del Colegio Médico y del HPMI».