CABA
Juicio a mujer que expulsó un feto en «emergencia obstétrica»: la acusan de homicidio
El hecho ocurrió el 15 de diciembre de 2020. La mujer, de 43 años, tras una gestación de 38 semanas tuvo un evento obstétrico. Nunca supo que estaba embarazada.
El juicio contra una mujer que está detenida acusada por homicidio agravado por el vínculo luego de expulsar un feto por una emergencia obstétrica comenzará el lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 30 de la ciudad de Buenos Aires, en el marco una causa en la que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) exigió su inmediata liberación.
Las audiencias comenzarán a las 9.30 en la sede del tribunal, ubicado en Paraguay 1536, día en que declarará la acusada, y se extenderán el 15 y 18 de noviembre.
El debate estará a cargo de los jueces Luis María Rizzi, Guillermo Enrique Friele y Marcela Mónica Rodríguez y como fiscal intervendrá Graciela Alicia Gils Carbó, de la Fiscalía N° 26.
El hecho ocurrió el 15 de diciembre de 2020 cuando la mujer, de 43 años y oriunda de Venezuela, a la que llaman «La China», tras una gestación de 38 semanas tuvo un evento obstétrico catalogado como «parto en avalancha», en el cual expulsó un feto, el cordón umbilical y la placenta.
Según ella misma explicó en una carta escrita en su celda del Complejo Penitenciario de Ezeiza, no tenía conocimiento de su embarazo y había tenido eventos obstétricos similares en otras ocasiones en su país natal, por lo que depositó los restos con sangre envueltos en una manta en un contenedor de basura cercano a su casa en la zona del centro porteño.
Horas después un hombre halló el feto envuelto en una manta en la calle Lavalle al 1600 y dio aviso a la policía, por lo que una semana más tarde la mujer fue detenida y desde entonces se encuentra presa acusada de homicidio agravado por el vínculo, por lo que puede recibir una condena a prisión perpetua.
«Mentalmente, físicamente y hormonalmente nunca sentí ni padecí ningún síntoma común de embarazo: tuve sangrado menstrual mensualmente, sentía un cosquilleo como de dolor de panza normal, nunca me crecieron los pechos y el aumento de peso fue algo habitual para alguien que hace el cambio de vida que yo había hecho», detalló la mujer en la misiva.
En el juicio se presentaron como amicus curiae en apoyo a la mujer el CELS, la Asociación de Pensamiento Penal, la Cooperativa Esquina Libertad y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).
El CELS advirtió en un comunicado que el sistema penal desconoce la existencia de emergencias obstétricas, que «son bastante más comunes de lo que se cree» y las criminaliza «cuando quienes sufren esos eventos son mujeres pobres, migrantes, racializadas».
Gastón Marano, su abogado defensor, dijo hoy a Télam que la mujer presenta condiciones físicas y psiquiátricas que explican su versión de los hechos.
«Padece dos afecciones concomitantes. Una de esas la hace tener períodos menstruales sumamente irregulares, violentos y con expulsión de quistes desde los 15 años. Esto ha hecho que durante las gestas de embarazos que tuvo solamente haya adquirido conciencia de embarazo muy tardíamente o no la haya adquirido», explicó el letrado.
La mujer ya es madre de dos niños. Además, indicó que presenta «una situación psiquiátrica acreditada por los dos máximos especialistas de la Argentina, Ezequiel Mercurio y Vanesa Maero Suparo, del Ministerio Público de la Defensa, que es el ‘trastorno de negación generalizada del embarazo'».
Los peritos definieron a este trastorno como «la falta de conciencia subjetiva de estar embarazada y la diferencian del ocultamiento del embarazo», citando un estudio en el que los autores estimaron que la negación del embarazo se da con una «frecuencia de 1 en 475 nacimientos», según las organizaciones que se presentaron como amicus curiae.
«Está acreditado que sobre el feto nadie ejerció ningún tipo de violencia. Murió de una enfermedad placentaria grave», añadió Marano, quien aseguró que «no tendría que existir carátula alguna».
«Estamos ante un evento obstétrico, por fuera del dominio consciente de ella. El tratamiento debería haber sido de salud, no del sistema punitivo. Lamentablemente, el sistema judicial sigue criminalizando a las mujeres en estas situaciones», advirtió.
CABA
Escombros, ratas y cables: chicos y chicas padecen una escuela porteña que Jorge Macri dejó a medio hacer
Más de 400 alumnos de la Escuela N° 9 D.E. 18 de Monte Castro, entre ellos chicos con discapacidad, cursan desde julio en medio de una obra paralizada: polvo, broncoespasmos, baños racionados y un tendido eléctrico que colapsa. Era una obra de accesibilidad que la Justicia había exigido.
Desde julio, cuando la obra se paralizó, las maestras dan clases entre obradores, escombros, un tendido eléctrico sin terminar y el polvo que levantan los materiales abandonados. Muchos chicos ya sufren broncoespasmos, los baños habilitados alcanzan para pocos y las ratas se pasean por las baldosas del patio. No es una escuela del interior olvidada: está en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país.
Se trata de la Escuela N° 9 D.E. 18 «Provincia de Misiones», del barrio de Monte Castro, una primaria de jornada completa con intensificación en idiomas a la que asisten más de 400 alumnos, varios de ellos con discapacidad. El establecimiento depende del Ministerio de Educación porteño que conduce Mercedes Miguel, bajo la gestión del jefe de Gobierno Jorge Macri. Las madres de la comunidad escolar describieron la situación en diálogo con la prensa local.
Una obra adjudicada, empezada tarde y abandonada
Las familias llevaban años exigiendo dos reformas urgentes: las mejoras de accesibilidad para los alumnos con discapacidad y la renovación total del tendido eléctrico, que colapsa cada vez que se enchufan varios artefactos a la vez. Las docentes se turnan para usar los proyectores porque no pueden conectarlos al mismo tiempo y, en verano, las aulas del piso de arriba se convierten en una caldera, ya que instalar aires acondicionados es imposible sin que se corte la luz.
Las obras fueron adjudicadas en agosto de 2025, pero recién comenzaron en octubre. En febrero de este año empezaron los problemas, al punto de que en el jardín llegó a peligrar el inicio del ciclo lectivo. En julio los trabajos se frenaron por completo y desde entonces la escuela funciona dentro de una obra abandonada.
En mayo, ante la falta de avances, las familias iniciaron una juntada de firmas. No alcanzó: al igual que en marzo, la vuelta a clases tras el receso invernal estuvo plagada de complicaciones. Hoy hay pocos baños habilitados, los chicos deben turnarse para usarlos y los espacios recreativos quedaron anulados y cubiertos de polvo.
Un fallo judicial convertido en letra muerta
“Mi hijo tiene discapacidad motriz y los reclamos de accesibilidad edilicia comenzaron en el jardín”, contó Marcela, mamá de Vicente, alumno de cuarto grado, en diálogo con Tiempo Argentino. Las familias pidieron, entre otras cosas, pisos de goma eva en las aulas, barrales y baños cercanos. Para que la obra arrancara tuvieron que recurrir a la Justicia junto a la fundación Acceso Ya, y obtuvieron un fallo favorable que obligaba a que la escuela fuera accesible.
Pero la paralización dio vuelta el sentido de todo el proceso. Según Marcela, una obra que iba a ser por accesibilidad terminó provocando que “Vicente ni siquiera tenga un baño en planta baja”. Y fue tajante: “Así que ya no es una cuestión de accesibilidad, sino de derechos para poder estar en la escuela”.
El caso expone una contradicción difícil de disimular: el Estado porteño fue obligado judicialmente a garantizar un derecho y la ejecución de esa obligación terminó dejando a un chico con discapacidad en peores condiciones que antes.
Nueve horas diarias entre polvo y ruido
Soledad es mamá de una nena de segundo grado que forma parte de la comunidad educativa desde la sala de 3 del jardín. “Veíamos un montón de problemas, pero cuando mi hija pasó a la primaria empezó lo peor”, relató. Su hija le contaba todos los días lo difícil que era estar en el comedor por el ruido y los gritos, algo que le provocaba dolor de panza y de oídos. La necesidad de alzar la voz de manera constante en medio de la obra le generó un principio de disfonía que obligó a un tratamiento fonoaudiológico.
“Sentimos que nos abandonaron. Esta escuela que tiene 100 años, necesita que se hagan estas obras para asegurar lo mínimo, para poder enchufar ventiladores y no tener que estar pensando si se prende fuego”, señaló Soledad. Y agregó: “Da tristeza saber que nuestros hijos pasan 9 horas todos los días en estas condiciones”.
La referencia al siglo de vida no es una exageración. Según la Junta de Estudios Históricos del Barrio Monte Castro, la escuela comenzó a funcionar en 1912 como Escuela N° 25 del Distrito Escolar 14, en un edificio alquilado de la calle Bahía Blanca 2170. Más de cien años después, sus alumnos cursan con miedo a que un ventilador provoque un incendio.
La voz de los chicos
Jazmín tiene 7 años, cursa segundo grado y le pidió a su mamá poder contar lo que vive cada día desde hace un año. Lo que más le molesta, dijo, son “el comedor y los baños”: el comedor, por el ruido y porque siente que están “muy encerrados”; los baños, porque hay que hacer cola y las puertas a veces se traban o se abren solas. En el aula tampoco pueden abrir las cortinas.
La nena contó además que hace mucho no van a los talleres, que ahora los profesores deben ir a las aulas y que el resto de las actividades quedó suspendido porque “hay lugares que están cerrados y tienen mucho polvo y muchos estornudamos”. También describió a las ratas que recorren el patio: “están arriba y no nos dejan pasar por ese lugar cuando necesitamos”.
Anuncios millonarios, escuelas a medio terminar
El drama de Monte Castro contrasta con la narrativa oficial. A comienzos de 2025, Jorge Macri anunció una inversión de $146.600 millones para más de 600 obras de infraestructura en escuelas porteñas, y en junio de este año, durante una recorrida junto a la ministra Miguel, la Ciudad informó que ya había completado 105 obras de renovación integral. Detrás de las cifras de los anuncios, las comunidades educativas siguen denunciando obras suspendidas, demoradas o directamente abandonadas.
El malestar se agravó este mes con el denominado “Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos”, un protocolo que, según denuncian las cooperadoras, traslada a familias y estudiantes parte de las tareas de mantenimiento que corresponden al Estado. Las organizaciones reclaman más presupuesto para obras, la intervención de las empresas de mantenimiento y la ejecución de los trabajos pendientes.
En la Escuela N° 9, ese reclamo tiene nombre y apellido: chicos con broncoespasmos, una nena en tratamiento fonoaudiológico y un alumno con discapacidad motriz sin baño accesible.
Lo que tenés que saber:
- La Escuela N° 9 D.E. 18 «Provincia de Misiones», de Monte Castro, tiene más de 400 alumnos y funciona desde julio en medio de una obra paralizada.
- Las obras fueron adjudicadas en agosto de 2025, comenzaron en octubre y se frenaron en julio de este año.
- Las familias habían obtenido, junto a la fundación Acceso Ya, un fallo judicial favorable para que la escuela fuera accesible.
- Hay chicos con broncoespasmos, baños racionados, espacios recreativos anulados y presencia de ratas en el patio.
- El tendido eléctrico colapsa al conectar varios artefactos, lo que impide usar proyectores a la vez o instalar aires acondicionados.
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