Las trabajadoras del área de Prevención del Delito del Gobierno porteño, agrupadas en la junta interna de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), realizaron hoy una asamblea en el marco del Día Internacional de la Mujer para visibilizar «la precariedad laboral y salarial que afecta a las mujeres trabajadoras».

Aseguraron que su sector, mayoritariamente femenino, se caracteriza por «sueldos debajo de la línea de pobreza y violencia laboral y económica».»El reclamo, dirigido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, busca visibilizar una realidad de precariedad laboral y salarial que afecta particularmente a las mujeres trabajadoras que son la cara de un programa que es cercano a la ciudadanía pero que no se sabe cuáles son sus condiciones laborales», denunciaron en un comunicado.

La delegada de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Belén Mariani, explicó que se trata de un sector donde «el salario está por debajo de la línea de pobreza, no hay una contratación fija y el 85% por ciento somos mujeres».

Las trabajadoras de la Ciudad realizaron hoy una movilización frente a la Jefatura de Gabinete, ubicada en Monteagudo y Uspallata, en el barrio de Parque Patricios. «En estos momentos seguimos en condiciones de monotributistas, sin poder avanzar. Llevamos cinco años organizadas, y llegando a ministerios, a la jefatura de Gabinete, saben de este reclamo pero no lo responden», explicó.

Durante la asamblea se realizó un «siluetazo» y la producción de carteles para expresar el impacto de la violencia laboral, económica y sindical sobre sobre el cuerpo de los y las trabajadoras.La delegada del departamento de Género y Diversidad de la CTA Clarisa Gambera aseguró que la precariedad laboral «impacta de manera diferencial a mujeres y diversidades».

«Estamos a cargo de los niños y de los adultos mayores y con los salarios que cobramos, que en muchos casos están por debajo de la línea de pobreza, no se está pudiendo solventar la vida».

Indicó que están reclamando que las trabajadoras comunitarias tengan «un salario» de parte del Gobierno local.»Estuvieron acompañando situaciones donde el Estado se quedó corto o no llegó, fueron promotoras, ayudaron en comedores, pusieron el cuerpo en la pandemia y no están siendo reconocidas», afirmó Gambera.