La organización Amnistía Internacional señaló a los 230 femicidios registrados en 2022 y a la inexistencia de sentencias condenatorias para el 84.5% de las denuncias por delitos contra la integridad sexual como parte de «las deudas en derechos humanos que persisten en la Argentina», con motivo del Día Internacional de las Mujeres.

La organización hizo foco en cuatro grandes áreas para hablar de la deuda pendiente en la Argentina: violencia de género, violencia online, Educación Sexual Integral (ESI) e interrupción voluntaria del embarazo.

Violencia de género: en 2022, de acuerdo al monitoreo de la sociedad civil (MuMaLá) se registraron 233 femicidios, de los cuales 9 fueron transfemicidios o travesticidios. El 91% fue cometido por personas del círculo cercano de la víctima. De las más de 125.000 llamadas atendidas por la línea 144, 24.558 comunicaciones fueron derivadas a distintos canales de asistencia para su seguimiento y el 91% corresponde a situaciones de violencia doméstica.

Es indispensable realizar un diagnóstico sobre las deficiencias de las políticas públicas existentes, abordar causas profundas y adoptar un enfoque integral. El brutal escenario en relación a las altas cifras de asesinatos y ataques no es acompañado por soluciones en materia judicial. Solo el 15,5% de denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias. Es urgente contar con una justicia rápida, reparadora y con perspectiva de género y diversidad.

Violencia on line: la hostilidad también permea las redes sociales. Un estudio de ONU Mujeres realizado el año pasado recoge que el 80% de las mujeres con voz pública entrevistadas dejó de opinar sobre determinados temas, el 40% se autocensuró y un tercio cambió de puesto laboral.

Amnistía Internacional ya ha alertado que 1 de cada 3 mujeres en nuestro país ha sufrido violencia on line. Las expresiones de violencia en línea trascienden la virtualidad. Estas agresiones tienen impacto en la salud, integridad, vida laboral y socialización.

Aborto legal: ya se cumplieron más de dos años de la aprobación de la ley que consagró el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo en Argentina, una conquista que inspira a otros países. Sin embargo, su efectiva implementación aun es una deuda. Desde 2021 se han registrado 132.754 abortos en el sistema público de salud, aunque no se ha producido información sobre el sistema privado. Las mujeres y personas gestantes aún enfrentan barreras.

ESI: otra ley cuya correcta implementación aún está pendiente es la de Educación Sexual Integral (ESI), herramienta fundamental para el acceso a los derechos de las mujeres y personas LGBTI+ y generar un cambio social. En el contexto del reciente inicio de clases, Amnistía Internacional señala que solo el 4% de las y los estudiantes de nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos básicos, prioritarios y obligatorios. A esto se suma que 7 de cada 10 docentes sostienen que necesitan más capacitación, lo que pone en evidencia la falta de políticas públicas para fortalecer su formación. La ESI es una herramienta central para que niñas, niños y jóvenes puedan tomar decisiones, aprender sobre diversidad y respeto y alertar situaciones violentas, entre otras cosas.