Los cuatro ministros de la Corte Suprema aguardan que el Poder Ejecutivo elija la candidata a reemplazar a Elena Highton, conscientes de las complejidades políticas y con un acuerdo para acelerar la salida de los fallos claves que aguardan definición en el alto tribunal.

En la última semana, las organizaciones Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la organización Gqual, reclamaron que se designe a una mujer.

En una carta al gobierno de Alberto Fernández, estas organizaciones promovieron «la designación de una magistrada con compromiso con los derechos humanos y perspectiva de género, en el plazo previsto por la ley y sin dilaciones, a efectos de garantizar la igualdad de género en la Justicia argentina».

En este sentido, la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerrutti, mensuró el jueves pasado que «hay candidatas y candidatos, pero todos sabemos que debe ser una decisión tomada según se prevé en el marco de la equidad de género y del cupo federal».

En la Corte acuerdan con esta idea de una mujer que venga del interior del país o no, pero también saben que, en principio, no están los votos en el Senado para completar el trámite constitucional complejo de designación del quinto miembro.

«Cuando la decisión está afuera, la Corte no presta demasiada atención», señaló una fuente del Palacio de Justicia que conoce la complejidad política-institucional de buscar consenso para un nuevo juez de la Corte.

Solo tres mujeres integraron el Alto Tribunal argentino en toda su historia: Margarita Argúas (1970-1973, designada por la dictadura de Roberto Levingston) y Elena Highton y Carmen Argibay, ambas propuestas por el expresidente Néstor Kirchner en 2004. Highton se desempeño entre 2004 y 2021 y Argibay entre 2005 y 2014, año en el que falleció.

Sin embargo, los cuatro jueces -Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- siguen con mucha atención los indicios que aportan los dirigentes políticos y parlamentarios sobre el reemplazo de Highton, mientras atienden su prioridad central: agilizar la salida de fallos para ordenar y acelerar todo el funcionamiento del sistema de justicia.

La idea que conduce este período bajo la presidencia del santafesino Horacio Rosatti es que la Corte no debe ser una tercera instancia en la Justicia sino un tribunal de control de constitucionalidad que establezca parámetros para que las instancias ordinarias sepan cómo fallar.

Parte de ese objetivo fue la reunión con los representantes de los superiores tribunales de justicia de las provincias que convocó Rosatti el jueves último para establecer «ejes de trabajo conjunto».

Y en la misma línea, la Corte abrió un proceso de refuerzo del Cuerpo Médico Forense, con promociones internas de sus profesionales y la llegada de diez nuevos médicos legistas, para prepararse y adecuarse a los desafíos técnicos crecientes de la criminología.

En el máximo tribunal recuerdan la postulación fallida en 2015 del ahora embajador en Italia, Roberto Carlés, para estimar que el Gobierno no propondrá una candidata que no tenga asegurados los dos tercios de los votos en el Senado.

Las condiciones políticas para que se logre ese apoyo de oficialismo y oposición tienen un plazo largo, las próximas elecciones presidenciales, y uno corto, la consolidación de un nuevo esquema parlamentario. Y en el medio muchas posibles soluciones que dependerán de las circunstancias y la relación de fuerzas entre los principales frentes políticos.