Entre enero y diciembre de 2024, la Argentina registró 294 crímenes por razones de género, según el Observatorio de Violencias Mercedes Pagnutti. Las provincias con las tasas más altas fueron Santa Cruz, Chaco, Jujuy y Chubut.

El informe detalla 284 femicidios, 3 lesbicidios y 7 travesticidios. Estas cifras dejan un saldo devastador: 190 niñas, niños y adolescentes quedaron sin madre.

Perfil de los femicidios en 2024

El análisis revela patrones alarmantes:

• Vínculo con el agresor: El 76% de las víctimas conocía a su asesino.

• Lugares de los hechos:

• 69% ocurrieron en viviendas, ya sea de la víctima, del femicida o del hogar compartido.

• El 42% en el domicilio de la víctima y el 22% en la vivienda que compartía con el agresor.

• Un 11% sucedió en la vía pública o descampados.

• Métodos utilizados:

• 26% con armas blancas.

• 25% con armas de fuego.

• 17% por estrangulamiento.

• 13% por golpes.

• 6,1% por quemaduras.

El informe también clasifica los tipos de femicidios:

• 46% íntimos (parejas o exparejas).

• 13% en contextos de criminalidad.

• 10% familiares.

Impacto de las políticas públicas

Desde el Observatorio, advirtieron que el retroceso en los marcos legales e institucionales desplegados por el Gobierno Nacional afectó las capacidades estatales para prevenir y atender la violencia de género. “Estos datos evidencian el impacto directo en la garantía del derecho de las mujeres, diversidades y niñeces a una vida libre de violencia”, destacaron.

Organismos feministas y de derechos humanos cuestionaron la falta de políticas activas y de presupuesto para la implementación de leyes como la Ley Micaela y la Ley de Protección Integral contra las Violencias por Razones de Género.

Provincias con mayor incidencia

Santa Cruz, Chaco, Jujuy y Chubut lideraron las tasas de femicidios en 2024. Los expertos señalan que la falta de acceso a recursos judiciales y de contención en provincias más aisladas aumenta el riesgo para las mujeres y diversidades.

Una deuda pendiente

Organizaciones feministas reiteraron la necesidad de fortalecer los programas de prevención, asegurar refugios para víctimas y garantizar un acceso ágil a la justicia.

A pocos días de finalizar el año, el país cierra con cifras que exigen una respuesta estatal urgente.