Chaco
El miedo de Cecilia: “Si le pega a la vieja, qué me espera a mí, me va a cagar a trompadas»
Los duros mensajes de la joven a un testigo de identidad reservada y las macabras búsquedas de Seña en internet complican cada vez más al menor del clan en el femicidio.
Los mensajes de Whatsapp que Cecilia Strzyzowski, la joven asesinada en Resistencia, Chaco, le envió a un allegado para contarle que su pareja y uno de los tres acusados de matarla, César Sena, era «violento» y le tenía «miedo», sumados a una serie de búsquedas en Internet que el propio imputado realizó días posteriores para consultar «qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta», son parte de los indicios que llevaron a los investigadores a componer el perfil criminal del menor integrante del clan familiar al que se le atribuye haber matado y hecho desaparecer el cuerpo de la víctima.
Esas evidencias fueron plasmadas en la resolución mediante la cual los integrantes del Equipo Fiscal Especial de Resistencia dictaron ayer las prisiones preventivas de César César Sena (19); su padre, Emerenciano Sena (59), y su madre, Marcela Acuña (51) por «homicidio agravado», y de los colaboradores de ese clan, el chofer José Gustavo Obregón (42), su mujer Fabiana González (36), el casero Gustavo Melgarejo (29), y su pareja Griselda Reinoso (42), por «encubrimiento agravado».
Los fiscales dieron especial relevancia a la declaración aportada el 8 de junio por un testigo de identidad reservada, quien aportó capturas de pantalla de conversaciones que vía Whatsapp había mantenido con Cecilia días antes de su desaparición, en las que ella se refería a su esposo como alguien «violento».
«Estábamos disputando por una pavada y me dijo cerrá el orto y yo me quise bajar de la camioneta me metió de nuevo a fuerza, pero es la primera vez que es violento conmigo y me dio miedo», es una de las transcripciones del chat que figura en el auto de prisión preventiva.
En ese mismo intercambio, la joven de 28 años agregó: «No había nadie cerca (…) por eso me dio miedo también, no había nadie quien pudiera ayudarme o hacer algo (…) Y ahora tengo miedo de eso, si ya cruzó la línea qué dice que no lo vuelva a hacer y esta vez me lastime más me hizo una guillotina y, como tiene mucha fuerza, me lastimó. Dios, me da mucha vergüenza hablar de esto».
En otra conversación aportada por el mismo testigo a los investigadores, la víctima de femicidio reveló que César Sena también era violento con su madre y que debido a sus problemas psiquiátricos estaba medicado.
«No sé, se peleó con la madre y parece que le levantó la mano, no sé, no me contesta y no sé quién le pegó a quién o qué pasó. Sabés que no perdono la violencia, si él le pegó a su mamá no se lo voy a perdonar, porque si le pega a la vieja, qué me espera a mí, me va a cagar a trompadas», comentó Cecilia.
En ese chat, la joven agregó que «era de esperar que reaccione así», en referencia a que César «no está tomando sus pastillas».
El testigo aseguró a los fiscales que Cecilia le había contado que su pareja «se medicaba por los ataques de ira que sufría» e «iba a un terapeuta».
La joven también le contó al testigo en un intercambio que mantuvieron en octubre del año pasado, que su suegra Acuña la odiaba y que debía divorciarse de César «por una cuestión de dinero».
«Pués mi suegra me odia, César no sabe qué hacer y yo me estoy cansando de estar en el medio», dijo sobre la situación familiar que atravesaba tras su casamiento.
Al respecto, el testigo reservado agregó sobre Cecilia: «Me dijo que se tenían que divorciar por una cuestión de la herencia de César», tras lo cual recordó que recibió un mensaje escrito en el que ella le puso «no me importa la plata, es más, no le perdono que vendiera nuestro divorcio, le puso precio a nuestro amor».
En otro chat introducido en la causa, las pesquisas advirtieron el contexto de dependencia emocional y económica en el que se hallaba la joven. «No me di cuenta de que dependo tanto de él hasta hoy, si él se va me quedo sin nada, todo, hasta mi trabajo depende de él, no solo mi vida emocional, el amor que le tengo, los sueños que teníamos juntos».
También los integrantes del EFE, Jorge Cáceres Olivera. Jorge Gómez y Nelia Velázquez, mencionaron como prueba de cargo contra César Sena el hallazgo en su historial de Youtube el 1 de junio pasado -es decir un día antes de la desaparición de Cecilia, la búsqueda de información sobre «cómo luxar un brazo/travesuras del felino y el bolillo».
En tanto, días después, el 4 de junio, reprodujo contenido de esa red titulado «así reaccionaron estos criminales al escuchar su sentencia» y «¿puede un revólver usar silenciador?», mientras que el 5 de junio buscó contenido sobre «qué pasa con el alma del ser querido que muere de forma violenta», «muertes violentas que pasa con el alma», «almas de personas asesinadas», «mente de un asesino» y «un asesino siente remordimiento».
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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