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Chaco

Caso Cecilia: la fiscalía cree en la autoría de César Sena y la querella va por Acuña

Un anónimo en un colectivo sería una de las pruebas valoradas por el Fiscal.

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Uno de los indicios desconocidos hasta el momento y que se sumó a la investigación por el femicidio de Cecilia Strzysowski es el hallazgo, en el respaldo de una butaca de un colectivo, de una nota anónima que reveló que el asesino de la joven era César Sena, que su madre Marcela Acuña lo sabía y que el hecho había ocurrido en la casa de los suegros de la víctima.

«Fiscal, César la mató en la casa de Santa María de Oro. La tiró en algún lugar con ayuda. La sacó en camioneta. La mamá sabe bien. El cuerpo de César revisen!!!», dice el mensaje escrito en un papelito que estaba pegado con cinta en el respaldo de la butaca de un colectivo de la línea 110 y fue hallado por una adolescente de 16 años.

La evidencia -que consta en la resolución de prisión preventiva para los acusados dictada ayer por los fiscales-, fue aportada a la causa por la madre de esa chica.

Efectivos de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas se dirigieron al domicilio de la mujer de 45 años -su identidad se mantendrá a resguardo-, para entrevistarse con ella y obtener la nota, que fue entregada de manera voluntaria.

La mujer explicó que su hija encontró el papel pegado con una cinta adhesiva color blanca al respaldo de una de las butacas del colectivo y que cuando lo despegó, se le cortó una de las puntas.

También relató que su hija desconocía en absoluto la investigación por la desaparición de Cecilia, y que antes de comunicarlo a la Policía, lo consultaron con el padrino de la adolescente, que es un efectivo de la fuerza provincial.

Acuña: ¿le sobran motivos?

Juan Arregín, uno de los abogados que representa a la familia de Cecilia Strzyzowski, aseguró que la querella aún piensa que Marcela Acuña pudo haber participado en forma directa del homicidio porque tenía una motivación y sabía artes marciales, y si bien aseguró que defenderán la prisión preventiva dictada ayer por los fiscales para los siete acusados, aclaro que ellos hubieran mantenido las calificaciones iniciales como partícipes del crimen para los cuatro detenidos externos al clan Sena.

“Nosotros seguimos con la teoría de que la persona que tenía las motivaciones más concretas para sacarla del medio a Cecilia, es Marcela Acuña”, dijo esta mañana Arregín.

El letrado comentó que “la fiscalía duda y parece seguir en esta teoría de primero la organización y la planificación por parte de los tres” (Sena), y que luego “el acto homicida o el ataque” lo concretó “César”.

“Nosotros entendemos que sería Marcela, una cuestión que no es descabellada porque tenemos conocimiento de que sabe de artes marciales, en particular de jiu jitsu brasileño”, señaló.

Luego, explicó que en el caso de los asistentes de los Sena, Gustavo Obregón y su esposa Fabiana González, y del casero del campo Gustavo Melgarejo y su mujer Griselda Reinoso, no están conformes con el cambio de calificación y los hubieran mantenido imputados como partícipes del crimen.

“Desde nuestra perspectiva de acusador particular, entendemos que tal vez sería apresurado ir a la figura del encubrimiento, pero de todos modos eso se puede cambiar de aquí al requerimiento de elevación a juicio, con lo cual no hay mucho que discutir”, afirmó.

En este aspecto, Arregín comentó que en el lugar del campo de los Sena donde Obregón marcó que se calcinó el cadáver de Cecilia, con nafta y un metro y medio de leña de quebracho, pudo haber habido posteriormente otra quema que involucró a Melgarejo y Reinoso.

“Hay otra quema que rodeó y que no sería del mismo momento en el que fueron César y Obregón, con lo cual se refuerza la teoría de que Melgarejo y su mujer iniciaron y reavivaron una segunda o tercera quema de esos elementos”, explicó el abogado.

A su vez, afirmó que aún “faltan muchas pruebas periciales que pueden cambiar el eje de la investigación”, entre las que mencionó “geolocalización, mensajes, llamadas, redes sociales” y manifestó que “falta establecer el cómo se deshicieron del cuerpo”.

“Una cosa es un asesinato y un cuerpo sin vida que es llevado al campo y allí destrozado, y otra cosa es que haya ocurrido esto en la vivienda y que después hayan llevado los restos y hayan incendiado esto en el campo”, manifestó.

Por último, anticipó que ahora se prepararán “para ir a defender junto a los fiscales esta prisión preventiva cuando se la cuestione ante el juez de Garantías o la Cámara”.

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Chaco

Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio

El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.

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El Argentino Diario-Policía de Chaco-Policía-Chaco.
Juicio por el ataque a jóvenes qom en Fontana: ocho de los diez policías acusados nunca dejaron la fuerza.

Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.

Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.

Una irrupción sin orden judicial

Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.

Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.

El daño que constataron las pericias

Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.

Seis años de espera y una pregunta abierta

En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.

El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.

Lo que tenés que saber:

  • Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
  • Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
  • Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
  • Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
  • El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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