Chaco
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: postergaron la selección del jurado popular
El proceso contra el clan Sena avanza entre tensiones políticas y expectativas sociales.
El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven chaqueña desaparecida el 2 de junio de 2023, comenzó este martes en Resistencia con la conformación del jurado popular, pero el proceso se suspendió y pasará a cuarto intermedio hasta el miércoles.
La audiencia se desarrolla en el centro de convenciones Gala de la capital provincial y busca seleccionar a 12 ciudadanos chaqueños, titulares y suplentes, que deberán escuchar las pruebas, analizar los testimonios y dictar un veredicto. Sin embargo, tras una jornada marcada por extensos interrogatorios y planteos de las partes, el tribunal decidió postergar la definición.
Los acusados y las imputaciones
En el banquillo estarán Emerenciano Sena, su esposa Marcela Acuña y su hijo César Sena, quienes llegan al debate oral como los principales acusados.
César, pareja de la víctima, enfrenta cargos por homicidio triplemente agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por alevosía. Sus padres, con fuerte peso en la política social chaqueña, fueron imputados como partícipes primarios.
Además, cuatro colaboradores del clan —Fabiana González, Gustavo Obregón, Gustavo Melgarejo y Griselda Reinoso— están acusados de encubrimiento agravado.
Un caso que sacudió la política chaqueña
El crimen de Cecilia no solo conmocionó al país, sino que también impactó de lleno en la estructura política del Chaco. Emerenciano Sena y Marcela Acuña, históricos referentes piqueteros y aliados en su momento del oficialismo provincial, fueron señalados como parte de un entramado de poder y silencio que permitió su consolidación económica y territorial.
La desaparición y presunto femicidio de la joven —cuyo cuerpo aún no fue hallado— expuso las tensiones entre el movimiento social que lideraban los Sena y los vínculos con funcionarios del entonces gobierno chaqueño.
La instancia del jurado
Durante la selección del jurado popular, las partes —fiscales, querella y defensas— interrogan a los potenciales jurados para descartar prejuicios, afinidades políticas o vínculos personales con los acusados.
El proceso podría extenderse uno o dos días más, y recién entonces el tribunal fijará la fecha exacta para el inicio formal del juicio oral.
Familiares y organizaciones feministas acompañaron la jornada frente al edificio, exigiendo “Justicia por Cecilia” y el reconocimiento pleno de la figura de femicidio agravado.
“Este no es solo un juicio penal, es también una causa social y política. Lo que se decide acá es si el poder puede seguir amparando la violencia machista”, expresó una militante de la colectiva Ni Una Menos Chaco.
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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