Corrientes
Defensa de expareja de periodista asesinada planteará la nulidad de imputación por femicidio
«No hay pruebas suficientes» y que «faltan resultados de informes que son fundamentales», informó Francisco Adaime.
El abogado de la expareja de la periodista Griselda Blanco, único acusado y detenido por el femicidio cometido el pasado sábado en la localidad correntina de Curuzú Cuatiá, dijo hoy que planteará la nulidad de la imputación de Armando Jara, al asegurar que «no hay pruebas suficientes» y que «faltan resultados de informes que son fundamentales».
El letrado Francisco Adaime informó además que en la indagatoria de ayer ante la titular de Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC), María José Barrero Sahagún, Jara se declaró inocente y brindó precisiones de todo lo que hizo ese día, también de las amenazas que recibía Blanco, y además respondió todas las preguntas que le formularon.
A su vez, el abogado mencionó y destacó que en la audiencia estuvieron los hijos de la periodista asesinada y «conversaron con Jara normalmente».
No obstante, en la audiencia de formalización de la imputación en el Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, a cargo de Martín José Vega, que finalizó ayer a última hora, la fiscal Barrero Sahagún imputó a Jara por el delito de «homicidio agravado por la relación de pareja», es decir femicidio.
A su vez, la instructora judicial adelantó que pedirá la prisión preventiva del imputado «dado que cuenta con evidencia suficiente para vincularlo al hecho y por existir riesgo procesal», según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en un comunicado, en el que agregó que «la pesquisa avanza con distintas diligencias científicas cuyo resultado serán oportunamente informados».
Al respecto, el defensor manifestó: «No tenemos los resultados sobre el ADN de los cabellos que se encontraron en la mano de la víctima, del hisopado que le hicieron a Jara, de las cámaras y del trabajo de la Policía Científica en la escena».
«Esto fue muy rápido y no hay elementos suficientes que puedan involucrar a mi defendido en el hecho», cuestionó.
En este sentido, mencionó que la expareja de Blanco «ni siquiera tiene alguna lesión o rasguño, cuando se comprobó que la víctima, que era una persona robusta, se defendió».
Por tal motivo, adelantó Adaime, la defensa realizará un planteo de nulidad respecto de la imputación por femicidio y además, dijo, presentará en la Fiscalía una prueba que será «fundamental».
En tanto, personal de la Policía Federal realizó esta tarde un allanamiento a un domicilio de Curuzú Cuatiá donde fueron secuestrados teléfonos celulares, indicaron fuentes del entorno de la periodista asesinada.
Según precisaron estos informantes, el procedimiento apunta a determinar la supuesta responsabilidad en el hecho de un hombre con quien la víctima habría tenido una relación profesional a través de pauta publicitaria con su programa radial.
Blanco (44) fue hallada estrangulada, con una soga en el cuello, tirada en el piso, con golpes en el rostro y heridas de arma blanca en su casa de la calle Juan Pujol, de Curuzú Cuatiá, la noche del pasado sábado.
La mujer era trabajadora de prensa radial y producía transmisiones en vivo de programas dedicados al periodismo local.
«Nuestra madre no se suicidó, a nuestra madre la mataron. Ella decía verdades que nadie se animaba a decir. La querían ver callada y no pudieron… Hoy fue nuestra madre y mañana puede ser cualquier persona de esta ciudad. Todo va a salir a la luz. Pedimos justicia porque es lo que ella hubiese querido y lo que se merece. Justicia por Griselda Blanco», manifestó en una publicación en las redes sociales uno de sus hijos, Lautaro Cesani.
Es que la periodista curuzucuateña realizó diversas denuncias públicas, entre ellas, contra un comisario de la policía provincial por abuso sexual y también por un caso de mala praxis en el hospital «Dr. Fernando Irastorza», donde murió una amiga, entre otras, y sus allegados aseguraron que «recibía amenazas».
Tras conocerse el crimen, desde la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) exigieron a la Justicia «una investigación transparente para el esclarecimiento urgente del hecho», al igual que desde la Asociación de Periodistas de Corrientes (APC).
A su vez, esta tarde a las 17, en Solís 1158, se llevó a cabo una conferencia de prensa por el crimen de Blanco, convocada por Periodistas Argentinas y Fatpren.
«Más allá del deseo de justicia y que se aclare rápidamente este hecho, hay muchísimas cuestiones que no se pueden dejar afuera que tienen que ver con el trabajo de Griselda como periodista y sus denuncias a diversos sectores de poder de los cuales recibió hostigamiento y amenazas», dijo la periodista Silvia Martínez Cassina durante la conferencia.
En la exposición se reprodujeron unos audios que Blanco le envió a su abogada días antes de ser asesinada y en los que le pidió ayuda: «Yo no tengo miedo pero a mí siempre me están amenazando por informar la verdad, lo único que hago es mi trabajo que es comunicar y siempre con la verdad, pero recibo mucha presión, muchas amenazas».
Según informaron durante la conferencia, la periodista trabajaba con dos celulares y «uno desapareció misteriosamente».
Además las voceras de las organizaciones de periodistas presentes solicitaron que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se constituya como querellante en la causa como garantía para tener un «mayor seguimiento sobre el expediente».
«El rol de Griselda muestra la violencia política y económica que sufrimos las mujeres y las diversidades», en tanto «era una trabajadora precarizada» con un «marco de mayor indefensión frente a estas situaciones», dijo, por su parte, la secretaria General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Carla Gaudensi.
Corrientes
Juicio por Loan: careo entre Caillava y un policía que dijo no recordarla
El tribunal ordenó confrontar a la acusada con el cabo Cristian Espina, de Inteligencia de la Policía Federal, que sostuvo no haber incorporado nunca a un informante en ocho años de servicio. Ninguno cambió su versión; él declaró bajo juramento y ella, como imputada, no tiene esa obligación.
La defensa de María Victoria Caillava buscó instalar en pleno juicio que la acusada colaboraba con fuerzas federales, pero el policía al que apuntó como prueba dijo bajo juramento que no la recordaba. El careo, ordenado por el tribunal, terminó sin que ninguno de los dos modificara su postura.
El cruce se produjo este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde se desarrolla el juicio por la sustracción y el ocultamiento de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en El Algarrobal, un paraje de 9 de Julio. Caillava, exfuncionaria municipal, es una de las siete personas acusadas por esos hechos. El juez Eduardo Ariel Belforte dispuso el careo a pedido de su abogado, Ernesto González, después de que el cabo Cristian Raúl Espina, que en junio de 2024 trabajaba en la Oficina de Inteligencia Criminal de la delegación Goya de la Policía Federal, dijera primero que no conocía a la imputada y más tarde que no la recordaba.
Qué se dijeron frente a frente
Caillava lo saludó por su nombre de pila y le recordó que estaba bajo juramento de decir la verdad. «Quiero que quede en claro que sí me conocés, que fuiste en una moto», le dijo. Aseguró que Espina fue a su casa de 9 de Julio entre 40 y 50 días antes de la desaparición de Loan, de noche, junto a otro agente, ambos de civil y en motos 110; que los recibió en el comedor y que su marido, el también imputado Carlos Pérez, no se enteró de la visita.
Espina respondió que se reunió con «infinidad de gente» en 9 de Julio, incluso por mensajería, porque reunía datos para una investigación junto a Prefectura Naval Argentina, pero insistió en que no recordaba haber estado en la casa de Caillava. Negó además haber viajado en moto desde Goya: «Hay casi 100 kilómetros». Y afirmó que en sus ocho años en Inteligencia Criminal nunca incorporó a una persona como informante.
La estrategia de la defensa apunta a demostrar que Caillava aportaba datos sobre narcomenudeo a fuerzas federales y que su vinculación con el caso Loan podría ser una represalia. El careo no permitió confirmar esa versión. La asimetría es central: el testigo declara bajo juramento y la imputada puede hacerlo sin esa obligación. «Hay que recordar que él estaba bajo juramento de decir la verdad y Caillava, como imputada, no», señalaron voceros de la investigación.
El resto de la audiencia
Declararon efectivos y funcionarios que participaron de las primeras horas de búsqueda. El sargento Juan Amílcar López, de la Policía de Corrientes, contó que rastrilló desde el 13 de junio de 2024 en El Algarrobal por indicación del entonces comisario Walter Maciel, que les dijo que buscaban a un niño extraviado, y que esa tarde circuló por WhatsApp la falsa noticia de que Loan había aparecido. También participó de los allanamientos en las casas de Laudelina Peña y Bernardino Antonio Benítez, y de Daniel Ramírez y Mónica Millapi.
Bruno Lovinson, director de Defensa Civil de Corrientes, dijo que llegó a las 0.40 del viernes 14 de junio con cinco bomberos voluntarios y describió un despliegue con dron con cámara térmica, un equipo aéreo policial y 22 perros de rastreo, que recorrió más de 30.000 hectáreas durante ocho días. Sostuvo que el 21 de junio mantuvieron una conversación con los fiscales porque consideraban evidente que Loan ya no estaba en el área de búsqueda.
La policía Daniela Soledad Segovia ubicó el primer aviso a la comisaría de 9 de Julio alrededor de las 15.30 del 13 de junio. Juan Carlos Monteros, entonces aspirante a cabo, recordó que esa tarde apareció el botín de Loan y que Maciel les ordenó no entrar al monte porque había una pista. Aclaró que no presenció el hallazgo ni llegó a ver el calzado.
El regreso del abogado Codazzi
Durante la mañana, el abogado José Fernández Codazzi ingresó al sector destinado al público y la prensa y las autoridades del tribunal le pidieron que se retirara, algo que hizo sin objeciones. Fue el primer defensor de Benítez y su nombre aparece vinculado a la hipótesis del supuesto atropello de Loan con la camioneta de Pérez y Caillava, la versión que Laudelina Peña declaró en junio de 2024 ante la Justicia provincial y que luego admitió falsa, al sostener que Codazzi la presionó para mantenerla. A fines de octubre fue condenado a tres años y seis meses de prisión por encubrimiento en otra causa, vinculada con la sustracción de un niño de seis años en Corrientes; la sentencia no quedó firme y continúa en libertad.
Un juicio con 17 acusados
El debate comenzó el 16 de junio con 17 imputados: siete por la sustracción y el ocultamiento de Loan y diez por entorpecer la investigación. Loan sigue sin aparecer y la Fiscalía Federal sostiene que fue sustraído de manera planificada. El excomisario Maciel, también acusado, aseguró ante el tribunal que el niño fue atropellado y señaló como responsables directos a Pérez, Caillava y Laudelina Peña. El juicio continúa este jueves 19 con nueve testigos citados.
Lo que tenés que saber
- El tribunal dispuso un careo entre María Victoria Caillava y el cabo de la Policía Federal Cristian Espina, que dijo no recordarla.
- Caillava afirmó que Espina fue a su casa entre 40 y 50 días antes de la desaparición; él lo negó y dijo que nunca incorporó informantes en ocho años.
- La defensa busca probar que la acusada colaboraba con fuerzas federales; el careo no confirmó esa versión.
- El director de Defensa Civil de Corrientes dijo que se rastrillaron más de 30.000 hectáreas en ocho días.
- El abogado José Fernández Codazzi debió retirarse de la sala; tiene una condena no firme por encubrimiento en otra causa.
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