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Chaco

Gobierno chaqueño intervino escuela y fundación creadas por Emerenciano Sena y su esposa

Se ordenó la intervención de una escuela y una fundación creadas por el dirigente social Emerenciano Sena y su esposa, Marcela Acuña, para «asegurar» que los alumnos «sigan en las aulas» y los empleados no pierdan su trabajo y sigan «cobrando sus haberes».

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El Gobierno de Chaco ordenó la intervención de una escuela y una fundación creadas por el dirigente social Emerenciano Sena y su esposa, Marcela Acuña, quienes están detenidos como presuntos partícipes en la desaparición y posible femicidio de Cecilia Strzyzowski, para «asegurar» que los alumnos «sigan en las aulas» y los empleados no pierdan su trabajo y sigan «cobrando sus haberes».

Así lo afirmaron el ministro de Educación provincial, Aldo Lineras, y el director de la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro de Comercio de Chaco, Eduardo Colombo, a la prensa local al señalar que además el equipo de interventores y auditores investiga las transferencias y el desarrollo de los proyectos que realizaba esta fundación.

La gobernación informó que a través de la Resolución 798 del Ministerio de Gobierno y Trabajo procedió hoy a intervenir la Escuela de Pública de Gestión Social (EPGS) 2 del barrio Emerenciano, que brinda educación en los niveles Inicial, Primario, Secundario y de Formación Profesional, y la fundación Doctor Saúl Andrés Acuña.

Ante ello, el inspector Colombo confirmó que los trabajadores de las escuelas, el centro de salud y las obras de construcción de viviendas de ese barrio capitalino «no van a perder su trabajo y seguirán cobrando sus haberes».

En el caso de la intervención a la escuela, el ministro Aldo Lineras indicó que el «objetivo central es asegurar que los 307 niñas y niños del jardín de infantes; los 400 estudiantes de la escuela primaria y los 200 de la escuela secundaria sigan en las aulas y lo hagan en el marco de la normativa vigente para la designación de docentes y la normativa pedagógica».

«El servicio educativo se tiene que mantener porque hay alrededor de 1.000 niñas, niños y jóvenes que dependen de ellos, donde además reciben comedor y refrigerio», explicó.

Lineras remarcó que «se harán los ajustes y revalorizaciones que se necesiten, pero el proyecto educativo tiene que continuar para la comunidad, seguramente con los cambios que están pensando como el de nombre de la escuela y algunas prácticas con las que la comunidad no está de acuerdo».

Además, aclaró que «las escuelas de gestión social no reciben dinero por fuera de la designación de horas que tienen estos establecimientos educativos, establecidos por el Ministerio de Educación» y dijo que el director de la Región Educativa X A, Omar Rojo, será el interventor en la institución.

Por su parte, Colombo aseguró que los interventores asumirán las funciones del presidente, secretario y tesorero de la Fundación, mientras un equipo de auditores investiga las transferencias y el desarrollo de los proyectos que la misma realizaba.

Colombo comentó que el expediente para poder intervenir la fundación vinculada a la familia Sena comenzó la semana pasada, dado que «el jueves 15 de junio se tomó la decisión de intervenir la fundación «Saúl Andrés Acuña», cuyo consejo de administración estaba constituido por el matrimonio Sena y su secretaria».

El director de Personas Jurídicas señaló que esta fundación tenía un carácter social, educativo, de promoción humana y cultural, con un proyecto educativo con todos los niveles, un proyecto de salud y un convenio con el Gobierno Provincial, a través del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP) para la construcción de viviendas.

Consultado sobre las implicancias que tendrá esta intervención, Colombo señaló que los interventores «se van a encargar de tener una relación con el Ministerio de Educación, una relación con el Ministerio de Salud, con el IAFEP y con el banco donde los fondos son transferidos para pagar para el tema de la construcción de las viviendas».

Al frente de la intervención de la fundación fueron designados Mirta Morel y Hernán Knezovich, quienes junto a un equipo de auditores intentarán «ir a fondo» para conocer las transferencias que se hicieron, los montos de dinero que se pagaron y demás cuestiones administrativas.

En este sentido añadió que también se verificarán los balances de la fundación para conocer al detalle todo su accionar y verificar toda la información, dado que el 30 de junio vence el plazo del balance anual.

Chaco

Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio

El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.

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El Argentino Diario-Policía de Chaco-Policía-Chaco.
Juicio por el ataque a jóvenes qom en Fontana: ocho de los diez policías acusados nunca dejaron la fuerza.

Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.

Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.

Una irrupción sin orden judicial

Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.

Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.

El daño que constataron las pericias

Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.

Seis años de espera y una pregunta abierta

En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.

El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.

Lo que tenés que saber:

  • Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
  • Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
  • Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
  • Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
  • El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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