Actualidad
Declara Nestor Soto, el único imputado por el femicidio de Catalina Gutiérrez
El acusado de matar a su amiga en la ciudad de Córdoba, responderá ante la justicia ante un jurado popular.
El fiscal Marcelo Sicardi suprimió el agravante de la alevosía y agregó la figura penal de «criminis causa» a raíz de que considera que el imputado asesinó a Catalina para ocultar los golpes, según explicó el abogado querellante Carlos Hairabedián.
En este sentido, el letrado sostuvo que Sicardi argumentó que Soto «golpeó primero» a Catalina «sin darle muerte», al tiempo que luego, «al advertir las lesiones producidas y «para lograr la impunidad» la estranguló. «Son dos secuencias y eso se llama homicidio criminis causae, matar para asegurarse que la víctima de la golpiza no pueda incriminarlo», describió.
«En parte coincido con la postura del fiscal, pero voy a mantener la alevosía y le agregaré la privación ilegítima de la libertad», añadió. Por otro lado, Marcelo Gutiérrez, padre de Catalina opinó que Soto será condenado a prisión perpetua y lo calificó como un «psicópata».
El arquitecto resaltó que el hombre resaltó que varios testigos, entre ellos amigos en común de la facultad de Catalina y Néstor, describieron al imputado como una persona «tóxica»: «Hay un patrón de comportamiento de este psicópata que se repite constantemente. Todas las chicas sostienen que al principio éramos amigos y después Soto empezaba a reclamar cosas».
«La pericia determinó que no tiene ninguna enfermedad psiquiátrica. Él sabía perfectamente lo que hacía el día que mató a mi hija. Quisieron hacerlo pasar como loco y en un momento la defensa dijo que era gay. Eso es un mamarracho. Ser homosexual no te da derecho a asesinar a nadie», agregó.
Buenos Aires
Ley Ema: qué cambia en las escuelas bonaerenses y por qué Nación sigue sin tratar violencia digital
La Legislatura bonaerense sancionó la Ley Ema, que crea el Programa EMA y obliga a las escuelas públicas y privadas a prevenir y abordar la violencia digital. Santa Fe fue la primera provincia con una ley similar y el proyecto nacional de Mónica Macha no tuvo dictamen en Diputados.
La Legislatura bonaerense sancionó la Ley Ema, que obliga a todas las escuelas de la Provincia, públicas y privadas, a prevenir y actuar ante la violencia digital entre estudiantes. La Cámara de Diputados le dio sanción definitiva el martes 20 de octubre, en su sexta sesión ordinaria del año, al aceptar las modificaciones que había introducido el Senado.
La ley lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps que murió por suicidio el 24 de agosto de 2024, un día después de que un compañero de su escuela difundiera un video íntimo suyo sin su consentimiento. Su madre, Laura Sánchez, impulsó la iniciativa junto a la diputada Mayra Mendoza, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja, y a las organizaciones Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales. Pasaron dos años y dos meses hasta la sanción.
Qué crea la ley
La norma crea el Programa Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos, llamado Programa EMA, destinado a estudiantes, docentes, personal no docente, equipos directivos y familias de escuelas públicas y privadas. También incorpora la formación en ciudadanía digital a la Ley de Educación provincial 13.688, con contenidos transversales y progresivos sobre consentimiento, privacidad, derechos digitales y uso crítico de la tecnología. El objetivo es garantizar el derecho de los estudiantes bonaerenses a una convivencia digital segura.
El texto define como violencia digital las conductas que, mediante tecnologías, puedan causar daños físicos, psicológicos, económicos, patrimoniales, sexuales o morales a niños, niñas y adolescentes. Entre ellas incluye la obtención o difusión sin consentimiento de material íntimo, incluso el producido o editado con inteligencia artificial, el acoso, las amenazas, la extorsión, el control o espionaje de la actividad virtual, los accesos no autorizados a dispositivos o cuentas y la difusión de datos personales. También contempla los discursos de odio misóginos.
Otro eje es la capacitación del personal del sistema educativo, que será obligatoria y continua para docentes, no docentes, equipos de orientación escolar y directivos, con herramientas para detectar a tiempo situaciones de violencia digital y actuar. La ley prevé además la actualización de los protocolos de intervención y un rol específico para las familias, los centros de estudiantes y los referentes juveniles. El texto definitivo se conocerá con su promulgación y publicación en el Boletín Oficial.
Un recorrido con idas y vueltas
El proyecto de Mendoza obtuvo media sanción en Diputados a fines de agosto. El Senado bonaerense, que preside la vicegobernadora Verónica Magario, lo aprobó el 6 de octubre con modificaciones, luego de unificarlo con un proyecto de la senadora Laura Clark, también de Fuerza Patria. Del texto de Mendoza se tomó el enfoque de convivencia digital segura, la ciudadanía digital, la capacitación y los protocolos; del de Clark, la creación del Programa EMA. Esos cambios obligaron a una nueva votación en Diputados.
Cuando el proyecto obtuvo la media sanción, Mendoza apuntó contra La Libertad Avanza: denunció que sus integrantes en la Comisión de Educación votaron en contra y rechazaron el dictamen necesario para avanzar con la ley. “Es lamentable que algunos contraten granjas de trolls”, dijo la legisladora, en referencia a quienes alimentan la violencia digital. En esa sesión también citó un dato de UNICEF: el 61% de los niños, niñas y adolescentes de América Latina manifestó haber sufrido alguna violencia a partir del uso de pantallas, incluidos los grupos de WhatsApp.
Santa Fe abrió el camino y la ley nacional no avanzó
Buenos Aires llega después de Santa Fe, que el 30 de julio se convirtió en la primera provincia en sancionar una ley específica contra la violencia digital en las escuelas, a partir de un proyecto de la diputada provincial Celia Arena. Esa norma alcanza a todos los establecimientos educativos, estatales y privados, y se elaboró en consonancia con el proyecto nacional de Mónica Macha, hoy senadora bonaerense, junto a Laura Sánchez y organizaciones que publicaron la Guía Ema.
Ese proyecto nacional, que crea un programa nacional de prevención e invita a las provincias a adherir, no había obtenido dictamen en la Cámara de Diputados de la Nación a fines de julio. El marco nacional vigente es la Ley Olimpia (27.736), sancionada en 2023, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género. Según las fuentes consultadas, no existe una ley nacional específica para el ámbito escolar.
Del dolor a la política pública
Mendoza celebró la sanción en sus redes con un “¡TENEMOS LEY EMA!” y la definió como el fruto del trabajo de Laura Sánchez, “la mamá de Ema, que convirtió su dolor en lucha”. Sánchez había anticipado semanas atrás, al celebrar la unificación de los proyectos en el Senado, que “seguro a fin de año” tendrían la ley.
La Ley Ema desplaza el eje del problema: la violencia digital deja de ser un asunto que cada familia o cada equipo directivo resuelve como puede y pasa a ser una responsabilidad del sistema educativo. El desafío que queda abierto es la implementación: la ley sirve si llega a cada escuela con capacitación y recursos, algo que recién se verá en la reglamentación.
Lo que tenés que saber:
- Diputados bonaerense sancionó la Ley Ema el martes 20 de octubre, al aceptar los cambios del Senado.
- La ley crea el Programa EMA para escuelas públicas y privadas e incorpora la ciudadanía digital a la Ley de Educación 13.688.
- Incluye como violencia digital la difusión sin consentimiento de material íntimo, también el creado con inteligencia artificial.
- Establece capacitación obligatoria y continua para docentes, no docentes, equipos de orientación y directivos.
- Santa Fe fue la primera provincia en sancionar una ley específica, el 30 de julio.
Si vos o alguien cercano atraviesa una situación de crisis, podés comunicarte con el Centro de Asistencia al Suicida: la línea 135 es gratuita desde la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, y el (011) 5275-1135 funciona desde todo el país.
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