Chaco
La madre y la hermana de Cecilia Strzyzowski se van de Chaco
Tanto Ángela Strzyzowski como Gloria Romero, madre de Cecilia, viven con custodia policial desde el momento de la desaparición de la joven.
La madre y la hermana de Cecilia Strzyzowski, asesinada en junio pasado, dejarán la provincia de Chaco en las próximas horas. Así lo comunicó, Ángela Strzyzowski, de 26 años, quien contó que se va de la provincia por trabajo y por tiempo indefinido y que su madre se va con ella al menos por un mes.
«Me voy de Chaco para llevarme a mi mamá. No quiero que se quede acá. Está con un nivel de exposición muy alto y hay muchas personas que la insultan y la acosan en las redes sociales. No quiero que esté expuesta a todo eso y la única manera de protegerla es llevándomela», comentó la joven que es médica, y aseguró que la decisión de irse en estos días «no tuvo nada que ver» con las elecciones del próximo domingo.
Y agregó: «es una oportunidad de trabajo que decidí aprovechar, básicamente, por una cuestión económica. Me voy por tiempo indefinido. Mi mamá viene conmigo el primer mes».
Tanto Ángela Strzyzowski como Gloria Romero, madre de Cecilia, viven con custodia policial desde la desaparición de la joven, cuyo cuerpo aún no fue encontrado y no quieren develar el lugar al que se mudarán.
En agosto pasado, el Gobierno de la provincia de Chaco, querellante en la causa que investiga el femicidio de Cecilia, ratificó el pedido de mantenimiento de la prisión preventiva de todos los acusados.
Fue con una prueba de ADN, que se pudo determinar que había sangre de Cecilia en varios elementos que estaban en el interior de la casa del matrimonio Sena, donde la joven ingresó el 2 de junio, pero nunca se la vio salir.
Según la Justicia, fue asesinada por el matrimonio y su hijo, y luego, César Sena con la colaboración de Gustavo Obregón la trasladaron en una camioneta a un campo de la familia e incineraron el cuerpo.
Está previsto que el juicio se realice con un jurado popular y podría llevarse a cabo en 2024.
Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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