Por Néstor Llidó

Luego de ordenarse un segundo juicio por el femicidio de Anahí Benítez, la adolescente secuestrada, drogada, violada y estrangulada en agosto de 2017 en la reserva natural de Lomas de Zamora, en la próxima semana se iniciarán los alegatos de este nuevo debate. En esta nueva instancia, la defensa de uno de los dos acusados insistirá en que el hombre fue víctima de una “causa armada”, donde las pruebas fueron “direccionadas” para culparlo, con la cuestionada actuación de un adiestrador canino y hasta la intervención “política” de agentes de los servicios de inteligencia.

El miércoles 19 de abril, ante el Tribunal Oral Criminal Nro. 7 de Lomas de Zamora será el turno de alegar de la fiscal Mariana Monti y de los abogados Guillermo Bernard Krizan y Fernando Herrera que representan a la familia de Anahí Benítez y luego, en la jornada del martes 25, lo harán el defensor oficial del imputado Marcelo Villalba y del letrado Manuel Garrido, quien sostendrá la inocencia del otro acusado, Marcos Bazán, quien fuera condenado a prisión perpetua en ese primer juicio que resultara anulado, al considerarse que se había efectuado una errónea valoración de la prueba.

Durante las recientes audiencias, muchos de los testimonios giraron en torno a señalar las irregularidades registradas en la investigación, sobre todo en las pruebas que derivaron en la imputación contra Bazán. Entre ellas la pericia del adiestrador canino Diego Tula que resultó clave para un fallo, luego desestimado y que dio paso al nuevo juicio, donde el crimen de Anahí Benítez corre serio riesgo de quedar impune.

“Un fraude canino”

“Cuatro de los peritos que declararon en el segundo juicio demostraron que el perro Bruno que señaló la casa de Bazán como el lugar del asesinato fue manipulado, en lo que se califica como un fraude canino. Uno de ellos fue el especialista en rastreo con perros Jeff Schettler que declaró desde Estados Unidos y fue contundente en su apreciación. Entre otros cuestionamientos a esa prueba, como una filmación que también resultó adulterada. Acá hay una persona inocente, que pasó cinco años en la cárcel, víctima de una causa armada para brindar protección a los verdaderos responsables”, contó a EL ARGENTINO el abogado Manuel Garrido, quien como representante de la organización no gubernamental Innocent Project, tomó intervención en la causa en 2022.

Con la expectativa de lograr la absolución, el letrado que logró que Marcos Bazán fuera excarcelado, sostiene que “este nuevo juicio vino a demostrar que no existen pruebas para acusarlo del homicidio y ni siquiera del encubrimiento como se pretende. Se lo acusa por el simple hecho de tener que encontrar a un sospechoso que viviera en la reserva natural Santa Catalina, pero en ese momento, ante la repercusión pública del caso, se necesitaba detener, acusar a alguien y luego se montó todo, a partir de esa pericia irregular del adiestrador canino, que ya quedó totalmente desacreditada”.

La mano de “los servicios”

Otro elemento que surgió en este juicio Anahí Benítez II fue la “participación” de personal de la AFI durante la instrucción del caso, en esos días en que la adolescente permaneció desaparecida hasta que se halló su cadáver semienterrado. La defensa de Marcos Bazán reprodujo una serie de audios en el debate, donde gente de los servicios de inteligencia tomó contacto con los familiares de la víctima e intervino en la investigación que llevaban adelante las fiscales Fabiola Juanetey y Verónica Pérez.

Es que en aquellas jornadas de “búsqueda” de la adolescente, la movilización popular generó que el gobierno bonaerense, a cargo de María Eugenia Vidal y con su entonces ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, solicitara colaboración a la administración macrista y de allí la intervención de agentes de la AFI, que estarían vinculados a la posterior detención de un “inocente”, a los efectos de calmar la situación ante la opinión pública.

También ha surgido una pista sobre el o los autores del femicidio, no profundizada de manera sospechosa en la primera instancia, que refiere a la banda del Gordo Mani, un sujeto relacionado con actividades delictivas en la localidad de Parque Barón, esa barriada de Lomas de Zamora donde vivía Anahí Benítez con su familia.

Esa investigación que tramita en una causa paralela al crimen de la chica no ha logrado avanzar, pese a que entre los miembros de la banda se menciona a un hermano de Marcelo Villalba, el otro imputado en el caso, que por cuestiones de salud mental, podría ser declarado nuevamente como inimputable, tal como ocurriera cuando quedó al margen del primer debate.

“Soy inocente, me arruinaron la vida”

“Soy inocente, me armaron una causa que me arruinó la vida. Me acusaron de asesino y me destrozaron, pensé que en libertad iba a volver a la normalidad pero no puedo porque sigo siendo señalado. Es muy tremendo lo que le pasó a Anahí, a su familia y quiero que se sepa la verdad”, afirmó Marcos Bazán, que está volviendo a ser juzgado por el femicidio de la adolescente, luego de una condena a prisión perpetua por el hecho que resultara anulada, tras la apelación de su defensa.

Ahora es asistido en el segundo debate por el abogado Manuel Garrido, representante de Innocent Project Argentina, la organización que ha venido denunciando que Bazán en víctima de una “causa armada”, acompañando el reclamo de amigos y familiares de este hombre de 39 años, quien estuvo cinco años preso cumpliendo un fallo, que fuera desestimado, pero continuó ligado a la causa, aunque excarcelado.

“Bazán padeció el encierro injustamente, siempre estuvo dispuesto para cooperar con la investigación. Tal como lo declaró desde el principio, cuando Anahí desapareció estaba trabajando y cuando volvió a su casa, en la reserva natural Santa Catalina, la Policía lo apretó para que incriminara a sus amigos que nada tenían que ver a cambio de ser liberado. Quedó preso y luego con la prueba manipulada del adiestrador de perros Diego Tula, lo terminaron condenando a perpetua. Un inocente víctima de una causa armada”, afirmó Garrido.