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Chaco

Encontraron mensaje oculto para César Sena en una cárcel

El procedimiento que se conoció hoy fue efectuado el viernes de la semana pasada en el Complejo Penitenciario I de Resistencia, donde permanece detenido César Sena.

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Un mensaje oculto realizado en una hoja con bolígrafo sin tinta y un comprobante bancario por un millón de pesos, transferidos el año pasado por la fundación de Emerenciano Sena y Marcela Acuña, detenidos por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años desaparecida desde el 2 de junio en Resistencia, Chaco, fueron secuestrados en la cárcel donde está alojado el hijo del matrimonio, informaron hoy fuentes judiciales.

El procedimiento que se conoció hoy fue efectuado el viernes de la semana pasada en el Complejo Penitenciario I de Resistencia, donde permanece detenido César Sena, el esposo de Cecilia, quien está acusado por la Justicia de ser el autor del «femicidio» de la joven de 28 años.

Según las fuentes judiciales, el pasado viernes llegó al penal Mariano Sena, hermano de César, para llevarle alimentos y elementos de higiene personales.

Sin embargo, en una requisa de rutina, el personal penitenciario encontró entre las pertenencias que estaba llevando el hombre, una hoja rayada escrita aparentemente con bolígrafo sin tinta, por lo que sospechan que era un mensaje oculto dirigido al detenido.

Además, los penitenciarios hallaron un comprobante bancario, procedente del Nuevo Banco del Chaco con fecha del 17 de octubre de 2022.

Según lo informado por el jefe de la cárcel al Equipo Fiscal Especial (EFE), ese día hubo una extracción de dinero de la Fundación Saúl Andrés Acuña que tenía como destinatario un hombre llamado Marcelino Barrios, quien se dedica a la venta de elementos para la construcción.

«Consultado con el interno en cuestión, el mismo aduce no tener conocimiento de que la escritura y comprobante se encontraban allí», expresó en el informe entregado a los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez.

Ahora, el EFE investigará el contenido de lo escrito en esa hoja y el motivo por el que el hermano llevó ese ticket a la cárcel.

En las últimas horas, Marcela Acuña nombró como defensora a la abogada Rocío de Jesús Ramírez.

Esa letrada y Ricardo Osuna, representante de Emerenciano, pidieron reprogramar las audiencias de oposición a la prisión preventiva dictada por los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez, que iban a realizarse esta semana ante el juez de garantías Héctor Sandoval.

De esta manera, el magistrado cambió la fecha de las audiencias para el 2 y 3 de agosto a las 9 de la mañana.

En tanto, los abogados Juan Arregín y Gustavo Briend, representantes de Gloria Romero, madre de Cecilia, pidieron una medida cautelar de inhibición general de bienes ante la fiscalía de investigaciones.

Los letrados requirieron un informe de bienes inmuebles, automotores, motovehículos y lanchas a nombre de los imputados, dado que Gloria formalizará una Acción Civil resarcitoria.

«La información requerida permitirá asegurar el cobro del crédito que se reclamará, en concepto de daños, perjuicios daño moral y toda otra indemnización que se solicite», indicaron en el escrito.

Arregín dijo a Télam que la madre de Cecilia quiere «regalarle a Resistencia un hospital veterinario y a Angela (su otra hija) un refugio para mujeres víctimas de violencia».

Finalmente, los abogados solicitaron que Gendarmería Nacional extienda el área de custodia de la mujer «en todo el territorio nacional», debido a que el lunes participará de una marcha en la Casa de Chaco, en la Ciudad de Buenos Aires, y luego viajará a «varios puntos del país».

Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del 2 de junio último, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso en compañía de su marido a la casa de sus suegros, situada en la calle Santa María de Oro 1460, de Resistencia.

Según la resolución de los fiscales, Cecilia fue asesinada entre las 12.13 y las 13.01 en una de las habitaciones de la casa aparentemente por estrangulamiento en momentos en que se hallaba junto a César, Emerenciano y Acuña.

De acuerdo con la acusación, su cuerpo fue luego trasladado por César Sena y un colaborador de la familia, Gustavo Obregón, envuelto en una frazada y a bordo de una camioneta hasta la chanchería propiedad de los principales imputados, donde fue calcinada.

Finalmente, se cree que sus restos fueron esparcidos en distintos sectores de ese predio, junto a una de las márgenes del Río Tragadero, donde tiempo atrás se encontraron restos de huesos humanos y el viernes pasado otros fragmentos óseos que debe determinarse aún de qué son.

Además de los tres integrantes del denominado clan Sena, por el caso permanecen con prisión preventiva Obregón y su esposa Fabiana González (ambos asistentes de los Sena) y Gustavo Melgarejo y su mujer Griselda Reinoso (caseros de la familia), quienes están acusados de encubrimiento agravado.

Chaco

Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio

El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.

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El Argentino Diario-Policía de Chaco-Policía-Chaco.
Juicio por el ataque a jóvenes qom en Fontana: ocho de los diez policías acusados nunca dejaron la fuerza.

Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.

Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.

Una irrupción sin orden judicial

Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.

Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.

El daño que constataron las pericias

Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.

Seis años de espera y una pregunta abierta

En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.

El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.

Lo que tenés que saber:

  • Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
  • Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
  • Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
  • Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
  • El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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