Chaco
Cuarto intermedio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: cambio de defensores
Sena hijo está acusado del «homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas» y apeló su prisión preventiva, al igual que los cuatro acusados del «encubrimiento agravado» del crimen de Cecilia, Gustavo Obregón, Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo.
La Cámara del Crimen de Resistencia apartó este miércoles al abogado Ricardo Osuna de la defensa de César Sena y dispuso un cuarto intermedio hasta el 15 de agosto próximo para que otro letrado se haga cargo de su representación en la audiencia de apelación de la prisión preventiva por el homicidio triplemente agravado de Cecilia Strzyzowski por el que está acusado.
Fuentes judiciales informaron que, al reanudarse hoy las audiencias de apelación ante la Cámara, los magistrados hicieron lugar al planteo del Equipo Fiscal Especial para que Osuna no siga representando al menor de los Sena debido a que existen intereses contrapuestos entre él y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, detenidos en la misma causa y patrocinados por el mismo letrado.
Por ende, tras esta resolución, los camaristas le asignaron a César Sena dos defensoras oficiales y dispusieron un cuarto intermedio hasta las 8 de la mañana del 15 de este mes para que puedan prepararse y formular los argumentos de apelación a la prisión preventiva del imputado, añadieron los voceros.
Sena hijo está acusado del «homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas» y apeló su prisión preventiva, al igual que los cuatro acusados del «encubrimiento agravado» del crimen de Cecilia, Gustavo Obregón, Fabiana González, Griselda Reinoso y Gustavo Melgarejo.
A diferencia de Acuña y Emerenciano Sena, que cuestionaron sus prisiones preventivas mediante un planteo de oposición ante el juez de Garantías, los restantes apelaron a Cámara a través de sus abogados: Osuna -ahora apartado de esa defensa- y Héctor Geijo, Daniela Meiriño y Ernesto Azcona por los demás.
La semana pasada, el juez de Garantías de la causa, Héctor Sandoval, rechazó las oposiciones planteadas por el matrimonio Sena, que por ende permanecerá detenido.Por el momento, Emerenciano Senado permanece alojado en una celda de la comisaría 3a. de Resistencia, mientras que Acuña está en la seccional 6a. de la capital provincial, aunque se encuentran a disposición del Servicio Penitenciario de Chaco, que podría decidir su traslado a algún penal si encuentran disponibilidad.
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Chaco
Juzgan a 10 policías de Chaco por atacar a jóvenes qom; ocho siguen en servicio
El juicio oral por la irrupción ilegal en una vivienda del barrio Banderas Argentinas y los malos tratos posteriores contra cuatro jóvenes comenzó a principios de octubre y se prevé que termine a mediados de noviembre. A seis años de los hechos, las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
Ocho de los diez policías de Chaco que son juzgados por el ataque a jóvenes de la comunidad qom en Fontana nunca dejaron sus cargos. Así lo explicó Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, quien precisó que solo dos de los imputados no cumplen funciones en la fuerza y que el resto continúa dentro de la Policía provincial.
Los diez efectivos de la Policía de Chaco son juzgados por la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia por los hechos ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020, en el barrio Banderas Argentinas de la localidad de Fontana. Las acusaciones están vinculadas al “uso ilegítimo de la fuerza” y a la detención arbitraria de cuatro jóvenes, entre ellos una adolescente. El debate oral comenzó a principios de octubre y se prevé que finalice a mediados de noviembre.
Una irrupción sin orden judicial
Según la acusación, los efectivos ingresaron a la vivienda de las víctimas de forma violenta y sin orden judicial, con forcejeos, empujones, golpes de puño, patadas y armas de fuego. Garone indicó que esa madrugada los policías entraron sin orden de allanamiento a tres domicilios del barrio y se llevaron detenidos a los cuatro jóvenes, mientras los insultaban y hacían referencia a su pertenencia a una comunidad indígena. Amnistía admitió que, hasta el momento, no se conocen los motivos que esgrimieron los efectivos para justificar el ingreso.
Ya detenidos, de acuerdo con la denuncia, los policías continuaron con torturas y malos tratos que las cámaras de la comisaría captaron de manera parcial y que dejaron heridas graves en los jóvenes.
El daño que constataron las pericias
Amnistía realizó en 2021 una misión en Fontana, donde mantuvo extensas entrevistas con la familia Saravia, recogió testimonios y documentó el caso. Garone sostuvo que la afectación fue determinante en cada uno de los jóvenes detenidos. Las pericias psicológicas de la Oficina de Servicio Social del Poder Judicial de Chaco arrojaron conclusiones unánimes: todas las víctimas sufrían estrés postraumático. Por ese motivo, las psicólogas determinaron que debían recibir tratamiento psicológico como consecuencia de lo que la organización define como graves hechos de violencia institucional.
Seis años de espera y una pregunta abierta
En 2022, Amnistía Internacional Argentina se presentó como amicus curiae en el proceso y remarcó que es “obligación del Estado” prevenir, investigar y sancionar de manera apropiada la tortura y el abuso físico y psicológico denunciados, con un “especial ensañamiento” por la pertenencia de las víctimas a la comunidad qom.
El juicio llega seis años después de los hechos. Según informó la prensa local, una de las acusadas había sido ascendida por el gobernador Leandro Zdero en 2025, cuando ya estaba vinculada a la causa, y enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal. Rige la presunción de inocencia para los diez imputados y será el tribunal el que determine las responsabilidades. Aun así, que ocho de los diez acusados sigan en funciones, y que una de ellas haya sido promovida, deja expuesta una pregunta incómoda sobre la respuesta institucional que recibió una causa de violencia contra un pueblo originario.
Lo que tenés que saber:
- Diez policías de Chaco son juzgados en Resistencia por los hechos del 31 de mayo de 2020 en Fontana.
- Según Amnistía Internacional, solo dos de los diez imputados no cumplen funciones en la fuerza.
- Las víctimas son cuatro jóvenes de la comunidad qom, entre ellos una adolescente.
- Las pericias psicológicas del Poder Judicial de Chaco determinaron que todas las víctimas sufrían estrés postraumático.
- El debate comenzó a principios de octubre y se prevé que concluya a mediados de noviembre.
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