Un fallo de primera instancia que solo aplica a un caso concreto encendió la mecha de una ofensiva judicial sin precedentes inmediatos contra la magistratura porteña. El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, anunció esta mañana que presentará a título personal un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura porteño contra la jueza Laura Beatriz De Marinis, quien el domingo declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado por robo en grado de tentativa.

Tapia, funcionario del gobierno del jefe de Gobierno Jorge Macri, aclaró que el pedido de jury será a título personal y no como acto institucional del Ministerio de Justicia porteño. La jueza De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, es la segunda magistrada en declarar inconstitucional la Ley 27.801, el Régimen Penal Juvenil impulsado por el gobierno de Javier Milei que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años.

«Los jueces no están para interpretar la ley»

En declaraciones radiales a radio Mitre, Tapia no escatimó en dureza. «Estamos indignados porque este tipo de fallos ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo, que se hizo en el Congreso Nacional, que bajó la edad de imputabilidad para que aquel que no cumple la ley tenga sus consecuencias», expresó el ministro porteño. La declaración revela una concepción del rol de la magistratura que, paradójicamente, es la que más debate jurídico genera: el funcionario sostuvo que «los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores», una afirmación que contradice la doctrina constitucional dominante, según la cual el control de constitucionalidad es precisamente una potestad inherente del Poder Judicial.

Tapia anunció que «va a estar presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete» si la magistrada «cumplió o no con su tarea». El ministro también advirtió: «Así como trabajamos para que el delincuente o aquel que incumpla la norma tenga sus consecuencias, también, si hay algún juez que no está cumpliendo o aplicando la norma y se dedica a interpretarla, vamos a trabajar para que tenga sus consecuencias».

Un fallo acotado que el oficialismo convierte en batalla política

Con todo, el propio Tapia reconoció los límites reales del fallo: «Es un fallo de primera instancia que se aplica primero y principal a este único caso, es decir, que la ley está vigente en la Ciudad», aclaró el funcionario, descartando que la decisión judicial haya suspendido la vigencia del Régimen Penal Juvenil en el territorio porteño. Sin embargo, esa aclaración no amortiguó la magnitud de la respuesta política. El día anterior, el propio Macri había calificado la sentencia como «manchada de sangre» e instruyó al ministerio de Justicia para avanzar en el juicio político, lo que llevó a que Tapia tomara ahora la iniciativa a título personal como paso procesalmente válido.

El pronunciamiento de De Marinis «ningunea un debate que se dio en el Congreso», según Tapia. Pero la lectura opuesta también tiene respaldo institucional: la constitucionalidad de una ley no se agota en el debate parlamentario, y es la Justicia la que, en cada caso concreto, tiene la última palabra sobre su conformidad con la Constitución Nacional. La ofensiva del ejecutivo porteño contra una jueza por ejercer ese control constitucional abre un debate sobre los límites entre la crítica legítima a las decisiones judiciales y la presión indebida sobre la independencia del Poder Judicial.

El contexto: una ley resistida desde los tribunales

El caso De Marinis no es aislado. Meses atrás, la jueza Marta Elba Pascual del fuero de Lomas de Zamora había suspendido por 60 días la aplicación de la misma ley en el ámbito bonaerense, lo que desencadenó un pedido de juicio político promovido por La Libertad Avanza en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires. La reiteración de estos cuestionamientos judiciales a la norma muestra que las objeciones de constitucionalidad no provienen de un sector ideológico aislado, sino de magistrados de distintas jurisdicciones que encuentran inconsistencias entre la ley y la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales con jerarquía constitucional.

El Régimen Penal Juvenil, sancionado como parte del paquete de reformas de seguridad de la gestión Milei, fue cuestionado desde su origen por organizaciones de derechos humanos, colegios de abogados y especialistas en derecho de la infancia, quienes advirtieron que vulnera estándares internacionales que obligan al Estado argentino a tratar a los menores de 16 años como sujetos no punibles. La reacción del gobierno porteño, en lugar de aguardar la resolución de instancias superiores, elige el camino de la presión sobre las magistradas que dictan esos fallos.

Lo que tenés que saber

• El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, anunció que pedirá el juicio político de la jueza De Marinis a título personal ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
• El fallo de De Marinis declaró inconstitucional el Régimen Penal Juvenil en un caso concreto, pero no suspendió la vigencia de la ley en la Ciudad de Buenos Aires.
• Tapia sostuvo que «los jueces no están para interpretar la ley», una postura que contradice el principio constitucional del control judicial de constitucionalidad.
• Es la segunda magistrada en declarar la inconstitucionalidad de la Ley 27.801: antes lo había hecho la jueza Marta Pascual en la provincia de Buenos Aires.
• El oficialismo porteño eligió la vía del jury en lugar de esperar la resolución de instancias judiciales superiores.