CABA
Marcha del Orgullo: la comunidad LGBTIQ+ le ganó la pulseada a Jorge Macri
El Gobierno porteño pretendía correr la movilización al 21 de noviembre por la llegada del papa León XIV. La Comisión Organizadora se negó, le escribió a Jorge Macri y sostuvo la fecha: la marcha será el sábado 7 de noviembre.
La Marcha del Orgullo se hará el sábado 7 de noviembre, tal como estaba previsto, y no el 21 como pretendía la administración porteña. La firmeza de las organizaciones de la diversidad logró que un derecho conquistado en las calles no quedara relegado frente a la agenda oficial.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, y la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo anunciaron un acuerdo que mantiene la fecha original de la movilización y, al mismo tiempo, permite coordinar el operativo por la visita del papa León XIV, que estará en Buenos Aires a partir del 8 de noviembre.
El pedido porteño y la negativa de las organizaciones
La gestión de Jorge Macri había solicitado modificar la fecha con el argumento de que necesitaba disponer de fuerzas de seguridad y servicios para recibir a la comitiva papal. Como alternativa, ofreció trasladar la marcha al 21 de noviembre y garantizar la logística necesaria en ese momento.
La Comisión Organizadora rechazó la propuesta desde el primer momento y ratificó la convocatoria para el 7 de noviembre. Las organizaciones incluso le dirigieron una carta al jefe de Gobierno porteño para dejar asentada su postura. Tras varios días de negociación, fue la Ciudad la que terminó aceptando la fecha que el colectivo nunca estuvo dispuesto a resignar.
«Sin resignar derechos»
A través de sus redes sociales, la Comisión Organizadora celebró el entendimiento: «Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas. Gracias a esa capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la visita del Papa y garantizar las condiciones necesarias para su realización».
Y remarcó el punto central del conflicto: «El diálogo, la organización y una voluntad política compartida demostraron que, trabajando juntos, era posible garantizar ambos acontecimientos sin resignar derechos».
Minutos después, el Gobierno porteño difundió su propio comunicado: «Desde el Gobierno de la Ciudad trabajamos junto a las organizaciones que integran la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo para encontrar una solución que permita realizarla y, al mismo tiempo, llevar adelante el operativo previsto por la visita del Papa. El diálogo, la coordinación y la buena voluntad de todos hicieron posible este acuerdo».
Una fecha que no es un trámite
El intento de correr la marcha no es un detalle logístico menor. Para el movimiento LGBTIQ+, la Marcha del Orgullo es una expresión política de visibilidad y reclamo, no un evento que pueda moverse en el calendario según la conveniencia del poder de turno. Que la Ciudad haya priorizado de entrada el operativo papal por sobre una movilización histórica expuso una jerarquía de agendas que las organizaciones se negaron a convalidar.
El contexto nacional agrega peso a la disputa. En febrero de 2025, cientos de miles de personas se movilizaron en la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista, en respuesta al discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos contra lo que llamó la ideología de género. En un clima de discursos de odio promovidos desde la cúpula del poder, defender la fecha y el espacio público del Orgullo es también defender derechos.
El recorrido
Como en cada edición, la movilización atravesará puntos emblemáticos del centro porteño: el Obelisco, la Avenida de Mayo y el Congreso de la Nación. Las organizaciones esperan una convocatoria masiva.
Lo que tenés que saber:
- La Marcha del Orgullo se realizará el sábado 7 de noviembre, su fecha original.
- El Gobierno porteño había propuesto pasarla al 21 de noviembre por el operativo de la visita del papa León XIV.
- La Comisión Organizadora rechazó el cambio y envió una carta a Jorge Macri.
- Ambas partes anunciaron un acuerdo para compatibilizar la marcha con el operativo papal.
- El recorrido incluirá el Obelisco, la Avenida de Mayo y el Congreso.
CABA
Sentada en el Mariano Acosta: la policía llegó y crece la alarma por el Protocolo de Macri
El Gobierno porteño aprobó una resolución que obliga a las escuelas a denunciar posibles delitos desde los 14 años. Gremios docentes advierten sobre la criminalización de adolescentes, mientras estudiantes del Mariano Acosta reclaman por ESI, salud mental y el boleto estudiantil.
El Centro de Estudiantes del Mariano Acosta (CESMA) realizó una sentada con clases abiertas y exigió que la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel, escuche sus demandas. Según informó Indymedia Argentina, el reclamo incluyó la falta de ESI, el rechazo a la reforma «BA Aprende», el régimen de faltas que pone en riesgo el boleto estudiantil y la falta de financiamiento en salud mental.
Durante la jornada se acercó personal de la Policía de la Ciudad al colegio, por una supuesta denuncia vecinal por ruidos molestos. Las autoridades no permitieron el ingreso e informaron que se dictaban clases con normalidad.

El episodio ocurrió semanas después de que el Gobierno de Jorge Macri aprobara, el 25 de septiembre, una resolución conjunta de los ministerios de Educación, Justicia y Seguridad y del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La norma fija un procedimiento para las escuelas tras la entrada en vigencia, el 5 de septiembre, del nuevo Régimen Penal Juvenil. Esa Ley nacional bajó de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La resolución establece que las autoridades escolares “deben denunciar los hechos que pudieran constituir delitos de acción pública, sin investigar ni calificarlos jurídicamente”.También regula cuándo puede intervenir la policía: “por un llamado al 911 de la propia escuela, por orden judicial escrita o ante riesgo para la vida o la integridad física”. La denuncia vecinal por ruidos no figura entre esos supuestos.
Los gremios docentes porteños rechazaron el protocolo. La UTE cuestionó que las escuelas se conviertan en «puertas de entrada al sistema penal» y advirtió sobre la estigmatización de niñas, niños y adolescentes. Los sindicatos reclamaron además políticas de inclusión, salud, vivienda y trabajo para los barrios populares. El escenario se completa con los reclamos por el presupuesto educativo y con la respuesta policial a una protesta estudiantil.

Mientras el Gobierno nacional vende la baja de punibilidad como el “fin de la impunidad”, la Ley también encontró resistencia judicial: una jueza de la Ciudad la declaró inconstitucional en un caso puntual y otra, en la Provincia, suspendió su aplicación por 60 días.
El Ministerio de Educación porteño no se pronunció sobre los reclamos del CESMA ni sobre la presencia policial.
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